| El jueves
por la noche los ministros de finanzas acordaron un plan conjunto para
mitigar los efectos de la pandemia de la corona. El paquete se lanzará
alrededor de 500 mil millones de euros, disponible a través de varios
fondos europeos. Al mismo tiempo, el texto acordado todavía contiene
muchos cabos sueltos, que los líderes del gobierno aún deben
considerar a finales de este mes.
Durante las
negociaciones, los Países Bajos se opusieron a las condiciones flexibles
para un préstamo del fondo de emergencia europeo durante mucho tiempo.
El acuerdo alcanzado el jueves acordó que no se impondrán
tales "condiciones" estrictas para los préstamos asociados con la
pandemia de la corona. Pero lo que se aplicará exactamente a un
préstamo relacionado con la corona sigue sin estar claro por el
momento. El acuerdo no incluye nada sobre los eurobonos, otra propuesta
a la que los Países Bajos se opusieron firmemente.
Tradicionalmente,
un país solo puede reclamar un préstamo del denominado Mecanismo
Europeo de Estabilidad (MEDE) si acepta un estricto programa de reformas.
Antes de la reunión, los Países Bajos siempre enfatizaron
que las reformas deberían ser una condición a largo plazo.
Pero los países del sur de Europa, Italia a la cabeza, se opusieron
firmemente a las condiciones estrictas, por temor a verse obligados a hacer
recortes duros. El texto de compromiso ahora establece que un préstamo
puede usarse sin requisitos adicionales para los costos asociados "directa
o indirectamente" con el brote del virus. Es una propuesta de texto que
tanto Holanda como Italia pueden explicar como una victoria.
El acuerdo
no incluye nada sobre los eurobonos, otra propuesta a la que los Países
Bajos se opusieron firmemente.
A través
del MEDE, los países pueden pedir prestados cientos de miles de
millones a tipos de interés favorables para poner en sus economías.
Una ventaja importante de la participación del MEDE es también
que le da al Banco Central Europeo más oportunidades para ayudar
a un país a través de la compra selectiva de deuda pública.
Los países
del euro acordaron además que, además del fondo de emergencia
existente, se establecerá un fondo similar, más pequeño,
del que los Estados miembros pueden pedir prestado para pagar los salarios
de los trabajadores afectados por la crisis sanitaria. Se trata de complementar
los sueldos de los ERTE como se hizo en Alemania durante la crisis financiera.
Además,
se han alcanzado acuerdos sobre un "fondo de recuperación" especial
para ayudar a los países a restaurar sus economías después
de la pandemia de la corona. Sin embargo, el aspecto exacto del fondo y
el origen de la financiación no está claro por el momento
y habrá que resolverlo más adelante.
Los eurobonos,
a los que Holanda y Alemania, entre otros, se oponen firmemente, no se
emitirán por el momento. Sin embargo, el texto contiene un pasaje
que abre la posibilidad de 'nuevos instrumentos financieros' que permitan
a la zona del euro responder a la crisis económica. Los eurobonos,
sin duda, volverán a estar en la agenda con los líderes del
gobierno a finales de este mes. Y especialmente los estados miembros del
sur de Europa continuarán abogando por la emisión conjunta
de deuda europea en el futuro cercano.
El debate sobre
el uso de instrumentos europeos para combatir la crisis económica
se ha intensificado en las últimas semanas. En particular, el hecho
de que el ministro holandés Wopke Hoekstra destacase la importancia
de la disciplina presupuestaria y las condiciones estrictas para la ayuda
de emergencia se enfureció en gran parte de Europa.
EL PROBLEMA
DE DEUDA DE ESPAÑA
La investigación
de la banca italiana UniCredit publicada esta semana indica que España
sufrirá más la crisis que cualquier otra economía
europea, estimando una disminución del 15.5 % en el producto interno
bruto (PIB) este año y un déficit fiscal del 12.5 % del PIB.
Otros economistas
sostienen que es probable una caída del 10 % en la producción
y un déficit del 10 % del PIB. Eso elevaría la deuda total
al menos al 120 % del PIB, por encima de un nivel anterior de poco menos
del 100 %.
