| Los fondos
y programas de la UE contribuyen a hacer frente a las dificultades estructurales
y a fomentar el crecimiento y la competitividad en España. España
es uno de los mayores beneficiarios de los fondos de la UE, que se concentran
en ámbitos de máximo valor añadido para la UE y en
las dificultades y las oportunidades existentes. Los Fondos Estructurales
y de Inversión Europeos (Fondos EIE) aportan una masa crítica
de inversiones para prestar asistencia a España en el fomento de
una convergencia socioeconómica duradera, de la resiliencia y de
la cohesión territorial. En el marco financiero plurianual 2014-2020,
se asignó a España un importe total de 39.900 millones EUR,
que podría representar en torno al 0,5 % del PIB actual del país.
Hasta finales
de 2018, se destinaron unos 24.000 millones EUR a proyectos específicos,
lo que representa aproximadamente la mitad del presupuesto total disponible
para el período 2014-2020 (incluida la contribución nacional).
Además, se asignaron alrededor de 600 millones EUR a proyectos de
infraestructuras energéticas estratégicas e interconexiones
transfronterizas a través del instrumento de financiación
de la UE del Mecanismo «Conectar Europa». Las instituciones
de investigación, las empresas innovadoras, los investigadores y
los docentes universitarios españoles también han recibido
apoyo del instrumento de financiación de la UE Horizonte 2020, en
el marco del cual se han desembolsado 3.300 millones EUR hasta la fecha.
Los Fondos
Estructurales y de Inversión Europeos apoyan la aplicación
de las recomendaciones específicas por país y de las reformas
estructurales en España. Entre las acciones financiadas cabe destacar
el estrechamiento de la colaboración entre las empresas y las instituciones
de investigación, que sirve de impulso al sistema de investigación
e innovación. Como consecuencia de ello, los Fondos Estructurales
y de Inversión Europeos ayudaron a más de 3.000 empresas
a establecer relaciones de cooperación con instituciones de investigación
y a unas 450 empresas a la hora de introducir nuevos productos en los mercados
en 2017. Los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos también
promueven el acceso y la adaptación al mercado de trabajo, la inversión
en educación y formación y la lucha contra la pobreza, la
discriminación y la exclusión social, haciendo especial hincapié
en la juventud, en consonancia con los principios del pilar europeo de
derechos sociales. Hasta ahora, el Fondo Social Europeo y la Iniciativa
de Empleo Juvenil han prestado apoyo a más de 3 millones de actividades,
como, entre otras, subsidios al empleo, períodos de prácticas
y aprendizaje, actividades de asesoramiento, cursos de formación,
formación profesional dual y servicios sociales dirigidos a participantes
de edades y orígenes diferentes.
La financiación
de la UE contribuye a movilizar una inversión privada significativa.
Se han destinado 1.400 millones EUR de los Fondos Estructurales y de Inversión
Europeos (incluidos los 800 millones EUR destinados a la Iniciativa Pyme)
a movilizar capital privado adicional en forma de préstamos, garantías
y participación en capital. La Iniciativa Pyme ya ha facilitado
garantías que permiten que 43.500 empresas puedan recibir préstamos
y realizar sus inversiones en el desarrollo empresarial.
Además,
la Comisión puede prestar apoyo técnico a medida a petición
de un Estado miembro a través del programa de apoyo a las reformas
estructurales, a fin de ayudar a aplicar reformas favorecedoras del crecimiento
para hacer frente a las dificultades señaladas en el proceso del
Semestre Europeo u otras reformas nacionales. En España se ha empezado
a trabajar, por ejemplo, para ayudar al Ministerio de Justicia a mejorar
la aplicación de la justicia en red, a realizar una revisión
de los gastos para determinar posibles ámbitos de mejora de la eficiencia
del gasto y a mejorar la capacidad de gestión del Fondo Europeo
Marítimo y de Pesca.
