Desde los 1.100 millones de euros del BCE hasta las provisiones de liquidez de 1.500 millones de dólares de la Reserva Federal, hasta las respuestas fiscales favorables a las empresas en todo el mundo que proporcionan un alivio del crecimiento de 0.5-1.2pp según el país, el objetivo ha sido capear la crisis de flujo de efectivo y evitar una crisis de liquidez más severa. 

Sin embargo, el coste de la contención podría equivaler a un shock del 20-30% para cada economía durante un mes.

Los gobiernos se han centrado en mitigar la gravedad de la crisis de flujo de caja, evitando una crisis de liquidez más severa. Las políticas fiscales se diseñaron para: (i) aliviar las presiones de flujo de caja de las empresas a través de líneas de crédito y garantías públicas, así como el aplazamiento de gastos (impuestos, intereses, servicios públicos, etc.) y (ii) apoyar los ingresos del hogar fortaleciendo las ayudas. 

En los Estados Unidos, la Casa Blanca ha aprobado un paquete fiscal por valor de USD2bn (cerca del 10% del PIB), que incluye pagos en efectivo a los hogares, permiso por enfermedad con sueldo garantizado, ayuda alimentaria, garantías de préstamos corporativos, ayudas a préstamos, exenciones de impuestos sobre la renta y gasto sanitario. 

TODAS ESTAS AYUDAS AUMENTARÁN EL DÉFICIT FISCAL Y LA CARGA DE LA DEUDA PÚBLICA. 

Los diferenciales sobre la deuda soberana de aquellas economías con fundamentos más débiles ya han aumentado, lo que encarece la financiación de gastos adicionales. 

Brasil y Argentina tienen menos espacio para el estímulo fiscal, mientras que el resto de Iberoamérica tiene cierto margen de maniobra. Sin embargo, los países con un margen de maniobra limitado pueden solicitar ayuda del FMI y el Banco Mundial, que han anunciado que estarán listos con el apoyo para los países afectados por COVID-19 por valor de USD50 mil millones y USD 12 mil millones, respectivamente. 

Esta sería la solución en Iberoamérica, las grandes infraestructuras generadoras de miles de puestos de trabajo.

En un esfuerzo por preservar los empleos y evitar daños a la economía por más tiempo, los gobiernos de toda la zona euro han ampliado y facilitado el acceso ayudas laborales cuyo coste podría alcanzar los 120.000 millones de euros. 

Dado que la crisis económica es muy aguda pero de naturaleza temporal, se espera que la tasa de desempleo en la Eurozona aumente solo 1pp a poco más del 8% con hasta 1.5 millones de empleos perdidos en los próximos 12 meses. La pérdida de empleo afectará en particular a los trabajadores con contratos temporales, así como a los trabajadores autónomos.

LOS DATOS DEL FMI

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha actualizado sus estimaciones macroeconómicas para España y las ha empeorado de forma significativa como resultado del impacto del coronavirus Covid-19, de forma que ahora espera que cierre 2020 con un paro del 20,8% y una caída del producto interior bruto (PIB) del 8%.

Se trata de los peores datos macro registrados por España en muchos años. De confirmarse la contracción del 8% de la economía, sería el peor dato registrado en toda la serie histórica del Instituto Nacional de Estadística, que comenzó en 1970, y, probablemente, la mayor contracción experimentada en el país desde la Guerra Civil.

En el informe bianual del FMI 'Perspectiva Económica Mundial', el organismo ha revisado en 9,6 puntos porcentuales a la baja la previsión del PIB para España para 2020. En 2021, el crecimiento será del 4,1%, lo que supone una corrección al alza de 2,7 puntos con respecto a las estimaciones de enero.

"Es una crisis como ninguna otra", ha asegurado la economista jefa del FMI, Gita Gopinath, quien ha alertado de que, a la magnitud del 'shock', hay que sumar la incertidumbre sobre su duración o intensidad.

"Es muy probable que la economía global experimente su peor recesión desde la Gran Depresión [de los años 30], sobrepasando la vista durante la crisis financiera global de hace una década. Se prevé que la Gran Reclusión, como se podría llamar, disminuirá el crecimiento global de forma dramática", ha agregado Gopinath.

La contracción de España entre los países será la segunda mayor entre las mayores economías europeas, solo por detrás de Italia (-9,1%). Francia y Alemania experimentarán un descenso del 7,2% y del 7%, respectivamente.

