La consellera justificó la urgencia de acudir al decreto ley en el aumento que han sufrido los precios de los alquileres, que a su juicio no se ajusta “ni a los salarios ni al incremento de la capacidad adquisitiva que tiene el país”.

En Cataluña, señaló la conselleria, el precio medio del alquiler ha crecido un 29% en los últimos cinco años, alcanzando los 698 euros, 160 más que en 2013, y ya está a un nivel superior al registrado antes de la crisis, especialmente en Barcelona, donde el precio medio de un piso de alquiler de 72 metros cuadrados es actualmente de 949 euros, según el Incasòl. Fuentes de la conselleria explicaron que si un propietario arrienda su piso por encima del valor máximo el inquilino podrá acudir al juzgado a reclamar que el dueño le devuelva las cantidades que ha pagado en exceso.

La nueva norma va más allá de la regulación de los alquileres aprobada por el Gobierno español y se basa en la competencias exclusivas que tiene Cataluña para regular el Código Civil. Sin embargo, será la primera vez que éste regule directamente los contratos de alquiler de viviendas. La consellera reivindicó las “competencias propias” de Cataluña y pidió “lealtad” al Gobierno y al futuro ministro de Fomento para respetar esta regulación.

El inquilino podrá reclamar en el juzgado que le devuelvan lo pagado de más.

El Departamento de Justicia tiene previsto reunirse en los próximos días con asociaciones de propietarios, sindicatos de inquilinos y otras organizaciones sociales para a su juicio elaborar una ley que “sea coral, equilibrada, y recoja sensibilidades y preocupaciones de todos”, según la consellera. El presidente del Colegio de Apis, Gerard Duelo afirmó que los agentes de la propiedad están “cien por cien de acuerdo” con la necesidad de regular los alquileres, aunque estudiarán “cómo y cuándo” debería realizarse.

MEMORIA PRELIMINAR DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE ARRENDAMIENTOS URBANOS DE CATALUÑA

La consejera de Justicia de la Generalidad de Cataluña, Ester Capella, ha anunciado este lunes que preparan un anteproyecto de ley para regular los alquileres de viviendas, a través del Código Civil catalán, que alargará la duración mínima de los contratos a entre seis y diez años y prevé poder limitar precios.

En una comparecencia en el barrio del Raval de Barcelona, junto al director general de Derecho y Entidades Jurídicas, Xavier Bernadí, Capella manifestó recientemente que están estudiando que la norma establezca condiciones diferentes para particulares y sociedades, y que la duración mínima de los contratos para los primeros será inferior que los segundos.

El nuevo proyecto prevé posibilitar la limitación de los precios de alquiler al departamento competente en materia de vivienda directamente o capacitando a los ayuntamientos para hacerlo, e incluirá un paquete de medidas para que el arrendamiento de inmuebles se haga con mejores garantías y que busque "la preservación de derechos y deberes de todas las partes".

COMPETENCIAS

Capella ha destacado en su intervención que la Generalidad actúa en "el ejercicio de sus competencias propias como país" y que prevé poder debatir la ley en el Parlamento regional a finales de año, y que se presente la memoria preliminar a finales de abril. Así, ha resaltado que es "la obligación principal" de todo representante político desplegar la legislación que quiere proteger e intentar mejorar la vida de la ciudadanía, y es una prioridad del Gobierno catalán regular el contrato de arrendamiento.

Al preguntársele si teme que el Gobierno español pueda recurrir la norma ante el Tribunal Constitucional, la consejera ha pedido al Ejecutivo que "respete las competencias propias del Govern de Cataluña", y ha destacado que se están limitando a aplicar el Estatuto en el marco del desarrollo del derecho privado.

El objetivo de esta nueva norma es ejercer la competencia exclusiva en materia de derecho civil para contribuir al acceso a la vivienda y hacerlo compatible con el turismo y el negocio inmobiliario, ha destacado el departamento en un comunicado. Según Capella, el nuevo decreto quiere "evitar la litigiosidad cuando se rescinde un contrato", así como la estabilización del mercado de alquiler, reduciendo la diferencia entre el incremento de los precios de alquiler y el estancamiento de los salarios.

La duración mínima de los alquileres era de cinco años hasta 2013, cuando se redujo a tres años con la reforma de la Ley de arrendamientos urbanos (Lau), y ahora el Gobierno central está pendiente por segunda vez de que el Congreso apruebe su Real decreto ley para volver al plazo de cinco años.