El Ayuntamiento
de Barcelona a través del Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación
ha seleccionado un proyecto presentado por Mediaurban (propiedad de Grupo
Mediapro), y la Fundación Habitat3, para la construcción
de 47 viviendas sociales de alquiler en el número 11 de calle Badajoz,
en el barrio del Poblenou. El modelo se incluye dentro del impulso de la
"promoción delegada" prevista en el Plan por el Derecho a la Vivienda
de Barcelona 2016-2025 del Ayuntamiento de Barcelona, que consiste en buscar
alianzas con sectores privados con ánimo de lucro o sin ánimo
de lucro para construir y gestionar viviendas protegidas en régimen
cooperativo o de alquiler, sin perder en ningún caso la titularidad
pública del suelo. En particular, el Plan del Derecho a la Vivienda
prevé que el 25% de la ampliación del parque asequible se
haga a través de alianzas con el sector privado y cooperativo. Con
esta adjudicación el Ayuntamiento implanta por primera vez un nuevo
modelo de lo que se llama la promoción delegada a través
del cual adjudica a terceros la promoción de proyectos de vivienda
de precio asequible manteniendo la propiedad del suelo. En este caso, por
primera vez, el adjudicatario y promotor no es una fundación o una
entidad sin ánimo de lucro sino una sociedad mercantil, y la propuesta
ganadora de la licitación ha ofrecido que el precio de la vivienda
que se construirá no sólo esté por debajo del precio
de mercado sino también por debajo del precio de la vivienda de
protección oficial. Los precios de los alquileres se situarán
entre los 5,5 euros el m2 y los 7 euros el m2, frente a los 13-14 euros
de media de la zona. Así, Mediaurban ha presentado un proyecto de
construcción de 47 pisos de alquiler protegido con una superficie
entre 50 m2 y 80 m2, que serán gestionados por la Fundación
Hàbitat3. Mediaurban será la encargada del diseño
y la construcción de los 47 pisos en un solar edificable de 4.340
m2, conocido como "Isla Siberia".
La
construcción de viviendas a precio asequible en la isla Siberia
es un proyecto pionero donde por primera vez se licita un solar municipal
en régimen de derecho de superficie para alquiler social y se abre
a sociedades mercantiles con ánimo de lucro, para corresponsabilizarlas
también en la generación de vivienda protegida.
“Mediaurban
y la Fundación Hàbitat3 han presentado la mejor propuesta
técnica y económica de la licitación. El proyecto,
que se financiará con fondos privados, también prevé
la habilitación de unos espacios de usos colectivos en la azotea
y en algunas zonas de las plantas bajas como una lavandería industrial,
una biblioteca y un huerto comunitario, entre otros”, explican desde el
consistorio.
La promoción
de viviendas protegidas de alquiler en la isla Siberia, que empezará
sus obras en un año y espera estar terminada en dos años,
tiene como objetivo proveer de vivienda asequible a las personas inscritas
en el Registro de solicitantes de vivienda protegida de Barcelona.
La propuesta
contiene viviendas de doble orientación (una fachada en la calle
y la otra a interior de manzana) formados por un gran espacio de comedor;
una cocina abierta que ocupa el espacio central y articula la distribución
de la vivienda, que permite la agrupación en dos, tres o cuatro
habitaciones en función de las necesidades de empleo; y dos terrazas
con puertas vidriadas para favorecer la visión de los espacios verdes
del entorno.
El solar
donde se construirán las futuras viviendas sociales, propiedad del
Ayuntamiento de Barcelona, se ubica dentro de la isla de La Siberia, una
antigua fábrica de hielo construida a principios del siglo XX por
los industriales Christensen y Corominas con arquitectura de Bernadí
Martorell.
CLAVES
El privado
es el que construye y gestiona durante 75 años, y después
los pisos pasan a ser de gestión municipal. Pero la titularidad
pública del solar nunca se pierde. Hasta ahora habíamos trabajado
en este régimen de promoción delegada con cooperativas y
fundaciones, y ahora también lo hacemos con empresas.
El adjudicatario
y promotor es una sociedad mercantil de la que el Ayuntamiento no ha querido
desvelar el nombre, alegando que es la misma empresa la que no quiere que
se haga pública su participación en el proyecto, por lo que
Mediaurban será la encargada de diseñar y construir el proyecto,
no de financiarlo.
Si la ciudad
facilita el suelo y Mediaurban construye los pisos, será la fundación
Habitat 3 quien los gestione. El suelo se cede por 75 años, de manera
que la ciudad mantiene su titularidad pública, y los adjudicatarios
de estos pisos procederán del registro público de solicitantes
de vivienda pública, que pagarán lo que corresponde por la
vivienda pública (entre 600 y 200 euros).
DECLARACIONES
La concejal
de Vivienda, Lucía Martín, explicó que la nueva fórmula
se suma a las que ya se han puesto en marcha: desde promover pisos desde
el Ayuntamiento, hasta acordar cesiones con bancos, captarlos entre particulares,
o incluso hacer alojamientos provisionales en contenedores. Actualmente,
explicó, hay 65 promociones en marcha: del total, 44 (3.288 pisos)
son promoción directa por parte del Ayuntamiento y 21 (1.141 pisos)
son promoción delegada.
“No podemos
asumir en solitario las inversiones y se trata además de impulsar
que el sector privado, minoritario en la promoción de vivienda asequible,
se corresponsabilice e invierta en un modelo que tiene unos beneficios
moderados y no especulativos y no busque el máximo beneficio en
el mínimo tiempo posible”
Los 47 pisos
se construirán en el Poblenou, en una manzana próxima al
mar, donde se ubicaba la fábrica de hielo La Siberia. La arquitecta
Maria Sisternas, responsable de Mediaurban, valoró que “ninguna
de las tres partes del proyecto hubiera podido hacerlo sola” y ha explicado
que para la empresa es la “oportunidad de construir a precio de coste pero
hacer los mejores pisos”.