El volumen
global de las operaciones aprobadas por el Banco Europeo de Inversiones,
con el respaldo del Fondo Europeo de Inversiones Estructurales (FEIE),
asciende a 8.300 millones EUR, lo que se prevé que dará lugar
a un total de 45.400 millones EUR de inversiones privadas y públicas
adicionales (febrero de 2019). España se encuentra entre los primeros
países de la UE en lo que se refiere a volumen global de operaciones
aprobadas en porcentaje del PIB. Se han
aprobado 86
proyectos en los que participa España dentro del capítulo
de infraestructura e innovación del Fondo Europeo de Inversiones
Estructurales, por un importe de 7.000 millones EUR, que deberían,
a su vez, generar inversiones por valor de 30.700 millones EUR. En el componente
PYME se han aprobado 27 acuerdos con bancos intermediarios por un total
de 1300 millones EUR, que deberían movilizar cerca de 15.500 millones
EUR de financiación total. Se espera que esta ayuda beneficie a
129.854 pequeñas y medianas empresas y empresas de mediana capitalización.
Como ejemplo de proyecto financiado por el Banco Europeo de Inversiones,
la Empresa Municipal de Transportes de Palma de Mallorca ha recibido 30
millones EUR para sustituir los actuales autobuses urbanos por nuevos vehículos
más limpios propulsados con gas natural comprimido.
La actuación
de la UE contribuye a fortalecer a las autoridades nacionales, autonómicas
y locales, así como a la sociedad civil. Se han destinado más
de 700 millones EUR a reforzar la capacidad de las administraciones públicas
a distintos niveles y a fomentar una estrecha cooperación con las
partes interesadas.
También
hay otras iniciativas de la Comisión que contribuyen a impulsar
la transformación estructural de la economía.
La acción
piloto sobre la transición industrial ayuda a desarrollar una estrategia
global para la transformación económica regional basándose
en la estrategia de especialización inteligente, los clústeres
empresariales y la digitalización de los planes de la industria
de las regiones. La acción fomenta la cooperación interregional
y la creación de cadenas de valor distribuidas por distintas regiones
europeas, determina las oportunidades de colaboración y financiación
a nivel europeo, nacional y regional, y promueve asociaciones regionales
y de clústeres centradas en el aprendizaje mutuo y el intercambio
de buenas prácticas en materia de políticas de innovación.
LAS INFRAESTRUCTURAS
DEL AGUA. DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES.
Algunas zonas
de España se encuentran entre las más expuestas de Europa
al cambio climático y se plantean importantes retos en la gestión
del agua y de las aguas residuales. Existen retos medioambientales importantes
en el ámbito de la gestión hídrica y de las aguas
residuales, dada la desigual calidad de las infraestructuras en el país.
Determinadas zonas de España sufren estrés hídrico
por razones climáticas, además de deficiencias en la infraestructura
hídrica combinadas con el fuerte consumo de agua en algunos sectores
económicos (por ejemplo, la agricultura, pero también la
energía y el turismo). La presión sobre los recursos hídricos
consiste, entre otros elementos, en captaciones, contaminación puntual
y difusa y alteraciones morfológicas.
Cientos de
poblaciones en España no cumplen aún la Directiva sobre el
tratamiento de las aguas residuales urbanas, y el marco institucional nacional
para la gestión hídrica es complejo y fragmentario. La falta
de un organismo específico que regule el suministro de agua y los
servicios de aguas residuales (fundamentalmente en lo que respecta a la
armonización de los mecanismos de fijación de tarifas) contribuye
a esta situación. Las bajas tarifas han contribuido a un fuerte
descenso en el gasto público dedicado a las infraestructuras de
aguas residuales.
Algunas zonas
de España están sometidas a una fuerte presión hídrica.
Se han determinado necesidades de inversión altamente prioritarias
para alcanzar los objetivos de la Directiva marco sobre el agua y la Directiva
sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, en particular para:
•
fomentar un uso eficiente de los recursos hídricos a lo largo de
todo el ciclo hidrológico, promoviendo el ahorro y la reutilización
del agua, así como apoyando medidas basadas en el ecosistema;
• invertir
en la recogida y el tratamiento de las aguas residuales en las regiones
menos desarrolladas y las regiones con necesidades específicas,
como las islas.