Por encima
de esta barrera sicológica del 100% los acreedores se retraen, por
lo que el Banco central europeo ha salido en ayuda para compra esta deuda
(es lo que llaman “sacar el bazuca para comprar deuda soberana”). Este
porcentaje de deuda pública del 100% sobre el PIB tiene que aumentar
exponencialmente porque hay contracción en la economía y
gasto extraordinario del gobierno.
Según
varios expertos consultados, los prestamistas y acreedores acabarán
exigiendo al estado español:
i)
adelgazar la administración como garantía de la deuda pública
española, algo similar a lo que se hizo con el artículo 135
de la constitución para tranquilizar a los acreedores de deuda pública.
Entre las medidas de adelgazamiento estarían la creación
forzosa de mancomunidades municipales con reajustes pactados de todo tipo
de gasto.
ii) mejora
de la competitividad empresarial con simplificación legislativa
y burocrática (al sector le afecta la dispersión legislativa
de la edificación, así como la urbanística).
¿QUÉ
ES LO QUE PREOCUPA A LOS ECONOMISTAS?
Que la economía
española es particularmente vulnerable, debido a la alta proporción
de personas con contratos temporales, el efecto del sector de servicios,
incluido el turismo, que ha sido muy afectado, y la prevalencia de las
pequeñas y medianas empresas en el tejido industrial español.
Más
de una cuarta parte de los contratos españoles tiene contratos temporales,
el nivel más alto en la UE, y en momentos de estrés, la forma
más sencilla para reducir los costes laborales es despedir a esas
personas en lugar de reducir los salarios o la semana laboral. Según
las cifras de la semana pasada, el número de personas con contratos
temporales ya ha disminuido en un 17 %, en comparación con solo
una caída del 2 % en el personal con empleo permanente.
Mientras tanto,
el turismo, que en los dos últimos años contribuyó
con el 12% del PIB y proporcionó el 13% de todos los empleos, se
ha detenido virtualmente, al igual que muchos otros servicios.
Las pequeñas
y medianas empresas, que representan más del 70 % del empleo, muy
por encima de la media de la UE, son particularmente vulnerables. Las microempresas
de menos de 10 empleados, representan más del 40 % de todos los
sectores excluyendo el financiero.
Ante esta situación,
la capacidad española de avalar los créditos a las empresas
y autónomos es muy limitada. Se ha empezado a avalar 20.000 millones
de euros de un plan de 100 mil millones de euros. Esta cantidad es de las
más bajas de los grandes países europeos, muy por debajo
del programa de 330 mil millones de libras del Reino Unido o el aval ilimitado
que Alemania ha ofrecido a sus empresas.
El problema
de España es que todos los recursos que destine a avalar empresas
los resta de las ayudas al desempleo.
Una comparación
de las situaciones a principios de 2008 y a fines de 2019 arroja algunas
otras diferencias notables. En 2008, el gobierno español tenía
un superávit de casi el 2% del producto interno bruto (PIB), mientras
que la deuda pública estaba en un mínimo histórico
del 38% del PIB y la tasa de desempleo había caído al 8%
en un país acostumbrado a desempleo de dos dígitos. Estos
fueron los días en que la economía estaba creciendo a raíz
de una burbuja inmobiliaria.
Más
de una década después, el gobierno tiene un margen mucho
menor para enfrentar la crisis actual: el déficit público
superó los 33 mil millones de euros a fines del año pasado,
o casi el 3% del PIB, mientras que la relación deuda / PIB fue cercana
a 100 % y el desempleo se mantuvo por encima del 14%.
ANTECEDENTES
4 de abril de 2020
NOTICIA
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LO QUE
DECÍAN LOS PACTOS DE LA MONCLOA EN URBANISMO Y VIVIENDA.
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¿Qué
debe saber un profesional en un caso práctico como el de la noticia?
• Debido
a la reiterada apelación a los pactos de la Moncloa de 1977, recogemos
el apartado que se refería al URBANISMO y VIVIENDA.
• Evidentemente
no se ha cumplido ninguno de sus preceptos en materia de urbanismo y vivienda,
43 años después (i) no se ha fomentado ni la colaboración
público privada para VIVIENDA social, ni se han apoyado a las COOPERATIVAS
de modo similar a otros países europeos (ej. Austria): (ii) el SUELO
FINALISTA es un bien escaso que encarece la VIVIENDA artificialmente (el
precio de vivienda en relación a los salarios españoles es
de los más altos de Europa). Y los plazos de tramitación
de licencias son todavía mayores que hace 40 años con una
burocracia y complejidad legislativa que no es comparable al derecho urbanístico
de ningún país del mundo.
