| Los terrenos
de la antigua Residencia de Ancianos de Cazoña han supuesto un problema
para el Ayuntamiento santanderino. Lo que iba ser un lucroso negocio se
convirtió en un duro revés económico para las arcas
municipales tras la anulación a finales del año 2016 del
Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) por parte del Tribunal
Supremo.
En el año
2011, la Caja de Ahorros cerró el centro de mayores y firmó
un acuerdo con la Administración municipal para recalificar esos
terrenos y permitir la construcción de viviendas a cambio de ceder
los 6,9 millones de euros que se generaban en plusvalías. El acuerdo
se materializó pocos meses después con la aprobación
del nuevo Plan General y el Ayuntamiento hizo caja recibiendo una suma
importante para gastar en inversiones.
La crisis económica
y el estallido de la burbuja inmobiliaria dejó en suspenso el proyecto
urbanístico a la espera de tiempos más propicios para el
ladrillo, hasta que de forma inesperada llegó el fallo judicial
del alto tribunal y provocó que los terrenos retornaran a su calificación
original al quedar nuevamente vigente el Plan General de 1997, obligando
al Ayuntamiento de la capital cántabra a firmar un nuevo convenio
con la entidad bancaria, pero esta vez para establecer las condiciones
de devolución de esos casi 7 millones de euros, que, según
dicho acuerdo, serán reintegrados en anualidades entre 2017 y 2023.
Este nuevo
cambio de categoría del suelo no afectará a este último
convenio y no rebajará la cantidad que el Ayuntamiento ha de reembolsar
al banco, ya que para ello "sería necesario que se produjera una
modificación de la calificación de la parcela, y esta condición
no se produce en este caso porque la calificación sigue siendo la
misma: equipamiento privado".
"Lo que se
está tramitando es una concreción del equipamiento privado
y no una modificación de la calificación", explican a preguntas
de este medio desde la Concejalía de Urbanismo aludiendo a los informes
elaborados por los servicios jurídicos municipales.
En el mismo
acuerdo, además de aprobar el cambio de categoría, el Ayuntamiento
autoriza la implantación de un ascensor de emergencia en la fachada
sur del edificio y establece que la actuación no podrá suponer
menoscabo del número de plazas de aparcamiento existente.
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