| La CE cifraba
la cobertura de la garantía juvenil en solo un 11% de los jóvenes
menores de 30 años que no estudian ni trabajan, frente a un 42%
de media europea, según se detallaba en el informe de la comisaria
europea de Empleo, Marianne Thysen.
Además
del estrepitoso fracaso en cuanto a publicidad y difusión, dado
el abrumador porcentaje de jóvenes que desconocían el programa,
Bruselas señalaba un segundo fallo: el incumplimiento del plazo
de cuatro meses en el que debe tramitarse la oferta de estudio o trabajo
para cada beneficiario. Y también un tercero, el más grave
de todos, que tiene que ver con la nula efectividad del plan, si se atiende
al elevado porcentaje de jóvenes que han vuelto al paro y la inactividad
educativa.
Con datos de
finales de 2019, España había certificado únicamente
el 33% de las ayudas y seleccionado el 72% de los proyectos. El informe
de los auditores europeos recoge fallos en los gastos de alto riesgo, que
representaron más de la mitad de las ayudas, sobre todo en los proyectos
de la política de cohesión.
Quizás
la solución está en empezar a poner orden en la burocracia,
y utilizar una parte de los fondos europeos para la modernización
de la Administración ante el reto de duplicar durante los próximos
cuatro años la inversión pública española.
Se debe planificar
con la máxima antelación posible y teniendo en cuenta la
capacidad administrativa de las diferentes entidades públicas que
van a ejecutar los fondos de entre los 8.000 organismos licitadores existentes.
Crear equipos especializados y con experiencia previa en contratación
pública, así como oficinas de gestión centralizada
de las convocatorias. Y simplificar y eliminar duplicidades en los procedimientos
de gestión de las ayudas.
La digitalización
de la Administración (incluida en los planes del Gobierno para el
Next Generation) es esencial.
Pero lo más
importante es innovar en asociaciones público-privadas. La colaboración
público privada permitiría multiplicar por cuatro el importe
de los fondos europeos.
Otro aspecto
es negociar con la Comisión Europea porque deberían existir
por lo menos dos pagos a lo largo del ejercicio vinculados a determinados
hitos, que no necesariamente pasarían por la certificación
de la obra. Sería como un de anticipo sobre un proyecto de reforma
legal. Todos los proyectos que contempla el plan de recuperación
se tendrían que acompañar de un vector de reformas, que en
ningún caso puede sustituir al gasto corriente.
AYUDAS SÍ,
PRÉSTAMOS NO
España
reclamará las ayudas directas a fondo perdido, unos 72.700 millones
que no hay que devolver, y renunciará por el momento a los otros
67.300 millones en préstamos. De hecho, el propio Ejecutivo subraya
que esos fondos europeos solo se pedirán si se necesitan, algo que
sucedería en cualquier caso para el periodo de 2024 a 2026. Esta
inversión de 72.000 millones de euros en el periodo 2021-2023 proceden
del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (59.000 millones) y
del fondo ‘React-Eu’ (12.400 millones). El motivo es que las compras multimillonarias
del Banco Central Europeo (BCE) han reducido al mínimo los tipos
de interés que pagan todos estos países por su deuda, por
lo que no hay incentivos para endeudarse por otro lado. Además,
todavía no está claro que podrían exigir otros países
europeos a cambio de esos créditos ni hay suficiente capacidad administrativa
para gastarse todo ese dinero, por lo que se prefiere esperar.
LA COLABORACIÓN
PÚBLICO PRIVADA PARA INFRAESTRUCTURAS VA COGIENDO FORMA
Seopan prevé
2.277 actuaciones repartidas en 10 macroproyectos y 32 líneas de
inversión, que crearán 30.000 nuevos empleos en el ámbito
de la ingeniería y hasta 1,4 millones de puestos de trabajo a tiempo
completo en la construcción.
