| Se diseña
una nueva sistemática para favorecer la relación entre la
Administración pública y la ciudadanía, con el fin
de facilitar la participación de ésta en la toma de decisiones
en materia ambiental, regulando el suministro de información, la
participación y el acceso a la justica en relación con la
protección del medio ambiente y la sostenibilidad. En este sentido,
cabe citar la normalización de la herramienta de tramitación
ambiental INGURUNET como medio para articular, entre otras, la gestión,
la investigación y la toma de decisiones.
El proyecto
de ley dedica una especial atención a la ordenación de las
actividades con incidencia en el medio ambiente, bajo las premisas de la
simplificación y la unificación de los procedimientos administrativos
previstos en la normativa sectorial, integrando requisitos, y eliminando
los obstáculos jurídicos y administrativos para el desarrollo
de las actividades, pero manteniendo, a su vez, los elevados estándares
de calidad ambiental propios de Euskadi.
Los instrumentos
de mejora ambientalson también objeto de regulación en el
proyecto de ley. En este sentido cabe citar los sistemas Europeos de Gestión
Ambiental EMAS y de etiqueta ecológica, el análisis del ciclo
de vida de productos y organizaciones, la ecoinnovación, la compra
pública verde, la fiscalidad ecológica o la realización
de acciones de voluntariado de interés ambiental general, todos
ellos considerados como mecanismos diseñados para impulsar la corresponsabilidad
pública privada en la protección del medio ambiente y el
cumplimiento de las obligaciones en esta materia.
La inspección
y el control de las actividades con incidencia ambiental, como garantía
de la adecuación a la legalidad de las actividades sometidas a la
ley, es objeto de una regulación pormenorizada junto con las previsiones
para la restauración de dicha legalidad y la exigencia de responsabilidad
por daños ambientales, incluyendo la aplicación de sanciones
como consecuencia de la realización de las infracciones que se tipifican
en la norma dentro de su régimen disciplinario.
En términos
generales, se trata de un proyecto que mejora sustancialmente la normativa
en vigor, porque avanza en el control de las actividades con posible impacto
en el medio, incorpora instrumentos que van más allá de esto,
tales como la figura de las entidades de colaboración ambiental,
el impulso del voluntariado ambiental, la hoy más que nunca necesaria
Compra pública Verde, y el futuro a través de figuras como
la Ecoinnovación y la fiscalidad ambiental.
La tramitación
parlamentaria permitirá debatir y recabar aportaciones que enriquezcan
el documento aprobado hoy en Consejo de Gobierno que, y según la
consejera “ofrece una base legislativa que es un buen punto de partida”.
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