| Ante esta
situación hay que hacer lo imposible por vincular las infraestructuras
con los fondos europeos (el Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia (RTRP) presentado por el gobierno para canalizar fondos europeos
del Fondo de Recuperación Next Generation EU (NGEU)). El plan proporcionado
hasta ahora es una descripción general inicial, aunque el plan final
deberá presentarse a la Comisión Europea antes del 30 de
abril de 2021 y debe aprobarse dentro de los dos o tres meses posteriores.
El resumen establece prioridades como infraestructura, construcción
sostenible y rehabilitación de viviendas, telecomunicaciones, energía,
entre otras (ver el primer cuadro con los principales epígrafes),
que están bien alineadas con los objetivos marcados por la Comisión
Europea.(principalmente inversión verde y digitalización),
aunque aún no se concretan los proyectos y sus hitos asociados.
En este artículo intentamos darle sentido a este plan y evaluar
las oportunidades que podría crear para nuestra economía.
España
podría recibir hasta 140.000 millones de euros entre 2021 y 2026,
entre transferencias no reembolsables y préstamos. De hecho, el
Gobierno tiene la intención de solicitar la suma de aproximadamente
72.000 millones de euros en 2021-2023, que representan la totalidad de
las transferencias no reembolsables, y dejar los préstamos para
más adelante. Se trata de importes muy significativos: para ponerlos
en contexto, la inversión pública en España en 2019
ascendió a 25.000 millones. El gobierno prevé implementar
26.634 millones de euros en 2021.
Aunque el primer
pago de la Comisión Europea (el 10% de las transferencias, o unos
5.900 millones de euros) no está previsto hasta mediados de 2021,
el gobierno tiene previsto empezar antes incluso de recibir los fondos
para acelerar las inversiones.
Implementar
proyectos por 26.634 millones de euros en 2021 antes de la propia implementación,
requeriría la selección y diseño de un gran número
de proyectos en un tiempo récord. Además, será necesario
establecer hitos, objetivos, costes y beneficios intermedios para cada
uno (como ha solicitado la Comisión Europea que se incluya en la
versión final del plan).
MECANISMOS
INSTITUCIONALES: ¿CÓMO PUEDE ESPAÑA SACAR EL MÁXIMO
PARTIDO A NGEU?
La NGEU representa
una oportunidad extraordinaria para dar un nuevo impulso modernizador a
la economía española, pero será fundamental contar
con mecanismos institucionales eficaces para sacarle el máximo partido.
Por tanto, será fundamental seleccionar los proyectos adecuados,
más aún si las inversiones se realizan con antelación,
antes de que la Comisión Europea les dé luz verde, ya que
el desembolso de los fondos estará condicionado a la consecución
de los hitos marcados. Para ello, sería recomendable crear un mecanismo
de gobernanza específico para evaluar, seleccionar y monitorear
los proyectos en cuestión.
En la actualidad,
la gestión de los fondos está a cargo de una Comisión
Interministerial presidida por el presidente del gobierno español.
Sin embargo, se desconoce el grado de participación de los expertos
y del sector privado (se establecerán una serie de foros y consejos
de alto nivel, aunque se desconocen los detalles y cómo se repartirán
las responsabilidades).
El gobierno
también estima que alrededor del 50% de las inversiones podrían
ser ejecutadas por las comunidades autónomas -con un papel protagonista
en áreas como vivienda, inversión ambiental y políticas
educativas-, lo que requerirá mecanismos de coordinación
eficaces entre administraciones.
Para implementar
los proyectos de manera efectiva, el Plan enfatiza la voluntad de fortalecer
las administraciones públicas. Este es un elemento clave dado que,
según el último Monitor Fiscal del FMI, los países
europeos con un sector público más eficaz son capaces de
implementar una mayor proporción de los fondos europeos que se les
asignan.
La trayectoria
de España en el uso de fondos europeos es claramente mejorable ya
que sólo se ha ejecutado el 34% de los fondos estructurales asignados
para 2014-2020).
LAS DIFICULTADES
DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS
Los fondos
estructurales tienden a destinarse a fines muy específicos, lo que
dificultaba la presentación de suficientes proyectos. El NGEU, por
el contrario, ofrece a los gobiernos nacionales un grado de elección
sobre en qué invertir, siempre que las políticas se alineen
con los objetivos establecidos por la Comisión: transición
verde, transición digital, etc. Por otro lado, existe la voluntad
de invertir en sectores con capacidad productiva preexistente.
El impacto
económico de estas inversiones y la luz verde definitiva del Consejo
Europeo -se necesita una mayoría cualificada- así como la
de la Comisión Europea dependerán no solo de si se cumplen
los objetivos intermedios de los proyectos, sino también de si se
cumplen acompañada de las reformas necesarias para impulsar el potencial
de crecimiento.
Las directrices
de la Comisión dejan claro que cada Estado miembro debe vincular
las inversiones de su Plan de Recuperación con las recomendaciones
específicas del Semestre Europeo. En el caso de España destacan
dos recomendaciones: facilitar la transición a contratos laborales
indefinidos para reducir la dualidad del mercado laboral del país
y asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones.
