COLABORACIÓN
PÚBLICO PRIVADA DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN
Y RESILIENCIA
El plan propone
incentivar mecanismos de colaboración público-privada para
el desarrollo de soluciones tecnológicas que aumenten la productividad
a lo largo de toda la cadena de valor de estos sectores, en los que España
cuenta con una posición de liderazgo.
La envergadura
de estos retos requiere del concurso del conjunto de la sociedad, articulado
a través del Gobierno, las instituciones europeas, el Parlamento,
las comunidades autónomas y corporaciones locales, y de los agentes
sociales. La colaboración público-privada será clave
para la ejecución de los distintos proyectos tractores contemplados
en el Plan.
La COLABORACIÓN
PÚBLICO-PRIVADA constituye un cuarto principio director indispensable,
para aumentar la capacidad de inversión de los proyectos tractores
y movilizar empresas y agentes sociales, llegando al conjunto del tejido
productivo. Suponiendo un grado de apalancamiento privado en línea
con la experiencia internacional en este tipo de proyectos, de 1:4 (4 euros
privados invertidos por cada euro público), los 140.000 millones
de origen público podrían multiplicar su efecto movilizando
un total de hasta 500.000 millones de euros para inversión del sector
privado. El uso de instrumentos financieros, como por ejemplo los fondos
público-privados de inversión (para I+D, startups, o digitalización…),
puede ser útil para articular esta imprescindible colaboración
con el sector privado.
Es preciso
poner en marcha una agenda de REFORMAS ESTRUCTURALES, vinculadas directamente
a la financiación de estas políticas palanca, que incorporen
inversiones y cambios normativos para que la acción combinada de
estos dos elementos maximice y acelere el impacto sobre el conjunto de
la economía. Así, para acompañar el impacto de la
inversión pública y privada, es preciso poner en marcha reformas
normativas de carácter horizontal que permitan una mejora generalizada
de la productividad y una mayor eficiencia en el gasto público,
generando un círculo virtuoso con los proyectos de inversión.
¿QUÉ
ES LA COLABORACIÓN PÚBLICO PRIVADA - Public-Private Partnership
(PPP)?
No existe
un consenso internacional sobre la definición detallada de una asociación
público-privada (APP).
En la práctica,
estas iniciativas adoptan diversas formas, según la legislación
vigente y las características culturales de los interesados en el
país en cuestión.
Sin embargo,
desde una perspectiva empresarial, una APP se describe generalmente como
un acuerdo a largo plazo entre una autoridad pública y una empresa
privada (o consorcio), mediante el cual la empresa privada administra algunos
servicios que generalmente son competencia de la autoridad pública.
El acuerdo
define objetivos comunes y una especificación precisa de los resultados
relacionados con la entrega de infraestructura y / o servicios públicos.
Las APP suelen
incluir una forma de financiación de proyectos en la que el sector
privado se hace cargo de los costos iniciales de la provisión de
infraestructuras públicas.
Un acuerdo
de APP, por el cual la autoridad pública retiene la misión
de servicio público pero invita a la empresa privada a financiar,
construir, renovar, operar y mantener la infraestructura y / o suministrar
un servicio.
Bajo este acuerdo
a largo plazo (típicamente de 10 a 15 años), la empresa privada
genera sus ingresos a través de una tarifa cobrada a la autoridad
pública. Estos ingresos están vinculados a los objetivos
de desempeño definidos en el contrato.
La responsabilidad
de la financiación del proyecto recae principalmente en la empresa
privada; sin embargo, la autoridad pública también puede
participar, en particular mediante subvenciones.
Los riesgos
se comparten entre la autoridad pública y la empresa privada, de
acuerdo con los términos del contrato y caso por caso. En general,
los riesgos técnicos y operativos recaen en la empresa privada,
los riesgos de tráfico en la autoridad pública.
PPP
Una Concesión,
por la cual la autoridad pública (conocida como la "autoridad de
concesión"), otorga a la empresa privada (conocida como el "concesionario"),
el derecho a utilizar sus activos.
El concesionario
es responsable de la operación de la infraestructura y los servicios
públicos y asume los riesgos y costos relacionados con la administración
de la infraestructura y los activos existentes, así como de las
nuevas instalaciones.
