El documento es fruto del consenso del Sector de la Construcción balear en su conjunto, representando a más de 16.500 empresas en Balears y a más del 10% de la fuerza laboral de las islas. El vicepresidente de CAEB ha destacado que “con este documento invitamos a los agentes sociales y a toda la sociedad balear a participar en el ‘Libro Blanco del Urbanismo y la Edificación en Balears’, que ha de servir de guía para definir los próximos 20 años de actuación pública y privada y resolver las necesidades de las islas y de su población en materia de vivienda, infraestructuras y urbanismo”.

El presidente de la Comisión de Construcción de CAEB ha destacado que “Balears debe resolver el problema de la vivienda y las infraestructuras con responsabilidad y valentía porque nos acercamos a un conflicto social”. Óscar Carreras ha explicado que “Balears se enfrenta ya a un escenario de enorme dificultad e importantes consecuencias sociales en el que el acceso a la vivienda para la población residente se hace cada día más complicado con unos precios inaccesibles, y al alza, tanto para la compra como para el alquiler. A la vez, las infraestructuras están desactualizadas y no dan abasto para el creciente número de residentes y visitantes”. “Mientras, las sucesivas administraciones han ido apostando por un enorme acúmulo legislativo, parches a corto plazo, que solo ha provocado una tremenda inseguridad jurídica y que prácticamente nada han aportado a la solución estructural de estos problemas”, ha añadido Carreras.

“Es preciso anteponer las nuevas necesidades de la población y un nuevo ecosistema de valores hacia entornos más limpios y descarbonizados”, ha señalado Carreras, que ha defendido que “esta propuesta parte desde el análisis riguroso y contempla soluciones bajo el prisma del Desarrollo Sostenible marcado por la ONU”. En concreto, hace alusión al objetivo 9, que persigue “construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación” y, al objetivo 11, que busca “lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”.

El texto presentado “surge de profesionales, empresarios del sector, miembros de asociaciones profesionales, técnicos, notarios, abogados, y en general, agentes activos de la sociedad con gran experiencia y muchas ganas de ayudar a mejorar nuestro entorno en el ámbito de la edificación y la vivienda, que iniciaron hace ya tiempo este trabajo, con el fin de poner a disposición de la sociedad su experiencia y conocimientos”, ha explicado Carreras.

En el acto de presentación han comparecido también los presidentes y representantes de las diferentes organizaciones empresariales de Balears que, integradas en CAEB, promueven el ‘Libro Blanco’ de la Construcción en Balears:

• Asociación de Constructores de Balears.
• Asociación Empresarial de Promotores Inmobiliarios de Balears (PROINBA).
• Asociación de Fabricantes y Empresas Auxiliares de la Construcción de Balears (AFACO).
• Federació Mallorquina de la Fusta i del Moble.
• Asociación de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y de Telecomunicaciones de Mallorca (ASINEM).
• Asociación de Industriales Instaladores de Fontanería, Calefacción, Climatización, Gas, Protección Contra Incendios y Afines de la Comunidad Autónoma de las Islas Balears (INFOCAL).
• Asociación de Almacenistas de Materiales de Construcción de Balears.
• Asociación de Suministradores de Agua de las Islas Balears (ASAIB).
• Asociación de Fabricantes de Áridos de las Islas Balears (AFA BALEARS).
• Asociación de Empresas de Manufactura, Piedra Natural y Granito (ASEMAR).
• Asociación Empresarial de Climatización, Frío Industrial y Calefacción de Menorca (ACLIFRICME).
• Asociación de Industriales de Talleres Metalúrgicos, Mecánicos y Afines de Balears (AITAME).
• Asociación de Maestros Pintores de Balears (AMPB).
• Asociación de Industriales del Vidrio Plano de Mallorca (AIVIMA).
• Asociación Patronal de Yeseros Escayolistas de Balears (APYEB).
• Asociación Balear de Servicios Inmobiliarios (ABSI).
• Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM).
• El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Balears respalda asimismo el documento.

CAUSAS Y EFECTOS

La situación que describe el texto presentado de forma consensuada por el Sector de la Construcción balear es la de un entorno legislativo de gran inseguridad jurídica, cambiante con cada nuevo gobierno o administración local, con una normativa urbanística obsoleta, en permanente revisión, y poco o nada adaptada a la realidad demográfica y social. Otra causa de la situación actual es la escasez, y alto precio, del suelo disponible, debidos a la insularidad y a la necesidad de conservación del territorio, y la cambiante y extremadamente compleja gestión del suelo por parte de la Administración. Balears sufre un continuo incremento de la población y para los siguientes 12 años se espera un incremento de 213.000 habitantes, mientras que, como efecto de la crisis inmobiliaria, arrastra en la actualidad un déficit acumulado de más de 16.000 viviendas.

Esta situación se produce a la par que se registra una disminución de las rentas disponibles, principalmente por parte de la clase media, ligada a una manifiesta ineficacia de los Planes de Vivienda Estatales y Autonómicos de VPO/HPP, lo que se sustancia en un mínimo parque de vivienda pública. Falla además la gestión por parte de la Administración de la vivienda social, donde un altísimo porcentaje de los inquilinos no paga los alquileres sociales e incluso algunas de las viviendas públicas están ocupadas ilegalmente.

El efecto de esta situación es que el acceso a la vivienda para la población residente se hace cada día más complicado, agravándose el problema con el paso del tiempo, y que el mercado de alquiler tampoco sirve para cubrir la demanda. A su vez, peligra la conservación del territorio y no debería usarse más suelo rústico para solucionar el problema de vivienda a precio asequible. Sin embargo, la realidad es que los precios y las condiciones se alejan de la capacidad de la población demandante con el agravante de que los últimos cambios legislativos no han ayudado a paliar esta situación. Por contra, la fiscalidad está obviado esta problemática social y las tasas e impuestos o permanecen como siempre o tienden a aumentar. El entorno financiero es muy duro para el promotor y convierte en extremadamente difícil el acceso a la vivienda al comprador final.

