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10 de diciembre de 2020
| NOTICIA
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| LA FINANCIACIÓN EUROPEA
SITUA A ESPAÑA ANTE EL RETO DE LAS REFORMAS ESTRUCTURALES |
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| ¿Qué
debe saber un profesional en un caso práctico como el de la noticia? |
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España
debe emprender cambios estructurales en su mercado laboral, sistema de
pensiones y regulaciones del mercado para poder recibir los fondos europeos.
Se trata de corregir sus debilidades estructurales y mejorar la infraestructura
administrativa y económica del país.
Las Recomendaciones
Específicas a España y el Informe País han señalado
la necesidad de garantizar la sostenibilidad fiscal (CSR 1), al tiempo
que se abordan mejoras en la política social, educativa y de inserción
laboral (CSR 2), y se aumenta y mejora la I+D+i y avanza en la aplicación
de la Ley General de Unidad de Mercado (CSR 3).
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| LABORAL. España
debe reformar el mercado laboral para favorecer una transición hacia
contratos de duración indefinida y corregir el uso abusivo de las
contrataciones temporales. La dualidad del mercado laboral español
requerirá una mejora radical complementada con la "mochila austriaca",
un sistema en el que los empleadores aportan fondos durante toda la vida
laboral de un empleado. La flexibilidad es esencial para la preservación
del tejido empresarial y el mantenimiento del empleo a medio y largo plazo.
Cualquier derogación de la reforma laboral será altamente
costosa para el país en su conjunto y especialmente muy dañina
para los trabajadores más vulnerables. Además no solo desmotivará
la inversión interna y externa, sino que trasladará inseguridad
jurídica, hecho que estará en el punto de mira de cualquier
inversor. España es el segundo país de la UE con mayor tasa
de empleo eventual, superior al 26%, sólo superada por Polonia.
Cada año, en una proporción que apenas ha resultado alterada
ni por la bonanza económica ni por las crisis, tampoco por las sucesivas
reformas laborales, se firman un 90% de contratos temporales y sólo
un 10% de indefinidos. Esa segmentación es una de las causas de
la precariedad de demasiados trabajadores, a los que se escatima no sólo
la seguridad laboral, sino también la formación, los salarios
y las condiciones laborales de las que sí gozan los asalariados
indefinidos. UNIDAD DE MERCADO. Otro frente es la implementación
de la ley que garantice la unidad del mercado. Este aspecto se sufre especialmente
en la normativa autonómica edificatoria. Están previstos
cambios a la ley de unidad de mercado económico de 2013 que fue
aprobada para reducir la burocracia y los cuellos de botella derivados
de las distintas administraciones centrales y regionales involucradas en
el proceso. Un documento del Ministerio de Economía del 2017 hablaba
de que una ley que garantice la unidad de mercado y elimine barreras burocráticas
y administrativas innecesarias podría suponer un impulso del 1,6%
del PIB y del 0,88% del empleo nacional. PENSIONES. En materia de pensiones,
se trata de equiparar a España con el resto de países europeos.
Se espera que el gasto público en pensiones se mantenga en 2060
al mismo nivel que el actual (11,2% en la Unión Europea-28 y 12,3%
en la zona del euro -y 11,3% y 12,3%, respectivamente en 2013–). Esto es
muy relevante en términos de sostenibilidad a largo plazo. El Banco
de España recomienda la aplicación de “mecanismos automáticos
de ajuste”, como el factor de sostenibilidad, que recorta la cuantía
de la pensión inicial según la esperanza de vida de cada
generación y que permanece en suspenso hasta 2023. Además,
pidió medidas para acercar la edad efectiva de jubilación,
que está en 64 años y siete meses, a la legal, 65 años
y 10 meses. |
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