El concesionario
asume la responsabilidad de todas las inversiones relacionadas y es remunerado
por los ciudadanos.
No es sorprendente
que una concesión sea un acuerdo a largo plazo. En el ámbito
de la Gestión de Identidad, diez años constituyen un mínimo
para amortizar inversiones y cubrir riesgos.
La autoridad
pública conserva la propiedad de sus activos. Esta propiedad incluye
los activos adquiridos por la empresa privada durante el período
de concesión.
Al final del
contrato, la autoridad pública recupera sus activos en su estado
correcto.
ASOCIACIÓN
PÚBLICO PRIVADA VS CONCESIÓN
La autoridad
pública mantiene el control y los beneficios de acuerdo con el contrato
de concesión.
¿QUÉ
SON LOS ACUERDOS BUILD OPERATE TRANSFER O BUILD OWN OPERATE TRANSFER?
Acrónimos
como BOT (Build Operate Transfer) o BOOT (Build Own Operate Transfer) son
comunes en los modelos de Asociación Público-Privada y acuerdos
de concesión; sin embargo, pueden crear discrepancias y malas interpretaciones
dentro de las definiciones proporcionadas anteriormente.
Las APP y las
concesiones son dos tipos de acuerdos que están bien definidos por
leyes basadas en códigos, como el vigente en Francia.
Incluso si
se utilizan los mismos conceptos y principios, en el sistema del common
law, la prioridad radica en la voluntad de las partes interesadas de llegar
a un acuerdo.
Esta voluntad
está detrás de muchos contratos que se construyen alrededor
de tales siglas; son "a medida", con su título presentando las principales
características acordadas por las partes involucradas: por ejemplo,
Diseño, Construcción, Poseer, Operar, Financiar, Mantener,
Transferir, etc.
BENEFICIOS
CLAVE DEL MODELO APP PARA LOS GOBIERNOS
En el campo
de la gestión de la identidad nacional, el gobierno debe considerar
un modelo de asociación público-privada si está convencido
de que asociarse con una empresa o consorcio privado obtendrá una
mejor relación calidad-precio que el suministro, financiación
y operación de dichos servicios.
RIESGO COMPARTIDO
EN LAS APP
Implementar
una infraestructura de identidad física y digital y operarla de
manera eficiente son desafíos importantes. Pero con el modelo de
APP, las autoridades públicas pueden transferir algunos de los riesgos
que implica una empresa privada que tiene las habilidades y la experiencia
para manejarlos mejor.
De hecho, el
concepto de riesgo compartido constituye la esencia misma de la asociación.
En última instancia, solo los riesgos relacionados con la ejecución
de las responsabilidades gubernamentales quedan en manos de la autoridad
pública.
CAPACIDAD FINANCIERA
SÓLIDA
Suponiendo
que el caso de negocio propuesto por la autoridad pública sea rentable,
tal oportunidad debería atraer a una empresa privada o consorcio
que desee implementar y operar el proyecto.
Deben ser capaces
de demostrar su capacidad para administrar la entidad local, su flujo de
caja en moneda local y todos los pasos financieros y legales relacionados
con dichos procesos.
Entonces es
probable que la empresa privada solicite a varios inversores que participen
e inviertan en el proyecto, a través de acciones u otros tipos de
préstamos.
También
es fundamental verificar que este grupo de inversores y prestamistas esté
genuinamente dedicado al éxito del proyecto, no solo en los buenos
tiempos, sino también en los malos, que pueden encontrarse de vez
en cuando a lo largo de cualquier contrato. Una empresa sólida y
con una financiación segura es sin duda uno de los ingredientes
fundamentales para una APP exitosa.
Incluso cuando
un negocio propuesto por la autoridad pública es creíble
y gana apoyo, pueden surgir desafíos y problemas de contratos a
largo plazo. Los socios pueden superar estos obstáculos, pero esto
puede implicar negociaciones prolongadas. Por encima de todo, el proyecto
debe seguir ejecutándose; cualquier compensación necesaria
puede resolverse en una etapa posterior.
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