Los ingenieros, en una nota que firma Andrés Rico, representante en Alicante, advierten de que "desviamos y estrechamos los cauces, realizamos desarrollos urbanísticos desmesurados, construimos en zonas y áreas donde el riesgo de inundación es muy elevado, implantamos industrias en ramblas y territorios con elevado riesgo. No tenemos bien reflejado con estudios pormenorizados los graves problemas que pueden provocar estos fenómenos extraordinarios en los PGOU de muchos municipios, hacemos caso omiso a las recomendaciones de los profesionales expertos en materia de inundación y, por supuesto, asistimos a un grave problema administrativo en nuestra comunidad y nuestro país que agrava más si cabe la situación: la excesiva burocracia".

Los ingenieros subrayan que son diversos los factores los que han desencadenado las inundaciones, entre los que destacan el desbordamiento de la rambla de Abanilla, que ha provocado la inundación de Redován, el polígono de Puente Alto en Orihuela y la huerta. Además, las crecidas en la rambla Salada y la rambla de la Algüeda, -afectando a Granja de Rocamora, Cox, Albatera, San Isidro-, unido al caudal proveniente del río Segura y que ha presentado desbordamientos desde el Valle de Ricote en Murcia hasta Orihuela. Por último, la desgraciada rotura, entre otras, del encauzamiento del río Segura a su paso por Almoradí, ha generado los daños e inundaciones más que destacables en todos los municipios aguas abajo desde Orihuela hasta la desembocadura del río en Guardamar.

"Mención especial queremos hacer desde nuestro Colegio al Canal de Santomera. La presa ha ayudado a absorber 19 hm3 que de otra forma hubieran desembocado en el río Segura, habiendo desaguado por fondo y de forma controlada caudales escasamente comprendidos entre los 10 y 15 m3/s, por lo que no ha sido la causante de la inundación, sino que nos ha ayudado a contener y laminar el agua. Sin embargo, debemos analizar cuidadosamente el fallo de los muros de contención del encauzamiento del río Segura en Almoradí", subaya el Colegio en su comunicado.

"Los profesionales de todo tipo en la Administración que trabajan en materia de inundabilidad se encuentran desbordados puesto que no disponen de recursos humanos para atender el elevado número de expedientes que deben de resolver. Las competencias, que parecen estar claramente delimitadas, generan controversias entre la administración autonómica y las Confederaciones Hidrográficas, donde esos profesionales tampoco dan abasto. Estamos ante un problema de base en el que para tomar decisiones necesitamos muchos años", añade el comunicado firmado por Andrés Rico.

El Colegio sostiene que el que se ponga remedio solo con obras y estudios de emergencia tras las desgracias acaecidas de poco sirve. "Insistimos, se debe planificar y prevenir con una mirada a largo plazo. La tecnología de la que disponemos en materia de predicción meteorológica, cada vez más fiable gracias a AEMET, y la velocidad de comunicación de las redes sociales han permitido evitar la pérdida de un mayor número de vidas humanas. Esta velocidad es la que le pedimos a nuestra administración y a nuestros representantes políticos para poder hacer frente a estos problemas. Colaboremos todos juntos porque nuestra gente, nuestra tierra y la naturaleza nos necesitan".

EN ESPAÑA HAY 50.000 CONSTRUCCIONES SOBRE CAUCES Y ZONAS DE RIESGO DE INUNDACIÓN QUE INCUMPLEN LA NORMATIVA

El principal problema, según Santiago Barajas, responsable de Ecologistas en Acción en materia de agua, es que se ha permitido construir sobre cauces y zonas de riesgo de inundación, en contra de la normativa. "Estimamos que, en todo el país, hay del orden de 50.000 construcciones sobre cauces y zonas de riesgo, y la mayoría son viviendas", aduce Barajas, quien alega llevar 25 años reclamando que no se permita ni una construcción más y que se eliminen las existentes, tal y como exige el artículo 28 del Plan Hidrológico Nacional. "En la costa mediterránea, la voracidad urbanística que ha imperado en la segunda mitad del siglo XX y en lo que llevamos de siglo XXI ha hecho que no se paren a pensar en los cauces antes de construir, de forma que hay viviendas, incluso urbanizaciones caras, que están en riesgo de inundación".