En el conjunto de la zona euro, el PIB caerá un 7,5% y repuntará un 4,7% en 2021. Por países, el mayor hundimiento será en Grecia, cuyo PIB se contraerá un 10%. Por detrás se situarán Italia, Letonia (-8,6%) y Lituania (-8,1%). En quinta posición estarán tanto España como Eslovenia, con un -8%.

El desequilibrio económico de España como consecuencia de la pandemia del coronavirus también se extenderá a otras variables, como la tasa de desempleo o la inflación.

En lo que respecta al mercado laboral, España registrará una de las peores correcciones de su entorno. Mientras que 2019 cerró una tasa de desempleo del 14,1%, en 2020 llegará a ser del 20,8%. En 2021 mejorará la situación, pero aún así se mantendrá en el 17,5%.

En Italia, el paro crecerá del 10% en 2019, al 12,7% en 2020. En 2021 caerá hasta el 10,5%. En Francia el paro alcanzará el 10,4%, casi dos puntos más que el año pasado, y en Alemania apenas se elevará en siete décimas, hasta el 3,9%.

La cifra más elevada de la eurozona seguirá siendo la de Grecia, cuyo paro pasará del 17,3% al 22,3%, mientras que la mayor alza en puntos porcentuales será la de Portugal, cuya tasa escalará desde el 6,5% hasta el 13,9%.

En lo que respecta a los precios, el FMI ha revisado los pronósticos de España y espera que registre una deflación del -0,3% en 2020, mientras que en 2021 volverá a una inflación del 0,7%.

En el conjunto de la eurozona, los precios se elevarán en dos décimas este año y en un punto porcentual en 2021. Italia registrará un alza de precios del 0,2%, mientras que Francia y Alemania cerrarán este año con una inflación de tres décimas cada uno.

Es probable que las insolvencias globales aumenten en un + 14% en 2020, pero el intervencionismo estatal podría evitar grandes quiebras, al menos por ahora. En cuanto a la sensibilidad histórica a los ciclos económicos y las intervenciones gubernamentales para apoyar a las empresas (aplazamientos de impuestos, préstamos estatales y garantías), este sería el cuarto año consecutivo de quiebras crecientes. Los estados parecen decididos a evitar grandes insolvencias. 

Cuanto más dure el COVID-19, más podría transformarse el estrés de liquidez actual en una crisis de deuda de pleno derecho que envuelva a las empresas y los deudores familiares, sus prestamistas privados y las autoridades públicas (tesorerías o bancos centrales) que en última instancia respaldarán a estos últimos. 

Una serie de indicadores de mercado muestran que los inversores se preocupan por este riesgo: los diferenciales corporativos se han ampliado y también lo ha hecho el Libor-OIS.

Las tasas de CDS se han disparado y también los rendimientos en papel comercial

Las crisis de liquidez generalmente aparecen por primera vez en segmentos de mercado periféricos, por ejemplo, los bonos del gobierno de pequeños países del euro. La volatilidad de la propagación ha aumentado. 

Para la zona del euro, esto podría tener efectos igualmente perturbadores que los aumentos de diferencial debido al riesgo fiscal, ya que para los soberanos más pequeños implica el riesgo de perder el acceso al mercado. 

Según el FMI, en España la deuda pública saltará del 95,5% del PIB en el que cerró en 2019 a un 113,4% este año, lo que supone batir récords no vistos en más de un siglo, superando el 101% alcanzando en 1909 y el 100,7% alcanzado en 2014 como consecuencia de la crisis anterior.

La cifra equivaldría a un aumento del endeudamiento del estado de unos 167.000 millones de euros en un solo ejercicio, si se tuviera en cuenta como referencia el PIB de 2019, si bien hay que tener en cuenta que el FMI también prevé que el tamaño de la economía española se reduzca un 8%.

Así, el efecto de incremento de la tasa se produce tanto por el endeudamiento extra en el que incurrirá el país para hacer frente a la crisis sanitaria, económica y social como por la reducción del tamaño del PIB con el que se mide la deuda.

Las cifras se sitúan muy por encima de la media de Europa, que cerrará el año con una deuda pública del 97%.

De esta forma, la crisis del coronavirus se llevará por delante en sólo un año el ajuste fiscal y el desendeudamiento que tanto le ha costado ejecutar a España en la última década. De hecho, el déficit volverá casi a niveles de 2012, cuando se situó en el 10,5%, y la deuda alcanzará cotas que no se habían visto hasta ahora. En la crisis anterior se llegó a sobrepasar la barrera del 100% del PIB en 2014, pero lejos de la previsión que el Fondo tiene para este 2020.

