Preguntadas
al respecto, fuentes de la Conselleria de Vivienda Obras Públicas
y Vertebración del Territorio explicaron a Valencia Plaza que la
oposición de esta empresa, recogida este jueves en el DOCV, era
la primera en trascender contra el PAT de l'Horta. Ni la administración
ni la empresa, consultadas al respecto por este diario, detallaron ni los
motivos ni la ubicación exacta de los activos por los que se recurre.
Como explicó
este periódico, el PAT de l'Horta contempla la protección
de más de 11.000 hectáreas de suelo agrícola, la recuperación
de unas 250 hectáreas de huerta y más de 100 edificaciones
tradicionales.
Según
Salvador, con la protección de los suelos agrícolas afectados
por el plan -que pasan a clasificarse como suelos no urbanizables protegidos
y deberán recogerse así en los Planes Generales de los municipios-
se evita "cualquier expectativa urbanística especulativa sobre estos
suelos que pasarán a ser suelos no urbanizables protegidos de la
Huerta de València".
Así,
se desclasifican 15 millones de metros cuadrados, entre ellos, 1,8 millones
en El Puig; 600.000 en Albalat dels Sorells; 1,5 millones en Alboraia;
cuatro en València capital; otros 1,4 millones en Torrent y 1,5
millones en Catarroja. Además, se incluyen "espacios de gran valor
natural y un conjunto de corredores cruciales para evitar la fragmentación
de la huerta, facilitar los procesos ecológicos o servir de freno
a las inundaciones, entre otros".
Para la regeneración
de la Huerta, el plan propone cinco sectores de trabajo y 54 enclaves de
recuperación que supondrán unas 250 hectáreas y más
de 100 edificaciones tradicionales. Esas hectáreas recuperables
son aproximadamente "la misma superficie" que se proponer para los crecimientos
municipales, para no perder "ni un solo metro cuadrado de huerta".
A pesar de
la protección de las más de 11.000 hectáreas de suelos
para uso agropecuario, Salvador precisó que esto "no significa que
los municipios de l'Horta queden fosilizados en sus crecimientos urbanísticos,
ya que el PAT determina, a través de las zonas rurales comunes,
unas áreas de crecimiento racional y sostenible de borde urbano
donde los municipios podrán concretar sus demandas de usos residenciales,
o de ampliaciones de polígonos".
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