| El objetivo
es alcanzar un equilibrio claro y firme entre la preservación medioambiental
y el derecho de los propietarios de estas viviendas a acceder a servicios
básicos para regularizar así la situación de sus construcciones,
según el consejero de Presidencia, que añadió que
«no se trata de una amnistía general, sino de buscar una solución
que pretende analizar qué viviendas cumplen las condiciones de salubridad
y seguridad y no suponen afección alguna al medio ambiente, ya sea
por su impacto ecológico, paisajístico, por los residuos
que puedan generar o por cualquier otro parámetro, para determinar
así su regularización definitiva».
Para ello,
Bendodo explicó que la Consejería de Fomento, Infraestructuras
y Ordenación del Territorio prevé elaborar planes especiales
autónomos, no dependientes de los planes generales, como vía
más ágil y específica para resolver la situación
de estas viviendas irregulares, al mismo tiempo que se contempla también
ampliar el reconocimiento de la figura ya existente de asimilado fuera
de ordenación (AFO) a los propietarios de estas viviendas. Esta
fórmula se aplicó ya anteriormente para asentamientos en
suelo no urbanizable y, aunque reconoce la situación de ilegalidad
de las edificaciones, permite a sus ocupantes acceder al menos a los servicios
básicos y resolver o minimizar problemas ambientales.
El número
tres del ejecutivo autonómico dejó claro que no se trata
de «un borrón y cuenta nueva, sino de analizar todos los casos
e intentar regularizar las máximas viviendas posibles desde el necesario
equilibrio ambiental y legal». «Queremos dar certidumbre y
arreglar lo que tenga arreglo, evidentemente que la casa que se encuentre
en el cauce de un río habrá que derribarla, pero si está
en uno de sus márgenes tal vez pueda tener una solución»,
aseveró Bendodo.
Además,
abogó por evitar que en el futuro puedan volver a darse este tipo
de construcciones y anunció para ello el reforzamiento sobre estos
asentamientos a través de una labor inspectora y sancionadora más
férrea. La pretendida regulación que va a impulsar la Junta
permitirá a los propietarios de estas edificaciones acceder al registro
de la propiedad, los servicios básicos de abastecimiento y depuración
de agua y suministro eléctrico, así como a un régimen
de obras acorde a su situación.
El consejero
eludió cifrar el volumen de viviendas que pueden ser regularizadas
y apuntó a la intervención esta semana en el Parlamento andaluz
de la titular de Fomento, Marifrán Carazo, que ofrecerá más
detalles sobre esta iniciativa.
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