Seopan ha reiterado
en numerosas ocasiones que este porcentaje ahuyenta la inversión
porque los fondos institucionales que manejan ahora el mercado reclaman
tasas más altas, cercanas al 5%, para interesarse por un proyecto
de infraestructuras de este tipo.
Los rendimientos
de estos contratos públicos vienen determinados por la llamada tasa
de descuento que recoge la normativa. En España, la ley de desindexación,
aprobada en 2015 y desarrollada en 2017, establece que la tasa de descuento
estará limitada al promedio del bono a diez años del Tesoro
español durante los últimos seis meses, más 200 puntos
básicos. En la actualidad, esto se traduce en una rentabilidad que
apenas supera el 2,1%. El fondo de 140.000 millones que recibirá
España de la Unión Europea anima al sector de las infraestructuras.
Las constructoras
señalan que el Gobierno debería fomentar la colaboración
público-privada y mejorar la rentabilidad (o tasa de descuento)
de las concesiones que actualmente establece la ley. El borrador del decreto
que pretende aprobar el Gobierno para agilizar la ejecución de los
fondos europeos señala que la rentabilidad de los contratos de concesión
que se financien con el fondo será equivalente al «rendimiento
medio en el mercado secundario de la deuda del Estado a 30 años
incrementado en un diferencial de hasta 300 puntos básicos».
Esto supondría que el rendimiento de estos contratos pasaría
a ser cercano al 4,1%. Una mejora que aproximaría estos niveles
de rentabilidad a los reclamados por los inversores institucionales y las
compañías de infraestructuras para apostar por este tipo
de proyectos concesionales.
SEOPAN, la
Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras,
y TECNIBERIA, la Asociación Española de Empresas de Ingeniería,
Consultoría y Servicios Tecnológicos, representadas por SENER,
AYESA y TYPSA, han presentado, en el foro Construyendo un Futuro sostenible;
Diálogos para la recuperación Económica, un plan de
inversiones por valor de 145.573* Millones de euros (M€) susceptibles
de ser financiados, en parte, por el Fondo de Recuperación de la
Unión Europea y que crearía más de 2 millones de empleos.
La cifra de 145.573M€ incluye los proyectos más susceptibles
de ser financiados por el Fondo de Reconstrucción Europeo. No se
han incluido otras infraestructuras (autovías interurbanas, ffcc
convencional y de alta velocidad) que serían las que nos llevarían
a los más de 157.000M€ presentados por SEOPAN el pasado mayo.
Se trata de inversiones prioritarias para cumplir con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) marcados por Naciones Unidas en las áreas
de Agua y Medioambiente (27.901 M€), Movilidad sostenible y segura
(57.837 M€), Salud (21.400 M€), Eficiencia energética
(32.435 M€), y Creación de infraestructura verde (6.000 M€).
Las inversiones
en Agua y Medioambiente acabarían con 28 años de incumplimiento
de las Directivas Europeas sobre tratamiento de aguas residuales urbanas,
por lo que España tiene más de 500 procedimientos abiertos,
y ayudarían a prevenir las inundaciones, que son la mayor catástrofe
natural causante de 5.320M€ de daños desde 1981. Igualmente,
con estas ayudas, se combatiría la sequía, ya que nuestro
país tiene un índice de estrés hídrico del
33% y un 50% de la superficie está en riesgo de desertización,
y se favorecería la cohesión social solucionando el que 2
millones de viviendas sigan sin servicios de depuración y alcantarillado.
Una inversión de 27.901M€ en esta materia conllevaría
3.212 M€ de beneficio social anual. En cuanto a residuos urbanos,
España es líder europeo en sanciones ambientales -con una
condena en 2016 del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea-
ya que doblamos la media de la UE de residuos que van directamente a vertedero
sin tratamiento. Invertir en esta área generaría hasta 6.000.000
MWh de energía al año, equivalente al consumo de 1,7 millones
de hogares.