• En materia
de urbanismo y vivienda no hacen falta nuevos pactos, basta con aplicar
los de 1977, el resultado sería un aumento de la construcción
con un aumento de puestos de trabajo. Merece la pena leerlo, no le decepcionará.
Documento
íntegro, aprobado el 27 de octubre de 1977: “La política
de inversiones habrá de complementarse con una eficaz acción
en materia de obtención de suelo, para lo que se precisa una especialísima
colaboración de los organismos de Obras Públicas y Urbanismo,
así como de las Corporaciones Locales, y las medidas legislativas
necesarias que permitan la URGENTE DISPONIBILIDAD DEL SUELO. La política
de inversiones habrá de complementarse con una eficaz acción
en materia de obtención de suelo, para lo que se precisa una especialísima
colaboración de los organismos de Obras Públicas y Urbanismo,
así como de las Corporaciones Locales, y las medidas legislativas
necesarias que permitan la urgente disponibilidad del suelo. Asimismo se
considera necesario adoptar las medidas para reducir los actuales plazos
en las construcciones y AGILIZAR AL MÁXIMO LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA”.
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V. POLÍTICA
DE URBANISMO, SUELO Y VIVIENDA
Los criterios
y directrices a los que habrá de responder la política de
urbanismo, suelo y vivienda serán los siguientes:
Urbanismo
y suelo
La política
de suelo y urbanismo propuesta se basa en tres principios: Primero, en
que la actuación pública debe reflejar el DESEO SOCIAL DE
OCUPACIÓN Y USO DEL SUELO URBANO; segundo, en que el plusvalor sobre
el suelo urbano es fundamentalmente de la colectividad y, finalmente, que
el sector público debe asumir un papel principal en lo referente
a garantizar la entrada en uso del suelo urbano.
Conforme
a tales principios generales se proponen las siguientes medidas concretas
a corto plazo en lo referente a urbanismo y suelo:
Se instrumentarán
medidas para poner urgentemente en uso suelo ya calificado urbanizado o
urbanizable. Se formará antes del 30 de junio de 1978 UN INVENTARIO
DE SUELO en tales condiciones. Se agilizarán inmediatamente las
tramitaciones administrativas del suelo en esa situación, sin que
tales medidas afecten en ningún caso al patrimonio histórico-artístico
o monumental.
Se promoverán
en suelo público, actual o adquirido, operaciones de CONSTRUCCIÓN
DIRECTA O EN RÉGIMEN DE CONCESIÓN A LA INICIATIVA PRIVADA,
FAVORECIENDO EL RÉGIMEN DE COOPERATIVAS y concertando las condiciones
finales y los plazos de ejecución.
Asimismo
se promoverán CONCIERTOS CON EL SECTOR PRIVADO PARA LA PROMOCIÓN
URGENTE DE VIVIENDAS y equipamientos en las mismas condiciones.
En todos
los casos las condiciones de contratación de las actuaciones urbanísticas
se formularán de modo que queden garantizadas las posibilidades
de acceso y las condiciones de competencia, sin discriminación,
de todas las empresas. Se dará prioridad a actuaciones que contribuyan
a resolver los problemas de barrios o núcleos actuales, especialmente
de chabolismo.
Para agilizar
el proceso de descentralización se resolverán, en su caso,
los problemas derivados de las capacidades técnicas de control urbanístico
eficaz, y de aplicación de instrucciones de las Comisiones Provinciales
de Urbanismo.
Se establecerán
medidas cautelares especiales para limitar al máximo la reconversión
a usos privados del suelo actualmente destinado a usos públicos
o instalaciones oficiales y paraestatales.
Se presentarán,
antes del 31 de marzo de 1978, un reglamento de expropiaciones y unas bases
para la reforma estructural de la política del suelo, con especial
énfasis en apropiación pública del plusvalor y la
introducción de los derechos de tanteo y retracto o figuras de efectos
equivalentes.
Se establecerá
la NORMATIVA PARA TRAMITAR O INCLUIR EN LOS PLANES GENERALES limitaciones
de suelo para vivienda de construcción directa y áreas de
uso preferente de vivienda social.
