Tendrán
en todo caso esta consideración:
a)
Las actividades de tipo industrial y comercial mencionadas en el anexo
I del Real decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación
de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y
estándares para la declaración de suelos contaminados.
Quedarán
excluidos todos aquellos emplazamientos en los que, aun estando la actividad
incluida en dicho anexo, la actividad realizada en el emplazamiento sea
única y exclusivamente de carácter administrativo.
b) Las actividades
que producen, manejan o almacenan más de 10 toneladas al año
de una o varias de las sustancias incluidas en el Real decreto 363/1995,
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre notificación
de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias
peligrosas.
c) Los almacenamientos
de combustible para uso propio según el Real decreto 2085/1994,
de 20 de octubre, y las instrucciones técnicas y complementarias
MI-IP03 y MI-IP04 con un consumo anual medio superior a 300.000 litros
y con un volumen total de almacenamiento igual o superior a 50.000 litros.
Según explicó
el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Fiejóo, con
esa nueva norma “Galicia se situará a la cabeza de las regiones
europeas en la transposición de la Directiva en materia de plásticos”.
Respecto al
objetivo de reducir las cantidades actuales de desperdicio alimentario,
se establece, por primera vez por ley en Galicia, que los titulares de
establecimientos de restauración estarán obligados a entregar
las fracciones sobrantes de alimentos no consumidas por los clientes en
recipientes que estén compuestos con un 50% de material biodegradable,
quedando totalmente prohibida la vajilla de plástico.
Además,
según explicó el presidente de la Xunta, se establece que
en 2023 los ayuntamientos deberán implantar la recogida separada
de los biorresiduos, y en 2024 será el turno de los residuos textiles
y residuos peligrosos de origen doméstico.
Feijóo
concluyó que con este nuevo texto legislativo, junto con las estrategias
de Economía Circular y de Cambio Climático y Energía,
“cerramos las herramientas que la Unión Europea se compromete con
los Estados miembros a implementar en los plazos previstos”.
La nueva ley
de residuos y suelos contaminados de Galicia deberá ahora ser aprobada
definitivamente por el Parlamento Gallego para su entrada en vigor.
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