| Crea un sistema
de planeamiento adecuado al tamaño de los pequeños municipios,
siguiendo criterios de simplificación y eficacia, basados en un
modelo de planificación estratégica estable, con capacidad
de respuesta ante las dinámicas económicas y sociales. En
materia de ordenación urbanística, desaparece el actual Plan
General de Ordenación Urbanística (PGOU) y se sustituye por
dos nuevas figuras de planeamiento: – Plan de Ordenación Municipal
(POM), como instrumento con el que se configura y define el modelo de ciudad
a medio y largo plazo. – Plan de Ordenación Urbana (POU), como instrumento
propio de ordenación de la ciudad existente y de respuesta a las
necesidades de regeneración y rehabilitación de ésta.
La competencia
para la aprobación definitiva del POM corresponde a los Ayuntamientos,
siempre que, en el ámbito geográfico de los municipios, esté
en vigor el correspondiente Plan de Ordenación del Territorio subregional,
y en todo caso, corresponde a los Ayuntamientos la competencia para la
aprobación definitiva del POU.
En cuanto a
la invalidez de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística,
se introducen las siguientes novedades:
– Serán
nulos o anulable según lo que establezca la legislación estatal.
– La invalidez
de parte de un instrumento de ordenación no implicará la
de las partes, que sean independientes de aquella.
– La invalidez
de un plan no implicará la de otros planes o la de instrumentos
de gestión cuyas determinaciones se puedan sustentar directamente
en leyes, reglamentos u otros planes o tenga independencia funcional respecto
a lo anulado.
– En los procedimientos
de revisión de oficio de instrumento de ordenación territorial
urbanística, se impondrá la subsistencia de los actos firmes
dictados en su aplicación y la conservación de aquellos trámites
cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción.
Se trata de
limitar las consecuencias derivadas de las frecuentes declaraciones judiciales
de nulidad de planes territoriales y urbanísticos.
Se regula el
régimen aplicable a las edificaciones irregulares consideradas individualmente,
y a su vez, estableciendo un tratamiento mediante planes especiales de
adecuación ambiental y territorial, para las agrupaciones de viviendas
irregulares y, finalmente, la incorporación de dichas edificaciones
al modelo de ciudad vía instrumentos de ordenación urbanística
general, cuando proceda.
Se fomenta
la base económica del medio rural, mediante la preservación
de actividades competitivas y multifuncionales, incorporando nuevas actividades
compatibles con un desarrollo sostenible y con una limitada, pero no rechazable,
función residencial.
En cuanto a
la tipología del suelo, conforman el suelo urbano los terrenos que,
estando integrados legalmente en la malla urbana, cumplan alguna de las
siguientes condiciones:
a) Se hubiesen
urbanizado en ejecución del planeamiento y de conformidad con su
determinación, desde el momento de la recepción municipal
de las obras de urbanización.
b) Aquellos
que se encuentren transformados urbanísticamente, por contar con
acceso rodado y con los servicios básicos de abastecimiento de agua,
saneamiento y suministro de energía eléctrica con las características
y condiciones que reglamentariamente se determinen.
c) Estén
ocupados por la edificación al menos en las dos terceras partes
del espacio apto para ello, de acuerdo con el ámbito que el instrumento
de ordenación urbanística general establezca.
También
forman parte del suelo urbano los núcleos rurales tradicionales
legalmente asentados en el medio rural, siempre que cuenten con acceso
rodado y las infraestructuras y servicios básicos que se determinen
reglamentariamente.
DECLARACIONES
La consejera
de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán
Carazo confirma que la Junta de Andalucía llevará el texto
de la nueva Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía
(LISTA) al Parlamento andaluz a comienzos del 2021. Carazo, aclaró
que los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía están
“a punto de concluir” el informe sobre dicha ley para que continúe
su tramitación legislativa.
Este paso permitirá
que a lo largo de los próximos días “sea remitido al Consejo
Consultivo en unos días para su informe pertinente, algo que se
hará en trámite de urgencia” y a principio de año
será enviado al Parlamento andaluz para su aprobación definitiva.
Carazo se mostró
convencida de que esta nueva ley “nos va a ayudar a todos a poder seguir
generando el desarrollo del conjunto de la comunidad autónoma” ya
que se trata de una norma “más sencilla y clara que lleva la S de
sostenibilidad en su título, porque desde el Gobierno de la Junta
entendemos que todas las inversiones han de ser sostenibles medioambiental,
social y económicamente”. El Gobierno andaluz “cree en esa sostenibilidad
y la favorece a diario en todas sus actuaciones; la revolución verde
que abandera el presidente de la Junta, Juanma Moreno, se ha de desarrollar
de forma coordinada entre todas las administraciones, por eso la nueva
ley lleva la sostenibilidad como uno de los elementos esenciales para su
posterior desarrollo”.
Esta ley viene
a sumarse a la tarea que ya realizó su departamento en la Ley de
Simplificación de Trámites Burocráticos aportando
parte del articulado importante para favorecer la inversión desde
el punto de vista del urbanismo y la ordenación del territorio.
Todo ello viene a dar respuesta a lo que “se nos pide desde las empresas
para invertir, reducir normas y trámites, simplificar las leyes
armonizándolas, y en esto estamos volcados, al objeto de que Andalucía
pueda seguir creciendo, porque tiene que hacerlo”.
Se trata también
de conseguir e “impulsar la colaboración público-privada,
algo complicado de conseguir hasta ahora, pero que se conseguido desbloquear”.
Carazo también añadió que “vamos a instar al Gobierno
central a que desbloquee la Ley de Contratos porque hay muchos proyectos
que no pueden salir adelante”.
A su entender,
“pretende garantizar la seguridad jurídica de todas las inversiones
que tienen Andalucía como destino y compartir las experiencias donde
sí se ha conseguido. Esto traerá consigo un impulso de las
inversiones ya que se favorece la llegada de proyectos nuevos, de iniciativas
de empresas al territorio, por eso necesitamos que se desbloqueen las trabas
jurídicas que lo impiden”.
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