Se agilizará
la RECALIFICACIÓN DEL SUELO URBANO, poniendo en práctica
de forma inmediata el Impuesto sobre Solares (Real Decreto 3250/1976, de
30 de diciembre), con objeto de penalizar su retención especulativa.
Se aplicará
de forma urgente el Impuesto de Incremento del Valor de los Terrenos (Real
Decreto 3250/1976, de 30 de diciembre), para recuperar parte de las plusvalías.
VIVIENDA
En lo referente
a vivienda, la actuación del Gobierno se orientará en una
doble vertiente: de una parte, hacia el establecimiento de mecanismos que
garanticen la financiación de la vivienda dentro de plazos adecuados,
y, de otra, hacia el aumento de la construcción de viviendas para
los sectores más necesitados de la población.
En consecuencia,
la política de vivienda se ajustará a los siguientes principios:
• Promoción
de las adquisiciones de suelo urbano o urbanizable por las Corporaciones
Locales y otras instituciones públicas para su cesión temporal
con destino a la construcción de viviendas destinadas a las clases
de rentas más bajas. A tales efectos, se facilitará la creación
de empresas mixtas con participación mayoritaria municipal.
• Prioridad
absoluta a la construcción de viviendas con destino a la población
de menor renta durante 1978 y 1979, elevando el número de las programadas
en 1977 y favoreciendo el disfrute de parte de las mismas en régimen
de alquiler.
• Instrumentación
de los mecanismos democráticos pertinentes para adjudicación
de viviendas de promoción directa y el control general de éstos
y de las viviendas sociales, así como de sus acotaciones y equipamientos
urbanísticos.
• Adopción
de medidas eficaces para la utilización de viviendas desocupadas.
• Investigación
urgente sobre la ocupación actual de las viviendas promovidas directamente
por el Estado con el fin de acabar con las distorsiones existentes en este
sector.
• Iniciación
de las gestiones para descentralizar de inmediato la aplicación
de la política de vivienda y, muy especularmente, de viviendas sociales
y de construcción directa.
• Realización
de los estudios pertinentes para conocer el mercado de la vivienda de alquiler
en España, de tal forma que, a partir de los resultados obtenidos,
se posibilite una actualización de la Ley de Arrendamientos Urbanos
u otras medidas pertinentes.
• Instrumentación
de apoyo financiero a través del crédito oficial —y dentro
de sus posibilidades— para la creación de empresas mixtas con participación
mayoritaria municipal destinadas a la adquisición de suelo y promoción
de viviendas sociales. Se establecerá además un marco institucional
que promueva la formación y desarrollo de entes promotores colectivos
de viviendas, tales como Patronatos Municipales, Cooperativas de usuarios
y otros similares.
• Remoción
de los obstáculos jurídicos y administrativos que se oponen
a la creación de un mercado amplio de hipotecas, revisando para
ello el impuesto que grava las transmisiones patrimoniales en el ámbito
de los bienes inmuebles y proponiendo la regulación de fondos de
inversión mobiliaria que tomen como activo las hipotecas sobre inmuebles.
SECTOR DE
LA CONSTRUCCIÓN
El sector
de la construcción no oculta su gran preocupación por la
inminente escalada de la deuda pública española para atender
gasto social por la crisis del Covid-19. Es decir, que el resto de las
partidas presupuestarias de gasto serán aparcadas, por ejemplo la
inversión en infraestructura.
Si desciende
las licitaciones de obra pública el paro aumentará con lo
que a la larga sería peor. Las soluciones de financiación
público-privada podría ser una solución mediante avales
del Banco Europeo de Inversiones para obras estratégicas como la
finalización de trayectos del AVE, corredor mediterráneo,
etc. Es muy importante financiar proyectos de infraestructura como grandes
generadores de empleo. En el inmobiliario residencial se teme que la falta
de crédito a la vivienda paralice el sector. Los bancos tienen que
adquirir forzosamente emisiones de deuda pública española.
Si aumenta la prima de riesgo esto afectará gravemente a sus balances
(repletos de deuda pública) y seguramente frenaran la financiación
inmobiliaria a consumidores o los préstamos promotor. Una solución
podría ser la colaboración público-privada para un
gran plan de vivienda social sobre derecho de superficie municipal o autonómico.
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