REAL DECRETO-LEY
POR EL QUE SE APRUEBAN MEDIDAS URGENTES PARA LA MODERNIZACIÓN DE
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y PARA LA EJECUCIÓN DEL
PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA.
MEDIDAS
URGENTES PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Y PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN
Y RESILIENCIA
El Consejo
de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley de medidas urgentes para la
modernización de la Administración Pública y para
la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia.
Tras la declaración
por la Organización Mundial de la Salud de la pandemia internacional
provocada por la COVID-19 el pasado 11 de marzo y la rápida propagación
de esta enfermedad, tanto en el ámbito nacional como internacional,
los Estados miembros de la Unión Europea adoptaron con rapidez medidas
coordinadas de emergencia para proteger la salud de la ciudadanía
y evitar el colapso de la economía.
El Consejo
Europeo del pasado 21 de julio de 2020, consciente de la necesidad en este
momento histórico de un esfuerzo sin precedentes y de un planteamiento
innovador que impulsen la convergencia, la resiliencia y la transformación
en la Unión Europea, acordó un paquete de medidas de gran
alcance. Estas medidas aúnan el futuro marco financiero plurianual
(MFP) para 2021-2027 reforzado y la puesta en marcha de un Instrumento
Europeo de Recuperación («Next Generation EU») por valor
de 750 000 millones de euros en precios constantes del año 2018.
Este Instrumento
Europeo de Recuperación, que implicará para España
unos 140.000 millones de euros en forma de transferencias y préstamos
para el periodo 2021-26, se basa en tres pilares:
-
La adopción
de instrumentos para apoyar los esfuerzos de los Estados miembros por recuperarse,
reparar los daños y salir reforzados de la crisis. La adopción
de medidas para impulsar la inversión privada y apoyar a las empresas
en dificultades.
-
El refuerzo de
los programas clave de la Unión Europea para extraer las enseñanzas
de la crisis, hacer que el mercado único sea más fuerte y
resiliente y acelerar la doble transición ecológica y digital.
-
La movilización
de un volumen tan importante de recursos abre una oportunidad extraordinaria
para nuestro país, comparable a los procesos de transformación
económica producidos a raíz de la incorporación a
las Comunidades Europeas en los años 80 o la creación del
Fondo de Cohesión europeo en mitad de los 90.
La rápida
absorción de este volumen de recursos acelerará la recuperación
del nivel de empleo y actividad económica y también resultará
clave para la transformación del modelo económico español,
para que esa recuperación sea verde, digital, inclusiva y social.
Retos para
la recuperación de la economía
Se pondrán
en marcha inversiones, transformaciones y reformas estructurales dirigidas
a la transición hacia una economía y sociedad climáticamente
neutras, sostenibles, circulares, respetuosas con los límites impuestos
por el medio natural y eficientes en el uso de recursos.
Asimismo, se
desplegará la agenda España Digital 2025 con el fin de impulsar
la conectividad y la ciberseguridad, la digitalización de la administración
y del tejido productivo, las competencias digitales del conjunto de la
sociedad y la innovación disruptiva en el ámbito de la inteligencia
artificial.
Además,
se impulsará la educación y la formación profesional,
la ciencia y la innovación, la economía de los cuidados,
el sistema público de salud y la modernización de los sectores
tractores para lograr un crecimiento futuro más sostenible e inclusivo,
con una economía más productiva, una sociedad más
cohesionada y un progreso basado en la protección de los valores
constitucionales y los derechos individuales y colectivos de todos los
ciudadanos.
La envergadura
de estos retos y el marco temporal para su desarrollo requieren del concurso
de las instituciones y administraciones públicas, y han planteado
la necesidad de adoptar medidas urgentes encaminadas a articular un modelo
de gobernanza para la selección, seguimiento, evaluación
y coordinación de los distintos proyectos y programas de inversión,
y de realizar reformas normativas de carácter horizontal que permitan
una mejora de la agilidad en la puesta en marcha de los proyectos y una
simplificación de los procedimientos, manteniendo en todo caso las
garantías y controles que exige el marco normativo comunitario.
Los proyectos
que constituyen el Plan de Recuperación Transformación y
Resiliencia, permitirán la realización de reformas estructurales
los próximos años y, por lo tanto, permitirán un cambio
del modelo productivo para la recuperación de la economía
tras la pandemia causada por la COVID 19 y además una transformación
hacia una estructura más resiliente que permita que nuestro modelo
sepa enfrentar con éxito otras posibles crisis o desafíos
en el futuro.
Agilización
de la Administración
Las administraciones
públicas españolas, y en especial la Administración
General del Estado deben jugar un papel clave, ágil, eficaz y eficiente
para el éxito de la ejecución y además para el control
y la salvaguarda necesarios que permitan justificar fehacientemente la
solicitud de reembolsos y la absorción de los fondos. Para ello
ha sido preciso revisar los obstáculos y cuellos de botella existentes
en la normativa y en los procedimientos e instrumentos de gestión
pública y, una vez analizados, se han acometido una serie de reformas
que permitan contar con una administración moderna y ágil,
capaz de responder al desafío que la ejecución de proyectos,
vinculados a los fondos del Instrumento Europeo de Recuperación,
plantean.
