El proceso
de concentración se inicia con el estudio de solicitudes y estudio
de viabilidad, que coincide con el decreto de utilidad pública e
interés social y de urgente ejecución. La segunda fase será
la de análisis de la situación de partida, con la investigación
de la propiedad y clasificación de tierras, que coincidirá
con las bases provisionales y bases definitivas, tras la resolución
de las alegaciones presentadas. En la tercera fase, se procederá
a la nueva distribución de la propiedad, con el diseño de
las fincas de reemplazo, y estudio y resolución de alegaciones del
proyecto. El fin de procedimiento tendrá lugar con la fase de amojonamiento
y desbroce y toma de posesión de las fincas de reemplazo. Se levantará
acta de reorganización de la propiedad y tras su elaboración,
se entregarán los títulos de propiedad.
Una vez realizada
la toma de posesión de las fincas de reemplazo, se llevarían
a cabo las obras de infraestructuras inherentes al proceso de concentración.
EJEMPLO
El Consejo
de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado la declaración
de utilidad pública y de urgente ejecución para la concentración
parcelaria del término municipal de Rabanales (Zamora), donde se
invertirán más de 478.812 euros.
Este acuerdo
permitirá concentrar 1.810 hectáreas de cultivo pertenecientes
a 526 propietarios. De este modo, los agricultores de la zona contarán
con fincas diez veces más grandes que las actuales, convirtiendo
así las explotaciones en más rentables y mejorando la competitividad
y la productividad.
La Consejería
de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha propuesto la declaración
de utilidad pública y ejecución urgente de la concentración
parcelaria de Rabanales al Consejo de Gobierno celebrado este jueves.
El objetivo
de este acuerdo es dotar al proceso de concentración parcelaria
de las herramientas jurídicas que permitan actuar a la Administración
en la ordenación de la propiedad y en las infraestructuras necesarias
para mejorar la competitividad y la productividad de las explotaciones
agrarias, gracias a un dimensionamiento adecuado, haciéndolas más
rentables.
La inversión
prevista en esta zona será de 478.812 euros y permitirá a
los 526 propietarios contar con fincas que multipliquen por diez la superficie
de las que disponen ahora.
Así,
pasarán de contar con parcelas de 0,14 hectáreas de media
a terrenos de labor de 1,64 hectáreas. La superficie a concentrar
en esta zona es de 1.810 hectáreas que se reparten en 12.654 fincas.
Una vez finalizados los trabajos, el número de fincas se reducirá
a 1.209 con lo que cada propietario pasará de tener 24 parcelas
de media a poseer 2,3 fincas.
Las obras se
centrarán en la mejora y adecuación de la red de caminos
actual y la construcción de nuevos viales de acceso a fincas lo
que permitirá poner a disposición de agricultores y ganaderos
más de 42 kilómetros de caminos en perfecto estado. Además,
se contemplan labores de limpieza, ampliación y nuevos trazados
de la red de desagües. Para el correcto uso y conservación
de la red de infraestructuras diseñada también se incluye
en el proyecto la instalación de pasos, caños y salvacunetas.
Además, se realizarán las inversiones de restauración
del medio natural necesarias para cumplir los condicionantes expresados
en la Declaración de Impacto Ambiental y mejorar los aspectos ambientales
y paisajísticos.
Esta importante
obra ha sido sometida al procedimiento de evaluación de impacto
ambiental ordinaria como garante de que los potenciales efectos sobre el
medio ambiente sean debidamente analizados y corregidos. Las actuaciones
de recuperación contempladas en la declaración y su forma
de ejecución se plasmarán en un proyecto de restauración
del medio natural.
El objetivo
es reducir el excesivo grado de parcelación mejorando la morfología
de las parcelas y la rentabilidad de la explotación agraria de forma
compatible con la sostenibilidad ambiental, así como intentar paliar
el abandono de cultivos. Durante el procedimiento se llevó a cabo
la correspondiente fase de consultas e información pública
durante la cual los distintos organismos, asociaciones, particulares aportaron
mejoras y puntos a tener en cuenta.
En el estudio
técnico de esta concentración parcelaria se decidió
excluir el monte de utilidad pública 32 “La Majadona”, los espacios
incluidos en la Red Natura 2000 y las zonas de dominio público hidráulico.
Se ha aprobado la construcción y adecuación de una red de
caminos de 42 km diferenciándolos en tres categorías e intentando
siempre que se ajusten a la topografía del terreno y a su actual
configuración, así las anchuras de ocupación de los
caminos oscilarán entre los 7,3 y los 4 metros. Además, se
ha tenido en cuenta la existencia de dos vías pecuarias para garantizar
su integridad superficial.
El estudio
de impacto ambiental ahora aprobado analiza los valores medioambientales
presentes de la zona evaluando las posibles alternativas de actuación
y plantea medidas preventivas y correctoras tales como: señalización
de elementos sensibles, protección de suelos, de las aguas, de la
fauna y de la vegetación, preservación del patrimonio cultural
y arqueológico, prevención de incendios forestales, respeto
a las infraestructuras, correcta gestión de residuos, reducción
de ruidos y contaminación atmosférica así como exigencias
en cuando al movimiento de tierras.
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