Barajas califica de "dejación" la actitud con que el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) ha afrontado esta situación, en tanto que los cauces dependen de las confederaciones hidrográficas. Denuncia que el organismo no ha garantizado que se cumpla la regulación, pero insiste en que "la culpa no sólo es del Miteco, sino también de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos", a quienes acusa de pensar en el corto plazo y de no tomar medidas (como la demolición de las viviendas construidas sobre los cauces) por ser impopulares. "Pero hay que gobernar pensando en el futuro de la gente", asevera.

Jorge Olcina, catedrático de Geografía de la UA y presidente de la Asociación de Geografía de España, señala que “se han seguido ocupando áreas inundables durante décadas a pesar de la reiteración e intensidad de las gotas frías mientras las administraciones no han actuado con la diligencia necesaria”. Para explicarlo pone dos ejemplos: Comunidad Valenciana y Murcia. En el primer caso, la administración valenciana aprobó en el 2003 el Patricova, un plan de acción territorial, que se modificó en el 2015, para evitar construir en zonas inundables. “El problema es que en las décadas anteriores no existía ese plan y se hicieron actuaciones que siguen generando enormes problemas cuando se producen estos fenómenos climáticos”. No es el caso de Murcia, apunta, donde no existe una plan similar al valenciano. El problema se ha visto ahora en toda su magnitud –añade– en los municipios del mar Menor como San Javier o Los Alcázares, que pagan ahora dos décadas de imprevisión.

Pero, a pesar del Patricova, Jorge Olcina recuerda que el 85% de los municipios valencianos “no tiene un plan de evacuación en caso de inundaciones, a pesar de que es su obligación”. Y se asombra al recordar que ni en la Comunidad Valenciana ni en Murcia existen suficientes “mapas de riesgo” para valorar las áreas geográficas que más sufren con la gota fría. “Las ciudades del Mediterráneo deben ponerse las pilas ante el cambio climático que viene, porque todo apunta a que va a haber más crisis climáticas”, advierte.
 

ANTECEDENTES 11 de octubre de 2018
 
NOTICIA ADAPTADA AL SISTEMA EDUCATIVO inmoley.com DE FORMACIÓN CONTINUA PARA PROFESIONALES INMOBILIARIOS. ©
LAS INUNDACIONES Y RIADAS EN EL URBANISMO DE BALEARES 
¿Qué guía práctica soluciona este tipo de casos?
La guía práctica inmoley.com de Urbanismo de Baleares
Convertir conocimiento en valor añadido > Herramienta práctica >Guías prácticas
¿Qué debe saber un profesional en un caso práctico como el de la noticia?
El estudio ambiental estratégico de la Demarcación Hidrográfica de Illes Balears, titulado “Plan de gestión del riesgo de inundación (2015)” advertía del alto coste de las medidas preventivas (pág 74 y sig) y de la necesaria adopción de medidas de ordenación territorial y urbanismo "ordenación territorial y urbanismo. Limitaciones a los usos del suelo en la zona inundable. Criterios para considerar el territorio no urbanizable. Criterios constructivos para edificaciones en zona inundable. Medidas para adaptar el planeamiento urbanístico."
Ver informe (217 págs)
En zonas de alto riesgo por inundación o riadas hay que adaptar los usos del suelo al peligro al que están sometidos, por ejemplo orientar las calles en paralelo al flujo del río para evitar embalses, demolición de viviendas en el curso, prohibir el almacenamiento de productos tóxicos o peligrosos en los cauces, prohibir verjas en las ventanas de las plantas bajas, exigir accesos por escalera a las plantas superiores desde la primera planta para poder subir a zonas altas de la vivienda. La prevención es la clave del Plan de gestión del riesgo de inundación de la Demarcación Hidrográfica de las Islas Baleares (2016).