Esta aprobación permitirá poner en marcha las obras de ampliación de la capital por el margen sureste en un plan de trabajo en seis etapas que se extenderá hasta 2034. 

La mitad de las 22.000 viviendas previstas para entonces se pondrán a la venta a precio de mercado, un 31%, tasado -lo que incluye un techo de coste máximo y algunos requisitos económicos para acceder a ellas- y un 19% se reservará a protección oficial. 

Las primeras obras comenzaron en 2007. En concreto, el convenio aprobado hoy reactiva los trabajos exclusivamente de dos fases, lo que se traducirá en la próxima edificación de 10.000 pisos. De ellos, unos 1.200 entrarán a formar parte del catálogo de vivienda social del Ayuntamiento. 

El resto de etapas se quedan pendientes para el futuro, al igual que cualquier paso sobre los desarrollos de la otra mitad del sureste, Valdecarros y Los Cerros, sujetos una modificación radical del planteamiento. Durante el debate, el delegado del área de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, ha defendido la viabilidad del proyecto aprobado, corregido tras una década y varios gobiernos de idas y venidas. 

Según ha detallado, se incorpora ahora un "adecuado dimensionamiento" viario de las calles -algunas eran "el doble de ancho de la Castellana", ha ilustrado el edil- y se conforma "un gran cinturón verde del sureste". "Alicatamiento hasta el techo" 

Tras ser autorizado por la Junta de Gobierno el pasado 24 de enero y haber sido sometido a información pública, el convenio introduce como novedad la incorporación en el desarrollo de la urbanización y edificación, de un régimen de garantías que se centra en tres puntos: 

- Compromisos económicos y presupuestarios de la Junta de Compensación (dueños de los terrenos), en su condición de responsables de la ejecución, así como del Ayuntamiento de Madrid como Administración actuante

- Refuerzo de las garantías jurídicas para asegurar la continuidad de la actuación

- Y compromisos de adaptación de los instrumentos de ejecución en los términos recogidos en las estipulaciones del propio convenio 

Además, incorpora las garantías de solvencia económica financiera y presupuestaria, así como jurídicas para garantizar la correcta ejecución de la actuación y los compromisos presupuestarios del Ayuntamiento de Madrid para el establecimiento de equipamientos y servicios en paralelo a los procesos de ocupación de viviendas, y localización de actividades. Esto conllevará, a su vez, la necesaria suscripción de un convenio con la Comunidad de Madrid para regular el proceso de implantación sucesiva de los equipamientos en materia de su competencia. 

Tras la ratificación por el Pleno, ambas partes, Junta de Compensación y Ayuntamiento de Madrid procederán a la firma del texto. 

 
ANTECEDENTES 24 de enero de 2019 
 
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Según informa el confidencial, el ayuntamiento madrileño y la Junta de Compensación del ámbito han acordado por fin el texto inicial del convenio urbanístico para la gestión del suelo urbanizable, que acogerá 22.000 viviendas, la mayor bolsa de suelo en el sur de la ciudad. El 50% de ellas, unas 11.000, será vivienda pública. El Plan General de la ciudad de Madrid obliga a suscribir un convenio urbanístico para la gestión de ese ámbito entre las partes implicadas. La Administración y la entidad urbanística sellan en él los compromisos asumidos por ambas para desarrollar el ámbito. Según ha podido saber este diario, el convenio recoge la obligación de la Junta de Compensación de urbanizar el suelo (8.305.812 metros cuadrados en total) a lo largo de seis etapas en las que se irán construyendo las edificaciones previstas e implantando los servicios dotacionales recogidos en el texto. El proyecto durará hasta 2034. Además, el texto pactado fija los criterios para asegurar la distribución equitativa de beneficios y cargas entre todos los propietarios.

Según establece el texto conjunto, de los más de ocho millones de metros cuadrados de superficie, 495.741 corresponden a sistemas generales exteriores adscritos, mientras que los 7,8 millones restantes pertenecen al suelo interior. La edificabilidad total es de 3,3 millones de metros cuadrados, de los que 2.247.121 metros cuadrados tendrán un uso residencial. El 50% irá a parar a vivienda libre, el 31% a viviendas de precio tasado y el 19% a VPO (este último porcentaje se corresponderá con 11.000 viviendas). El resto se destinará a industrial, terciario, oficinas y comercial.
En cuanto a las dotaciones, más de dos millones de metros cuadrados se traducirán en zonas verdes, 1,9 millones se destinarán a equipamientos y servicios públicos, 1,7 millones a infraestructuras y 228.830 metros cuadrados irán a parar a viviendas de integración social.

El acuerdo alcanzado con la Junta de Compensación supone un éxito para el Gobierno municipal y, en concreto, para el área de Desarrollo Urbano Sostenible que dirige José Manuel Calvo, a cinco meses de finalizar una legislatura en que el sur ha permanecido bloqueado y en los tribunales. Los Berrocales, de hecho, es uno de los ámbitos afectados por las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de febrero de 2003 y del Tribunal Supremo de julio de 2007 y septiembre de 2012. Esta judicialización provocó precisamente la revisión parcial del Plan General de 1985 y la modificación del mismo de 1997. Además, el año pasado la Justicia paralizó los Desarrollos del Sureste —además de Los Berrocales, Valdecarros, Los Cerros...— al aceptar un recurso de las respectivas juntas de Compensación de los ámbitos, que pedían la suspensión cautelar del Plan Director aprobado por el ayuntamiento a principios de año.

El mismo contemplaba reducir a la mitad el número de viviendas, declarar no urbanizables dos millones de metros cuadrados, disolver las juntas de Los Cerros y Valdecarros, e introducir modificaciones de los instrumentos de planeamiento y del convenio de Los Berrocales y los Ahijones, entre otras cosas. Como publicó este diario, el ayuntamiento podía enfrentarse a indemnizaciones millonarias por esta paralización urbanística. En concreto, un informe de dos peritos independientes cifraba en 640 millones de euros el posible montante que debería desembolsar Madrid a la junta de Los Berrocales.

Fuentes municipales restan importancia al recurso del Plan Director, al recordar que no forma parte del planeamiento ni de la norma urbanística, y ponen el acento en el acuerdo alcanzado con la Junta de Compensación del ámbito más importante de todo el sureste que, además, cuenta con la mayor extensión de la ciudad y la última gran bolsa de vivienda a precios asequibles.

Tras la luz verde de la Junta de Gobierno, el texto del convenio debe someterse a información pública —periodo de alegaciones— y después irá al pleno municipal. A partir de ese momento, la entidad urbanística podrá iniciar la ejecución del ámbito.