La llegada
de estos fondos se vincula a la solución de los profundos problemas
estructurales de España. Se necesitan reformas urgentes, particularmente
en el insostenible sistema estatal de pensiones (se pronostica que España
tendrá la esperanza de vida más larga del mundo en 2040)
y el mercado laboral disfuncional (la tasa de desempleo era del 14% antes
de la pandemia, el doble de la media de la UE y está aumentando).
La reforma de estas dos áreas podría ser un requisito previo
para acceder al fondo de la UE.
Si un estado
miembro de la UE cuestiona el compromiso de España con las reformas
estructurales, puede retrasar los desembolsos y llevar el tema a los líderes
de la UE para su debate.
La Comisión
Europea lleva mucho tiempo en desacuerdo con la dirección de la
economía española, pidiendo a los gobiernos que bajen el
altísimo nivel de empleo temporal (más del 25% del empleo
total), fortalezcan la formación profesional, reduzcan la tasa de
abandono escolar prematuro del 17,3% y fomentar la innovación. Mucho
antes de la pandemia, España estaba lejos de alcanzar los objetivos
de Europa 2020, la agenda de la UE para el crecimiento y el empleo, basada
en cinco objetivos de empleo, I + D, cambio climático, educación
y pobreza y exclusión social.
La construcción
de una economía basada en el conocimiento se ve frenada por el bajo
nivel educativo de los jóvenes de 25 a 34 años, un tercio
de los cuales en 2018 no tenía ningún título de educación
superior después de completar la educación secundaria obligatoria.
Respecto al
empleo, el gobierno español anunció que con la inyección
de recursos prevista en el plan (72.000 millones de euros en los próximos
tres años; 59.000 millones de los cuales vendrán a través
de transferencias del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia) se
crearán 800.000 puestos de trabajo.
La economía
española es capaz de generar 800.000 puestos de trabajo en tres
años. Solo hay que tener en cuenta que, de media, se han creado
en España más de 400.000 puestos de trabajo cada año
en el período 2014-2019.
Sin embargo,
los recursos de la UE no se pueden utilizar para ningún tipo de
inversión o gasto. Deben adaptarse a las líneas fundamentales
marcadas por la Comisión Europea. Estos incluyen básicamente
la transición ecológica, la digitalización de la economía
y una sociedad más inclusiva y cohesionada. Por tanto, es una política
de oferta más que de expansión de la demanda.
La Comisión
Europea quiere que los países incluyan en sus planes de inversión
y reformas las siguientes áreas:
•
Tecnologías limpias y el uso de energías renovables.
• Renovar:
Mejorar la eficiencia energética de los edificios públicos
y privados.
• Recarga
y repostaje: Promover tecnologías limpias preparadas para el futuro
para acelerar el uso de transporte sostenible, accesible e inteligente,
estaciones de recarga y repostaje y extensión del transporte público.
• Telecomunicaciones:
Implementar servicios rápidos de banda ancha en todas las regiones
y hogares, incluidas las redes de fibra y 5G.
• Modernizar:
la digitalización de la administración y los servicios públicos,
incluidos los sistemas judicial y sanitario.
• Ampliación:
aumentar la capacidad europea industrial nube de datos y desarrollar el
borde más potente, cortar y procesadores sostenibles.
• Formación
profesional: adaptar los sistemas educativos para apoyar las habilidades
digitales y la formación educativa y profesional para todas las
edades.
Esto implica la
necesidad de implementar reformas estructurales que necesariamente tendrán
más efectos a mediano y largo plazo.
Una parte importante
de estos recursos se destinará a infraestructura, uno de los sectores
de la economía con mayor capacidad para impulsar otras actividades
económicas. Entonces tiene el mayor efecto multiplicador.
Además,
el objetivo de estas infraestructuras es (entre otros):
•
Mejorar la sustentabilidad ambiental.
• Mejore la
transición digital.
• Conseguir
una mayor cohesión social y territorial.
• Estas actividades
tienen mayor valor agregado y generan empleo de mejor calidad que otras
ramas de la construcción.