En 2017, el índice
de reciclaje de residuos municipales de España fue del 34 %, mientras
que su índice de depósito en vertederos fue del 54 %, muy
por encima de la media de la UE (24 %). La preservación de la biodiversidad
constituye un reto en España. Por consiguiente, se han determinado
necesidades de inversión prioritarias para mejorar la eficiencia
de los recursos y la gestión de los residuos, así como para
mejorar la biodiversidad y las infraestructuras ecológicas, en particular
para:
•
fomentar la transición hacia una economía circular, así
como el desplazamiento hacia estadios más altos de la jerarquía
de gestión de residuos, promoviendo sistemas de recogida selectiva
y centros de reutilización y creando instalaciones de reciclaje
de residuos y de valorización de materiales para los residuos recogidos
de forma selectiva, también en un contexto suprarregional;
• proteger
y restablecer la biodiversidad promoviendo las infraestructuras ecológicas,
especialmente en las zonas urbanas.
PASADO, PRESENTE
Y FUTURO DE LOS FONDOS EUROPEOS DE COHESIÓN EN ESPAÑA (Datos
generales diferentes al informe).
Durante los
siete años anteriores España no ha estado entre los beneficiados
del Fondo de Cohesión, aunque sí ha recibido algunas cantidades
significativas -620 millones en 2014, 245 millones en 2015 o 173 millones
en 2018- por las liquidaciones finales de proyectos que comenzaron a ejecutarse
en etapas anteriores. La previsión presupuestaria para 2019 es que
también se reduzcan las transferencias procedentes de los Fondos
Estructurales (FEDER y Fondo Social Europeo), en concreto un 8,9% hasta
4.410 millones, un 18% menos que la media histórica de las dos últimas
décadas.
Desde el año
2000 la mayor asignación en esa partida la recibió en 2003,
con 6.996 millones, mientras que del Fondo de Cohesión obtuvo en
ese año otros 1.800 millones. En cualquier caso, el saldo de transferencias
obtenidas de ambos programas de los presupuestos de la UE desde el año
2000 hasta 2019 es muy positiva: prácticamente 107.516 millones,
lo que representa el 8,9% del PIB actual español y una media de
5.375 millones por ejercicio.
El gasto agrario
(incluida la PAC), pesquero y para el desarrollo rural ha representado,
asimismo, tradicionalmente otra buena fuente de ingresos para las arcas
españolas. Solo este año recibirá 6.762 millones en
recursos comunitarios para esos fines.
Si se mantuviese
el programa previsto a favor de los fondos de cohesión (ayuda a
infraestructuras), el 70% de las regiones españolas recibirán
algún tipo de ayuda de los Fondos de Cohesión (41.349 millones
a repartir en toda la UE hasta 2027), sobre todo Extremadura, Andalucía
y Castilla-La Mancha al estar encuadradas en la categoría de «menos
desarrolladas» (su PIB es inferior al 75% de la media). Otras ocho
se consideran «en transición» (un PIB del 75% al 100%
del promedio): Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, La
Rioja, Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares.
LA URGENCIA
EN MODERNIZAR LAS INFRAESTRUCTURAS ESPAÑOLAS (Datos CEOE).
Las infraestructuras
experimentaron una larga fase de alta inversión desde poco después
de entrar en la UE que supuso un importantísimo rejuvenecimiento
de su stock, financiado en buena medida con fondos europeos que se redujeron
sustancialmente en los años próximos a la crisis. Tras la
llegada de ésta, la inversión en infraestructuras ha vuelto
al nivel de antes de la entrada en la UE, lo que ha propiciado un envejecimiento
del stock. En la actualidad el 24,2% de las infraestructuras públicas
tienen ya más de 20 años de antigüedad. Las infraestructuras
hidráulicas, las portuarias y las viarias son las más envejecidas.
En el caso de las viarias, ese porcentaje (27,4%) casi se ha duplicado
desde 2007, cuando solo el 14% superaba las dos décadas de vida.
Si el ritmo
inversor se prolonga en los niveles tan bajos de los últimos años,
el peso de las infraestructuras con más de 20 años de antigüedad
se duplicará en poco más de una década, representando
en 2030 más del 50%, en el caso de las infraestructuras viarias
(51,2%), ferroviarias (52,5%) e hidráulicas (71%).
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