La administración
pública debe responder, como ya ha demostrado en otras ocasiones,
y sin disminuir sus obligaciones de control y de garantía del interés
general. Para ello, se ha impulsado un proceso de modernización
ad hoc para dotar a la administración pública de las herramientas
necesarias para acometer la ejecución del Plan y la mejor gestión
de fondos, contando con el sector público y el sector privado.
Entre otras
disposiciones, figura la generación de sinergias entre los órganos
administrativos que se van a encargar de la gestión de los fondos,
favoreciendo mecanismos innovadores como los equipos multidisciplinares,
los foros técnicos y los grupos de trabajo horizontales, maximizar
las disponibilidades en materia de recursos, impulsar la utilización
de las nuevas tecnologías de la información en la gestión
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y,
finalmente, dotar de capacidades a la Administración para evaluar
las acciones desarrolladas, identificar las desviaciones y adoptar correcciones.
Colaboración
público-privada
Si bien el
régimen jurídico español cuenta con instrumentos de
colaboración público- privada, el Real Decreto-ley modifica
algunas cuestiones de los mismos con el fin de facilitar su formalización,
toda vez que se continúan con los controles necesarios para dar
cumplimiento a la normativa y garantizar la absorción de fondos
europeos. Se permite que las agrupaciones de personas físicas o
jurídicas, públicas o privadas sin personalidad puedan ser
beneficiarias de subvenciones formalizando entre ellas un acuerdo de agrupación
simple.
Se permite
que sea la Comisión del Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia, previo informe favorable del Comité Técnico
quien autorice la creación de consorcios públicos en lugar
de requerir de una autorización legal.
Se facilita
la ejecución de determinados contratos de concesión de obras
o servicios mediante su adjudicación a sociedades de economía
mixta con capital mayoritariamente público contando con la elección
del socio privado mediante los mecanismos establecido en las leyes bajo
el principio de libre concurrencia.
Se recoge una
nueva figura de colaboración público-privada: los Proyectos
Estratégicos para la Recuperación y Transformación
Económica "PERTE" que serán clave para la ejecución
de los distintos proyectos tractores contemplados en el Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia. Esta nueva figura se crea con vocación
de permanencia, para incluir en nuestro ordenamiento nuevos instrumentos
de colaboración público- privada que permitan una gestión
ágil y se pretende reforzar a aquellos proyectos que contribuyan
claramente al crecimiento económico, al empleo y a la competitividad
de nuestro país. La creación de un registro en el Ministerio
de Hacienda servirá para identificar operadores interesados en un
PERTE a fin de facilitar la gestión.
Creación
de órganos de gobernanza
La eficacia
del Plan, en el contexto de la urgencia derivada de la situación
actual, dependerá también de contar con una gobernanza que
garantice la transparencia, la coherencia de las actuaciones y su continuidad
en el tiempo. Por ello, se crean unos órganos de gobernanza que
garantizan un proceso participativo que permita incorporar las propuestas
de los principales agentes económicos, sociales y políticos
y a la vez sirvan como los necesarios mecanismos de coordinación
con los distintos niveles de administración.
Se crea una
Comisión para la Recuperación, Transformación y Resiliencia,
que presidirá el presidente del Gobierno y de la que formarán
parte todos los Ministerios. Asimismo, se crea un Comité Técnico
que dará apoyo a esta Comisión y a la Autoridad Responsable
del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia, que residirá
en el Ministerio de Hacienda, que es el órgano central para el desarrollo
y ejecución del Plan y que actúa como autoridad e interlocutor
responsable ante las instituciones europeas.
Se crea la
Conferencia Sectorial del Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia, con las comunidades y ciudades autónomas, que presidirá
la persona titular del Ministerio de Hacienda, con el objetivo de canalizar
la gobernanza multinivel territorial propia del sistema español
de estado de las autonomías y de establecer mecanismos y vías
de cooperación y coordinación en la implementación
del Plan.
Agilidad en
los procedimientos
Se declaran
de tramitación urgente los procedimientos administrativos que estén
vinculados a la ejecución de los fondos incluidos en el ámbito
de aplicación de esta norma.
Este mismo
régimen se aplica en los procedimientos de aprobación normativa
y en la tramitación de convenios, subvenciones o contratos administrativos,
de modo que se reducen plazos y se flexibilizan determinadas condiciones
normativa en el ámbito de la gestión de proyectos del Plan
Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Gestión
pública eficaz
Para dotar
de mayor flexibilidad a la administración y con el objetivo de una
gestión eficaz del Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia se adoptan medidas que permiten reorganizar los recursos
existentes, priorizando las necesidades y el cumplimiento de objetivos
a través de un instrumento de planificación estratégica
para la gestión y la creación, por ejemplo, de unidades temporales.
Se impulsará la profesionalidad y el conocimiento públicos
en materia de fondos europeos al servicio de la mejor ejecución
de los proyectos y la canalización de las inversiones o actuaciones
que sea preciso realizar.
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