En este sentido,
habrá que ver cómo encajan las inversiones del Plan de Recuperación
con las reformas pendientes en estos ámbitos.
SEOPAN DETECTA
INVERSIONES POR VALOR DE 116.000 MILLONES DE EUROS EN EL TRANSPORTE Y LAS
INFRAESTRUCTURAS
Seopan detecta
inversiones por valor de 116.000 millones de euros en el transporte y las
infraestructuras
Así
lo ha asegurado el presidente de la patronal que reúne a las grandes
constructoras del país, Julián Núñez, durante
su intervención en el VI Foro Global de Ingeniería y Obra
Pública, donde ha abordado las principales palancas de actuación
de estos fondos.
Núñez
ha recordado que España recibirá casi 72.000 millones de
euros en ayudas directas por parte de Europa durante los próximos
tres años, lo que requiere de colaboración del sector privado
con el público para "aprovechar estos fondos y transformar la economía".
En este sentido,
ha señalado que el Gobierno ha trasladado su intención de
iniciar una nueva política para cumplir con este objetivo y que
ha quedado recogida en los próximos Presupuestos Generales del Estado
con su respectiva capacidad presupuestaria.
El presidente
de Seopan ha especificado que los 116.000 millones de euros identificados
se encuentran en cuatro principales palancas, la primera de ellas la del
refuerzo del transporte público y rehabilitación de viviendas,
que concentraría 62.000 millones de euros.
En esta partida,
el sector prevé reforzar los servicios de Cercanías, Metro,
vías de accesibilidad urbanas y aparcamientos disuasorios, así
como la rehabilitación integral de viviendas, actualizando su habitabilidad
y eficiencia energética.
El ámbito
de las infraestructuras y ecosistemas resilientes, por su parte, coparía
27.000 millones de euros, divididos en tres líneas, la conservación
y restauración de la biodiversidad, la preservación recursos
hídricos y la movilidad sotenible, segura y conectada.
Mientras que
los proyectos orientados a la transición energética acapararían
5.000 millones de euros; la última de las cuatro partidas, la de
reforzar la capacidad del sistema nacional de salud, concentraría
los 22.000 millones de euros restantes.
Esta actuación
cuenta con la previsión de reducir a cero las listas de espera de
pacientes con 12.000 nuevas camas hospitalarias, teniendo en cuenta que
España solo tiene capacidad para atender al 14% de población,
frente al 22% de media en Europa.
Seopan
ha identificado proyectos en 4 ejes, en 10 políticas palanca y con
30 líneas de acción que, aunque ha reconocido que no son
los únicos que se deberían hacer, tienen un encaje directo
en la iniciativa del Gobierno "España Puede".
Se ha referido
por ello a iniciativas dentro de la agenda urbana y rural que suman 62.000
millones y que contemplan el refuerzo del transporte público con
40.000 millones o la rehabilitación de vivienda y regeneración
urbana, con 22.000 millones.
También
se han analizado infraestructuras y ecosistemas resilientes por 27.000
millones, entre los que destacan 3.000 millones en infraestructuras de
regadío o 17.000 millones en la preservación de recursos
hídricos y en el ciclo del agua.
Además,
se han identificado 7.000 en conexiones ferroportuarias, 5.200 millones
en proyectos relacionados con la transición energética o
4.000 millones para reforzar el sistema nacional de salud.
Durante su
intervención, Núñez ha destacado, además, que
para aprovechar esta oportunidad que suponen los fondos europeos es necesario
elevar la financiación privada y ha lamentado que las empresas españolas
tengan que hacer fuera lo que no se hace en España, que cuenta con
una regulación "absurda" en materia de concesiones y en el que se
recurre siempre a los tribunales para dirimir las disputas.
157.000 M€
LAS NECESIDADES PRIORITARIAS DE INVERSIÓN PARA REACTIVAR LA ECONOMÍA
PREVISTAS POR SEOPAN
Se trata
de infraestructuras medioambientales y sociales desglosadas en:
–
23.600 M€ para construcción de hospitales y reducir los fallecidos
en carreteras (ODS 3),
–
5.253 M€ para garantizar la disponibilidad y gestión del agua
y del saneamiento (ODS 6),
–
32.435 M€ en energía asequible y no contaminante; sector residencial
y terciario (ODS 7)
–
17.548 M€ para incrementar la resiliencia y calidad de nuestras infraestructuras
(ODS 9),
–
74.784 M€ para la sostenibilidad medioambiental y social de nuestras
ciudades (ODS 11),
–
3.848 M€ para combatir la sequía y las inundaciones (ODS 15).
Estas inversiones,
a ejecutar durante el periodo 2021/2030, generarían 144.870 M€
de actividad económica inducida, 2.362.020 nuevos empleos, con un
volumen de importaciones de solo el 9% de la demanda final, y un retorno
fiscal de 77.159 M€.
