| Según
fuentes consultadas, existe preocupación por el proceso judicial
anunciado por Ecologistas en Acción, la Federación Regional
de Asociaciones Vecinales de Madrid (Fravm) y la Plataforma Zona Norte.
Según estas asociaciones, el plan es «medioambientalmente
insostenible» por su «desmedida edificabilidad», sobre
todo la dedicada a oficinas, que agrava el desequilibrio territorial. Asimismo,
alertan de que se acometerá con un convenio «lesivo»
que permite a una empresa privada gestionar suelos públicos. «No
existe verdadera vivienda protegida en la Operación Chamartín».
Ecologistas en Acción sostiene que se está hablando de viviendas
de protección, cuando no es cierto. La Ley de suelo obliga a construir
viviendas con algún grado de protección (VPP), cada vez que
se desarrolla un nuevo ámbito de suelo. Según esta asociación,
la vivienda social de protección, la verdadera vivienda protegida
en alquiler, no existe en la Operación Chamartín, a pesar
de que casi un 80% del suelo era indirectamente público (propiedad
de Adif, Ministerio de Fomento, Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid,
Canal de Isabel II). Si el Tribunal superior de justicia de Madrid exigiese
como medida provisional una determinación de la vivienda protegida
condicionaría todo el plan, ya que de la redacción actual
podrían incluirse modificaciones indirectas que afectarían
a la edificabilidad. El debate se va a enfocar en la exigencia de una mayor
precisión en las previsiones de vivienda social. |