Crear 800.000
puestos de trabajo implica coordinación y una mejor legislación
laboral
Los recursos
aportados por la UE a través de transferencias juegan un papel fundamental
especialmente en aquellos países -como España- con niveles
de renta per cápita inferiores a la media y elevados niveles de
deuda pública. Que esto se traduzca o no en la creación de
800.000 puestos de trabajo en los próximos años dependerá
de los siguientes factores:
La capacidad
de generar y gestionar proyectos para absorber esos 72.000 millones de
euros en poco tiempo. Para ello debemos contar con la iniciativa privada,
pero también con la capacidad de planificación y ejecución
de la administración pública.
La coordinación
entre los diferentes niveles de administraciones, la reducción de
trámites burocráticos, la flexibilidad en la gestión,
supervisión y evaluación de proyectos, son aspectos básicos
para lograr el acceso a estos fondos. Pero la economía española
muestra claras deficiencias en la gestión óptima de todas
ellas. Esto fue evidente en la implementación de los fondos europeos
del último marco financiero plurianual 2014-2020. En 2019 solo se
había ejecutado un tercio de los 56.000 millones de euros disponibles.
Por tanto, se necesita una reforma profunda, junto con la agilidad necesaria
para presentar proyectos en el corto período de tiempo establecido.
La capacidad
para garantizar la creación de empleo estable y de calidad. España
necesita llevar a cabo una importante reforma en las modalidades de contratación,
para acabar con la distorsión que provoca el sistema de doble contrato
en su mercado laboral.
El uso extenso
e injustificado de contratos temporales representa la vía de flexibilidad
que utilizan la mayoría de las empresas para hacer frente a los
cambios en el ciclo económico. Esto conduce a un alto nivel de destrucción
de empleo en nuestra economía y a un aumento de la tasa de desempleo
en períodos de recesión.
Estas dos condiciones
antes mencionadas son fundamentales. No perdamos esta oportunidad.
EJEMPLO
DE PROYECTO A FINANCIAR CON FONDOS EUROPEOS
El tren de
pila de combustible de hidrógeno se desarrollará con financiación
de la UE
El proyecto
de 14 millones de euros del consorcio FCH2RAIL para diseñar, desarrollar
y probar un prototipo de tren alimentado con hidrógeno ha recibido
una subvención de 10 millones de euros de la Empresa Común
de Pilas de Combustible e Hidrógeno de la Comisión Europea
como parte del Programa Horizonte 2020
FCH2RAIL tiene
como objetivo producir un tren de cero emisiones que ofrezca un rendimiento
operativo que sea competitivo con los trenes diésel existentes,
utilizando tecnología que podría aplicarse tanto a vehículos
nuevos como renovados. El presupuesto total es de 14 millones de euros,
de los cuales el 70% provendría de fondos de la UE y el resto de
los socios del proyecto.
El consorcio
está dirigido por CAF, que tiene experiencia con la tecnología
de pilas de combustible a través de su filial de autobuses Solaris
recientemente adquirida. Los otros miembros son el centro de investigación
aeroespacial alemán DLR, el operador nacional español RENFE
y administrador de infraestructura ADIF, el fabricante de automóviles
Toyota Motor Europe, el administrador de infraestructura portugués
IP, el centro nacional de hidrógeno español CNH2 y el proveedor
de componentes de material rodante Faiveley Stemmann Technik. A cada miembro
del consorcio se le asignarán tareas específicas antes de
fin de año, lo que permitirá que el trabajo en el proyecto
de cuatro años comience en enero de 2021.
El prototipo
se producirá modificando una EMU de tres coches CAF Civia Class
463, un tipo que se encuentra en muchas redes de cercanías españolas.
Este estará equipado con un sistema de pila de combustible de hidrógeno
y baterías de titanato de litio, lo que permitirá operar
desde rutas electrificadas hasta líneas no electrificadas.
Las pruebas
y la autorización se llevarán a cabo en España, Portugal
y un tercer país aún por determinar.
El proyecto
explorará el uso del calor residual de las pilas de combustible
para mejorar la eficiencia energética. El programa de trabajo también
incluye la elaboración de normas técnicas europeas nuevas
y actualizadas para garantizar la interoperabilidad de los futuros trenes
de hidrógeno.
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