SEOPAN, la
Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras,
ha valorado en 157.000 millones de euros (M€) las necesidades de inversión
prioritarias en infraestructuras para los próximos diez años,
que, además de cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles
(ODS) marcados por Naciones Unidas comprometidos por España, servirán
como palanca de reactivación de la economía, tras la actual
crisis sanitaria. De esta manera, se incluyen 23.600 M€ más,
con relación a la cifra presentada en marzo, para resolver las carencias
en hospitales y ampliar la capacidad sanitaria, además de reducir
las victimas por accidentes de tráfico, (ODS 3) y 32.435 M€
para conseguir energía asequible y no contaminante en el sector
residencial y terciario (ODS 7).
En este sentido,
respecto al ODS 3 “Salud y Bienestar”, la Asociación ha detectado
una que hará falta invertir 21.400 M€ en 56.303 camas hospitalarias
en España para incrementar la capacidad asistencial del 14,6% al
21,7% (media de la Organización para la Cooperación de Desarrollo
Económico). En este ODS se incluyen también las inversiones
para reducir a la mitad las lesiones y muertes por accidentes de tráfico,
que, según la Asociación Española de la Carretera
(AEC) se concentran en un 78% en las vías convencionales, implicando
un coste por daños personales de más de 10.000 M€/año.
La necesidad de inversión en esta infraestructura se valora en 2.200
millones de euros.
En relación
con el ODS 7, “Energía asequible y no contaminante”, la inversión
está centrada en mejorar la eficiencia energética en el sector
residencial y terciario a través de la inversión en infraestructuras
para reducir el consumo de energía primaria (reducir 9.485,1 ktep
en 2021-2030) y se desglosaría en 22.431 M€ en edificios existentes
del sector residencial, 3.671 M€ en edificación del sector
terciario y 6.333 M€ en grandes instalaciones de climatización.
Igualmente,
y como se detalló en la rueda de prensa anual de SEOPAN del pasado
mes de marzo, para llegar a cumplir el ODS 6 “Agua limpia y saneamiento”
y terminar con 29 años de incumplimiento de la Directiva 91/271/CEE
de tratamiento de aguas residuales urbanas, hay que invertir 3.506 M€
en infraestructuras de depuración, ya que, actualmente, solo un
32% de nuestros municipios de más de 10.000 habitantes dispone de
sistemas de depuración terciarios y las sanciones de la Comisión
Europea (CE) desde 2018 representan 32,7 M€. Además, se necesitan
1.747 M€ en infraestructuras para mejorar la gestión de recursos
hídricos en materia de regulación y reutilización,
y protección de los ecosistemas del agua.
Para alcanzar
el ODS 9 “Industria, Innovación e Infraestructura” deberemos invertir
2.898 M€ en mejorar la calidad de las redes de saneamiento, distribución
y suministro de agua, 7.000 M€ en conservación de carreteras
y 7.650 M€ en infraestructuras regionales y transfronterizas de transporte
ferroviario de mercancías, conexiones ferro portuarias y logística.
Para el ODS 11 “Ciudades y comunidades sostenibles”, se deberán
destinar 30.776 M€ en ampliar la infraestructura de transporte público,
27.034 M€ en mejorar la movilidad en vías urbanas e interurbanas,
6.000 M€ en crear infraestructura verde en el ámbito urbano,
6.521 M€ en reducir el impacto de los residuos municipales y 4.453
M€ en servicios de alcantarillado y depuración y mejora de
las vías interurbanas regionales. Por último, cumplir el
ODS 15 que reclama luchar contra la desertificación, la sequía
e inundaciones que, en el caso de España, son causa de las mayores
catástrofes naturales requerirá invertir 2.910 M€ en
infraestructuras para prevenir la desertización y la sequía,
y 938 M€ en prevención de inundaciones.
Estas inversiones,
a ejecutar durante el periodo 2021/2030, generarán 144.870 M€
de actividad económica inducida, 2.362.020 nuevos empleos, con un
volumen de importaciones necesarias de solo el 9% de la demanda final,
y un retorno fiscal de 77.159 M€.
El actual nivel
de inversión pública, que se encuentra en niveles de mínimo
histórico (equivalentes a los de 1980) no permite siquiera cubrir
las inversiones de reposición del stock de capital público.
Además, la coyuntura económico-financiera actual, con fuertes
incrementos del déficit y deuda pública en 2020 y 2021, junto
con las proyecciones de incremento de gasto público en prioridades
sociales, no permitirá incrementar en un 70% la inversión
pública presupuestaria actual que es lo que se necesitaría
para llegar a estos objetivos. Por ello, resulta imprescindible recuperar
el modelo concesional en la contratación pública, que no
impacta en el déficit ni en la deuda pública y no altera
la titularidad pública de la infraestructura.
Según
Julián Núñez, presidente de SEOPAN, “El modelo concesional
está en desuso desde 2012 y debemos plantearnos poner en valor los
activos públicos que tenemos mediante la participación de
los usuarios directos en su sostenibilidad económica, en particular
nuestra red de carreteras, al igual que hacen el resto de los países
de la Unión Europea”.
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