Pero el problema llega más allá. Las infraestructuras se están quedando obsoletas y la bajísima inversión en los últimos años hace peligrar el futuro estable de la Comunidad Autónoma. En este sentido, la problemática del ciclo del agua -desaladoras, red de aguas, vertidos de fecales al mar- y las comunicaciones -carreteras colapsadas- han entrado en fase crítica.

Todo ello aporta inestabilidad a un sector que precisa mejorar la competitividad, el empleo y la profesionalidad. Un sector cuya aportación al PIB y al empleo es esencial para mantener el estado de bienestar en la comunidad.

PROPUESTAS DE ACCIÓN

Para revertir esta situación el documento lanza una serie de propuestas en las que defiende la necesidad de un amplio consenso político en los aspectos más básicos del desarrollo urbanístico y territorial de las islas y reclama un marco normativo estable, con seguridad jurídica y con vocación de ser duradero.

En este sentido, la Administración debe cumplir una doble función. Por una parte, legislar para controlar y facilitar un urbanismo correcto y consecuente con las necesidades de los ciudadanos y, por otro, gestionar correctamente el desarrollo de esa legislación. El documento propone cambios integrales y sustanciales en la legislación y la revisión de los Instrumentos legislativos básicos con el objetivo de proveer de un bien necesario a la población.

Es preciso revisar conceptos urbanísticos que han quedado desfasados o bien su configuración tiene más de 20 años, debiendo actualizar criterios en temas tan relevantes como el índice de intensidad de uso, el análisis de las alturas en los centros urbanos consolidados y las posibilidades de cambio de uso de inmuebles. Es necesaria la puesta a disposición de la sociedad de los suelos municipales destinados a equipamientos en función de las necesidades reales de servicios a la sociedad y utilizar mediante colaboración público-privada la edificabilidad sobrante para hacer crecer el parque público de viviendas.

Urge reducir las trabas y pasos administrativos e implantar la Administración Digital. De esta forma, se podrán redirigir los esfuerzos de la administración y su personal hacia el servicio público, con el deber de facilitar, dentro de la ley, las demandas de las empresas y ciudadanos, para lo que precisan contar con un claro apoyo político y una dotación de medios acorde con las necesidades.

Se hace necesario estudiar la implantación del silencio positivo en materia urbanística, en aquellos casos donde se manifiesta mayor ineficiencia, bajo el paraguas de la declaración responsable como medio para lograr una mayor eficacia de la Administración, tal como ya se actúa en otras comunidades autónomas. De esta forma se evitaría que un simple final de obra municipal se demore más de 8 meses cuando toda la documentación requerida está en regla causando graves problemas, en especial al comprador. Las carencias de muchos ayuntamientos pueden solventarse mediante la implantación progresiva de las mancomunidades de servicios municipales en materia urbanística, unificando oficinas centralizadas correctamente dotadas de medios humanos y técnicos y normativas de entornos urbanos muy similares.

Retomar con intensidad los Planes de Vivienda, adaptados a la realidad social, como medio para logar un parque público de vivienda en alquiler permitiría -con un volumen suficiente- el control de los precios de alquileres. Estos planes deben contemplar especialmente el primer acceso a vivienda de jóvenes y colectivos necesitados de ayudas, pero requieren una apuesta clara desde los Presupuestos Autonómicos por la vivienda social.

Es preciso reestudiar la vivienda social, el volumen necesario, su coste y, sobre todo, su gestión. El camino no es solo adquirir o construir viviendas para los colectivos más necesitados, no se trata de perpetuar situaciones sociales difíciles. La correcta gestión integral de las ayudas, tanto en vivienda como en apoyos sociales debe reconducir a las familias necesitadas a la mejora integral de sus condiciones de vida.

La Administración tiene en su mano sensibilizar los criterios fiscales para moderar la fiscalidad a la vivienda digna y asequible, y aplicar la progresividad en función del tipo de vivienda y de cliente final. Asimismo, es necesario disponer de nuevos productos financieros que ayuden al acceso a la vivienda y apostar decididamente por el cambio de modelo y el fomento del alquiler a precios razonables y con la debida seguridad jurídica para las partes.

Es urgente un plan de inversión en infraestructuras, principalmente basado en el mantenimiento y adaptación de los sistemas de depuración de aguas y la reforma de los accesos a las ciudades, sobre todo en Palma e Ibiza. También lo es repensar de forma valiente y con visión de futuro la movilidad en las ciudades, apostando por la movilidad eco, por la ampliación valiente de las zonas peatonales y carriles bici y con un plan de aparcamientos disuasorios combinado con incremento de zonas ACIRE.

Transitar hacia la reconstrucción de las ciudades pasa por una mejor utilización del suelo urbano disponible mediante modificación de las herramientas urbanísticas precisas y una apuesta firme por la rehabilitación y la reconstrucción, fomentando el uso de nuevas tecnologías, limpias, eficientes e innovadoras tendiendo al cumplimiento de la Agenda 2030. La reurbanización y compactación de nuestros núcleos urbanos es la base de un desarrollo sostenible.

Es preciso, concluye la propuesta, un modelo claro y estable de desarrollo urbanístico, con amplio consenso político que lo dote de seguridad jurídica, una política de vivienda pensada a largo plazo y una planificación de los recursos administrativos necesarios para el desarrollo de esta política. Toda la sociedad debe implicarse, pero es necesario el impulso de la clase política para abrir los caminos hacia un modelo consensuado, sostenible y duradero que defina el futuro del desarrollo urbanístico en las islas.