El endeudamiento mundial se disparará hasta el 122% debido especialmente a Estados Unidos, que acaba de aprobar un paquete de incentivos de 2,2 billones de dólares que disparará su deuda pública este año por encima del 130%. La mayor economía del mundo contaba ya con ratios históricos de endeudamiento, que en 2019 ya superaron el 100% del PIB.

El FMI asume que un "considerable" aumento los déficits este año es no sólo necesario sino apropiado para muchos países, aunque alerta de que algunos de ellos parten de una situación muy vulnerable. La deuda pública global fue del 83% del PIB en 2019 y se disparará al 96,4% este año.

"La situación es más preocupante para los mercados emergentes y las economías en desarrollo que enfrentan múltiples conmociones que incluyen la pandemia, un empeoramiento abrupto de las condiciones financieras, debilidad de demanda externa y, para los países exportadores de productos básicos, precios más bajos", resume el FMI.

El FMI recuerda que los esfuerzos deberán priorizar los gastos sanitarios, los servicios públicos clave como transporte, energía, comunicaciones y la protección social.

El endeudamiento mundial se disparará hasta el 122% debido especialmente a Estados Unidos, que acaba de aprobar un paquete de incentivos de 2,2 billones de dólares que disparará su deuda pública este año por encima del 130%. La mayor economía del mundo contaba ya con ratios históricos de endeudamiento, que en 2019 ya superaron el 100% del PIB.

LAS INFRAESTRUCTURAS COMO SOLUCIÓN

Nuestros sistemas de infraestructura requieren una inversión generacional, también lo requieren nuestros trabajadores de infraestructura. Contratar, capacitar y retener a una nueva generación de trabajadores de infraestructura ayudará a impulsar nuestra recuperación y creará un sistema de infraestructura más fuerte y resistente para el futuro.

Sin duda, la infraestructura no es la prioridad inmediata. Deben prevalecer las preocupaciones sobre el acceso a la atención médica, el seguro de desempleo y otra asistencia pública. Pero eso no significa que los gobiernos deban pasar por alto las inversiones fundamentales que pueden ayudar a la economía a recuperar su impulso, incluida nuestra fuerza laboral de infraestructura.

Más allá de proteger a los trabajadores esenciales en este momento, existe una enorme preocupación sobre quién ocupará estos trabajos en los próximos meses y años. 

LAS INFRAESTRUCTURAS COMO INVERSIÓN EUROPEA

Los planes de infraestructura deben contar con la ayuda europea.

El pasado mes, la Comisión Europea (CE) aprobó un paquete de inversión por valor de más de 1.400 millones de euros para 14 grandes proyectos de infraestructura en Croacia, la República Checa, Hungría, Polonia, Portugal, Rumania y España.

El FEDER invertirá 265 millones de euros para mejorar más de 178 km de los 715 km de la sección Madrid - Lisboa del Corredor Atlántico TEN-T, centrándose en la región española de Extremadura, en la frontera con Portugal. Esta sección del corredor actualmente no está electrificada. El trabajo beneficiará a los servicios de carga y pasajeros de larga distancia.

"En tiempos tan difíciles para nuestro continente, es crucial que la política de cohesión siga desempeñando su papel de apoyo a la economía en beneficio de nuestros ciudadanos", dice la comisionada de cohesión y reformas, Sra. Elisa Ferreira. “Las principales adopciones de proyectos de hoy muestran que la financiación de la UE, y la política de cohesión en particular, ofrece resultados concretos, ayudando a las regiones y ciudades a ser más seguras, más limpias y más cómodas para las personas y las empresas. Muchos de los proyectos aprobados también ayudan a cumplir los objetivos del Acuerdo Verde Europeo ". 

UN MACROPLAN DE VIVIENDA SOCIAL

Si España presenta un plan consensuado de construcción de vivienda social, Europa lo valorará y ayudará a su financiación.

Es más una cuestión de voluntad que de coste porque el suelo lo tienen los ayuntamientos y lo podrían aportar en régimen de derecho de superficie. La colaboración público privada financiaría las operaciones, que podrían contar con avales estatales, y los grandes fondos inmobiliarios estarían interesados en participar en régimen de Build to rent.

No es momento de ideologías. Es momento de generar empleo como sea.