Las discrepancias radican en que la norma puede interpretarse como la creación de nuevas cesiones de suelo o diferentes a las que prevé la normativa estatal, lo que entraría en conflicto con las competencias que tienen las autonomías.

Por ello, se ha acordado la creación de un grupo de trabajo entre la Administración central y el Consell para clarificar, en las actuaciones urbanísticas en suelos urbanos ya edificados, los casos en que procede exigir las cesiones por aprovechamiento urbanístico a la Administración con destino a mejorar las dotaciones públicas.

Desde el Consell, explican que se trata de un tema de redacción de la norma lo que ha planteado dudas sobre su legalidad a la Administración del Estado, ya que la Abogacía de la Generalitat considera que la Lotup "no ha vulnerado las competencias estatales porque no se están regulando más cesiones ni cesiones diferentes de las previstas en la legislación estatal, sino que está especificando cómo se cuantifica el porcentaje de cesión, cómo se compensa el excedente de aprovechamiento y cómo se materializa ese excedente de aprovechamiento en un supuesto muy concreto". 

Además, destacan que el espíritu de la ley es "favorecer las actuaciones de renovación, regeneración y rehabilitación urbana para facilitar las intervenciones en el suelo urbanizado destinadas a mejorar la calidad de estos ámbitos que pueden estar infradotados y deteriorados".