A su turno,
la presidenta de la Fundació Habitat 3, Carme Trilla, señaló
la experiencia como “innovadora en la gestión de la vivienda social”
y aplaudió la “voluntad política” de contar con un operador
capaz de construir y un gestor del ámbito social. “Estamos acostumbrados
a empresas privadas que gestionan vivienda social y aquí seremos
una fundación quien los gestione”, puso en valor.
Y añadió
que Habitat 3 se sumó al proyecto con la condición de que
un 20% de los pisos sean para emergencias o necesidades específicas
para “con un alquiler hiperbajo”. Así, los pisos más grandes,
de hasta 70 metros, costarán entre 500 y 600 euros (al precio oficial
de 7 euros el metro cuadrado) y los destinados a colectivos especialmente
vulnerables (5 euros el metro). “Es un proyecto imbatible”, resumió
y puso en valor el papel de las entidades en la gestión de los celebrados
parques públicos de vivienda que hay en Europa.
Preguntados
sobre cómo van a evitar que un futuro gobierno de otro color acabe
vendiendo ese suelo ahora cedido, algo que en la actualidad podría
ocurrir, el Ayuntamiento asegura que está negociando con la Consejería
de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat que se incluya la calificación
pública permanente de este tipo de promociones, así como
de las de suelo privado pero protegidas, tanto de suelo como de vuelo (esto
es, de lo que se construye en él). "Si lo conseguimos, será
un elemento clave para evitar la venta de la vivienda o de los suelos protegidos,
porque el precio nunca podrá ser libre y, por tanto, el incentivo
del pelotazo o los beneficios exorbitantes no existiría", afirma
la concejal de Vivienda, Lucía Martín.
“Plan
20.000”
El Ministerio
de Fomento promueve el “Plan 20.000” para paliar y corregir los desajustes
del mercado del alquiler en determinados ámbitos del territorio
nacional, en los que la dificultad para el acceso a la vivienda en este
régimen es creciente por la escasez de oferta y, en consecuencia,
por el incremento de precios.
Se trata de
incrementar el parque de viviendas de alquiler a precios asequibles para
unidades de convivencia con ingresos limitados en aquellos ámbitos
en los que este mercado está especialmente tensionado, en concreto:
Madrid y su área metropolitana, Barcelona y su área metropolitana,
Valencia y su área metropolitana, Islas Canarias, Islas Baleares,
Málaga, Sevilla y Ceuta y Melilla.
El “Plan 20.000”
financiado por el Ministerio de Fomento será gestionado por Sepes
con la colaboración de las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos.
Gracias a este
Plan, que fomenta la participación público-privada, se realizarán
licitaciones del derecho de superficie (sobre suelo siempre de titularidad
pública) con objeto de que las empresas públicas o privadas
puedan acceder a la construcción de las viviendas y a la explotación
de dicho derecho de superficie durante un plazo amplio de 20, 40 o más
años.
Las primeras
actuaciones del “Plan 20.000” se llevarán a cabo sobre suelo de
Sepes:
•
Ibiza: Ca n’Escandell (hasta 532 viviendas).
• Valencia:
Cuartel de Ingenieros (hasta 370 viviendas) y Parque de Artillería
(hasta 600 viviendas).
• Sevilla:
Regimiento de Artillería (hasta 948 viviendas).
• Málaga:
Buenavista residencial (hasta 1.362 viviendas).
• Madrid:
Campamento (hasta 1.800 viviendas).
• Ceuta: Loma
Colmenar (90 viviendas).
• Melilla:
Cuesta de la Viña (21 viviendas).
COLABORACIÓN
INTERMINISTERIAL
El Ministerio
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana dirigido por José Luis
Ábalos mantiene conversaciones con el resto de ministerios y otras
administraciones públicas, como ayuntamientos y comunidades autónomas,
para movilizar el suelo disponible con la intención de construir
gran parte de ese Plan 20.000 viviendas en alquiler social o asequible,
mediante la colaboración público-privada que aumente el parque
público de viviendas por encima de ese escaso 2,5% del total de
viviendas en España.
Según
afirmó el secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana, Pedro Saura, se encuentran ultimando la licitación de las
primeras viviendas de este Plan 20.000. “Prácticamente estamos en
disposición de empezar la tramitación para construir en torno
a 5.000 viviendas en las zonas más tensionadas del país”.
A estas 5.000
casas habrá que que sumar otras 3.260 unidades en proyecto que se
encuentran en distintos estados de construcción procedentes del
Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, tras la firma de más de 120
convenios entre el Ejecutivo Central y las comunidades autónomas
y ayuntamientos. Estos proyectos cuentan con una inversión de 330
millones de euros, de los que el Estado ha aportado 55 millones.
Las primeras
8.200 viviendas en alquiler social y asequible podrían llegar antes
del final de esta legislatura, si se consigue llegar a un acuerdo con el
sector privado, para que levante esas casas. Para atraer su interés
se quiere ceder ese suelo durante unos 50 años para su explotación.
Pasado ese tiempo formarán parte del parque público de viviendas.
Sin embargo,
esta futura oferta de viviendas parece aún escasa para influir en
el mercado del alquiler residencial. La entrada de nuevos terrenos en los
acuerdos que Fomento quiere licitar a través del Entidad Pública
Empresarial de suelo (Sepes) serán claves para ver el éxito
o fracaso de esta iniciativa.
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