En Movilidad
sostenible y segura, se propone invertir en transporte público (metro
y cercanías) e intermodalidad urbana para evitar la pérdida
de 5.500 M€/año en atascos y reducir los altos niveles de contaminación
anual (NO2 y PM2,5) que superan varias regiones españolas. En concreto,
estas infraestructuras de descarbonización y descontaminación
son altamente rentables (ratio Beneficio/Coste de 1,61), ya que una inversión
de 57.837M€ supondría 48.860 M€ de Beneficio social y
30.367M€ de beneficio económico. Además, es preciso
reducir a la mitad las lesiones y muertes por accidentes de tráfico,
que, según la Asociación Española de la Carretera
(AEC) se concentran en un 78% en las vías convencionales. Asimismo,
en 1 de cada 10 kilómetros de carretera, la mitad del pavimento
presenta deterioros y el número de fallecidos no desciende manteniéndose
en cerca de los 1.000 anuales y debemos corregir que España tenga
la cuota de transporte ferroviario de mercancías más baja
de la UE, únicamente el 1,7% del tráfico interior, aun siendo
este medio de transporte 5 veces más eficiente que el resto de modos.
Con las inversiones propuestas, las muertes en carreteras se reducirían
al 30% y las emisiones en un 6%, entre otros beneficios.
En materia
de Salud, es necesario reforzar la capacidad de nuestro sistema hospitalario
ya que España tiene un -36% menos de capacidad asistencial máxima
anual que la media de los países de la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), con un ratio
de 3 camas por cada 1000 habitantes. Con la inversión planteada
de 21.400 M€ se reducirían a cero las listas de espera e igualaríamos
la capacidad máxima asistencial anual a la del resto de países
de la OCDE.
Por otro lado,
invirtiendo 32.435 M€ en mejorar la Eficiencia energética en
el sector residencial, terciario y grandes instalaciones de climatización
se reduciría el consumo de energía primaria en 4.755, 1.378
y 3.350 ktep de ahorro acumulado, respectivamente. Igualmente, si se destinaran
6.000 M€ de estas ayudas a la Creación de infraestructura verde,
en concreto actuaciones de soterramiento en Madrid, Barcelona y Girona,
se liberaría 50 hectáreas de infraestructuras verde y se
reducirían las toneladas de CO2 en 450.242 en 30 años.
Según
Julián Núñez, presidente de SEOPAN, “El sector presenta
inversiones prioritarias en España de elevado beneficio socioeconómico
que, además de adecuarse a las premisas básicas de Bruselas,
crearían más de 2 millones de nuevos empleos. Es ahora la
Administración la que tiene que aprovechar esta oportunidad y, de
acuerdo con las recomendaciones de la Comisión Europea de invertir,
adoptar las decisiones adecuadas, agilizar los procesos de contratación
y recuperar el modelo concesional, ya que es una vía necesaria para
llevar a cabo estos proyectos de mejora de la movilidad, el bienestar ciudadano
y el desarrollo sostenible”.
Según
Pablo Bueno, presidente de TECNIBERIA, “Tenemos una oportunidad de modernizar
nuestro país reactivando además la economía, pero
para que nuestra inversión sea eficaz debemos invertir lo necesario
en pensar. Consideramos que invertir al menos un 8% del presupuesto global
de los proyectos en consultoría de ingeniería, es uno de
los factores clave para asegurar el éxito de este ambicioso plan.
TECNIBERIA ofrece su colaboración para coordinar la preparación
urgente de los expedientes concretos de inversión, de forma que
tengamos listo y priorizado el Plan de Recuperación y Resiliencia”.
CEOE
La CEOE reclama
un mayor peso de la empresa privada en la ejecución de los fondos
europeos y alerta de que la actual distribución avanzada por el
Gobierno puede limitar el efecto multiplicador sobre el capital privado.
La gran patronal española ha reclamado al Ejecutivo que limite a
un tercio la absorción por parte de la Administración de
esos 142.000 millones de euros anunciados desde la Unión Europea
para España. Pues la vía que ha considerado más provechosa
para invertir los recursos del NextGeneration EU es que los lidere la empresa
privada y, en ese sentido, ha aplaudido el mecanismo de los Proyectos Estratégicos
para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE),
sobre los que trabaja el Gobierno.
La CEOE cifra
en un 50-50 la actual distribución planteada por el Gobierno para
el gasto de los recursos del NextGeneration EU, entre los proyectos netamente
públicos y aquellos con colaboración público-privada.
Y para conseguir movilizar un mayor volumen de capital privado la organización
empresarial ha considerado que la distribución idónea sería
de un tercio para gasto público y dos tercios para las iniciativas
lideradas desde el sector privado. Según estimaciones de la patronal,
si solo se dedica el 50% a colaboración público privada,
solo se movilizarán 1,2 euros privados por cada 1 euro público.
Muy por debajo de la estimación de 4 a 1 realizada inicialmente
por el Ejecutivo. Ahí la CEOE marca la proporción idónea
para sus intereses en dos tercios para inversión público
privada y un tercio para gasto netamente público. Este último
pide centrarlo en la modernización de la Administración y
en políticas activas de formación y cualificación
profesional, con el objetivo de mejorar la empleabilidad de los trabajadores
españoles.
CINCO PROPUESTAS
PARA UNA MEJOR ABSORCIÓN DE LOS FONDOS EUROPEOS
Autor: Manuel
Hidalgo Pérez (Senior fellow, EsadeEcPol & Universidad Pablo
de Olavide)
El compromiso
alcanzado el pasado julio por la Comisión Europea representa el
paquete de ayudas más ambicioso de la historia reciente. Para España,
en los próximos cinco años, la cifra de inversiones a desembolsar
podría superar el 3% del PIB anualmente.
El uso de esa
financiación representa una oportunidad única para España,
pero también un reto administrativo colosal. La experiencia reciente
en la ejecución de los fondos europeos demuestra que estamos mal
preparados para absorber esa ayuda. En el último marco financiero
plurianual hemos logrado certificar hasta diciembre de 2019 alrededor de
un tercio de los fondos disponibles y ahora la ayuda se va a multiplicar
por cuatro.
En este Policy
brief analizamos algunos de los retos existentes para la ejecución
efectiva de los fondos europeos para España y proponemos algunos
cambios para una utilización más eficiente de la ayuda que
estará disponible. Nuestras propuestas incluyen:
Planificar
teniendo en cuenta la capacidad administrativa: para la selección
de los proyectos no solo hay que tener en cuenta las prioridades establecidas
por Bruselas, sino también a la capacidad de gestión de las
diferentes administraciones responsables de ejecutarlos. Un proyecto puede
ser muy atractivo, pero si no es ejecutable administrativamente, no debería
ser seleccionado.
Planificar
con la máxima antelación posible: conocemos cuáles
van a ser las líneas de orientación generales y debemos empezar
cuanto antes a diseñar la estrategia, para que con el Marco Financiero
Plurianual (MFP) 21-27 y el Next Generation EU no suceda como en el MFP
14-20 y se espere a tener los diferentes reglamentos para definir los primeros
proyectos y perder años en el camino. Junto a esto, la propia Comisión
Europea debería acelerar y simplificar los procedimientos para disponer,
en menor tiempo posible, de dichos reglamentos necesarios para la implementación
del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, así como para
la aprobación de los programas operativos en el caso concreto del
MFP 21-27.
Crear equipos
profesionalizados, especializados y con experiencia previa en contratación
pública en las diferentes administraciones encargadas: en la medida
en que la reciente Ley de Contratos no se reforme, los procesos y trabas
burocráticas resultan un freno enorme a la ejecución efectiva
de los fondos.
Crear agencias
y oficinas de gestión centralizada de las licitaciones: de este
modo, la posible descentralización de la ejecución entre
administraciones y territorios podría compensarse con el aprovechamiento
de las economías de escala que una oficina única de contratación
en cada administración podría desplegar.
Simplificar
y eliminar duplicidades en los procedimientos de gestión de fondos
europeos.
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