HMB ha puesto a disposición de los interesados un pliego de condiciones para la selección de su socio privado. La primera condición es ser una empresa (o una unión de empresas) solventes, ya que, en los diez años que dure este matrimonio, la parte privada deberá aportar entre 60 millones de euros y 103 millones de euros a través de ampliaciones de capital. La primera, una vez sea escogido por el consistorio, será de 12 millones de euros.

El adjudicatario del contrato con HMB firmará un acuerdo para la gestión de la construcción y la promoción de los suelos (que serán aportados por la parte pública), así como de la gestión administrativa, contable y fiscal del parque de viviendas en alquiler.

La remuneración máxima del gestor por la gestión de la construcción y la promoción de los suelos será el equivalente al 3% sobre el total de los costes del proyecto”. “La remuneración máxima del gestor para la gestión del parque de viviendas de alquiler será el equivalente al 8% sobre las rentas de alquiler.

El ‘know how’ en el negocio residencial será otro de los factores clave que deberá cumplir la empresa privada para conquistar al Ayuntamiento de Barcelona. La empresa en cuestión deberá haber llevado a cabo una inversión de, al menos, 30 millones de euros en la compra, construcción, rehabilitación o promoción de vivienda en régimen de alquiler sometido a régimen de protección pública.

Además, el operador deberá haber gestionado durante un periodo de mínimo tres años un parque de vivienda pública (o con precio por debajo de mercado) que genere, como mínimo, unas rentas por alquiler anuales de 2,75 millones de euros. El consistorio también da la opción de que la parte privada sea una empresa conjunta y que entre todas cumplan todos los requisitos.

Las viviendas que resultarán de esta unión tendrán una superficie media de, aproximadamente, 70 m2 útiles. Los pisos se explotarán en régimen de alquiler bajo algún régimen de protección pública, con voluntad de establecer el 75% de este parque de vivienda en régimen general y el resto, en régimen concertado, con un precio máximo por m2 marcado por el mercado.

En la primera fase, correspondiente al momento de selección del socio privado, se levantará el primer tramo (600 viviendas) y la sociedad público-privada aportará entre 20 millones de euros y 25 millones de euros.

En una segunda fase, que será el año tres del proyecto, se llegará al tramo de las 1.500 viviendas, con una inversión total de entre 30 millones de euros y 35 millones de euros. En el año cuatro, el parque de viviendas será de 3.000 viviendas tras recibir una nueva ampliación de capital de entre 50 millones de euros y 55 millones de euros.

Por último, el plan de esta aventura empresarial entre el ente privado y el público finalizará de aquí a siete años, cuando el parque sea de 4.500 viviendas asequibles nuevas en Barcelona. 

En esta última fase, el capital que se destinará a la causa será de 55 millones de euros más, completando así la inversión total de 170 millones de euros.

 
ANTECEDENTES 2 DE AGOSTO DE 2018 
 
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El Ayuntamiento de Barcelona y el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) crearán una empresa de capital mixto para construir 2.800 pisos sociales. La búsqueda de un socio que aporte dinero está resultado complicado, lo que paraliza el proyecto.
Hay poca vivienda social y pocas novedades. De las 350 viviendas previstas ninguna va a Barcelona. Se trata de cinco promociones en Montgat, Sant Adrià de Besòs y Sant Boi de Llobregat. El objetivo es construir alrededor de 500 o 600 pisos de alquiler asequible cada año, Los inquilinos se seleccionarán con convocatoria pública y optarán a subvenciones, con contratos de seis o siete años prorrogables. Ante esta situación han llegado las prisas y el Ayuntamiento de Barcelona y el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) quieren crear una empresa de capital mixto para construir 2.800 pisos sociales. Ambas administraciones buscan un socio privado para levantar las viviendas, cuyo coste ascenderá a 300 millones, según los cálculos. El precio del suelo será de unos 70 millones. El problema es encontrar un socio que ponga el dinero.
 

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El pleno del AMB aprobó en abril un plan de vivienda entre 2016 y 2019. El documento prevé crear un observatorio metropolitano de la vivienda, trabajar con el Impsòl (Instituto Metropolitano de Promoción del Suelo y Gestión Patrimonial), rehabilitación y constituir la empresa mixta.
El objetivo de ello es “aglutinar, bajo una misma estructura, la mayor parte de las promociones que se quieren destinar a vivienda asequible, ya sea de régimen de venta o de alquiler”, según el mismo texto. La sociedad será en un inicio totalmente pública, después se ampliará capital y un socio privado adquirirá el 50% de la compañía mediante un concurso. 
  
La consulta preliminar tiene el fin de completar el diseño del nuevo operador, así como de recibir de las empresas privadas que estén activas en el mercado sus aportaciones para el inminente proceso de selección. Así, ésta será abierta a todas aquellas personas físicas y jurídicas interesadas en presentar sus propuestas alternativas de mejora.

El contenido de la consulta recogerá las opiniones del sector sobre el modelo de gestión y el plan de inversiones entre otros aspectos, tanto desde el punto de vista económico, mercantil, contractual y jurídico.

El plazo de presentación de consultas estará abierto hasta el 28 de septiembre a las dos de la tarde.

EL SOCIO INMOBILIARIO

El Ayuntamiento de Barcelona y AMB buscan un socio para poder cumplir sus previsiones en cuanto a vivienda asequible. Ambos organismos han puesto en marcha la búsqueda de un socio privado para el nuevo operador metropolitano de vivienda de alquiler público, que está participado por ambas instituciones a partes iguales y pasarían a tener el 25 % cada una de ellas. El socio, que crearía una ‘joint venture’ con los organismos públicos, deberá aportar entre 75 millones de euros y 85 millones de euros en cuatro fases, tal y como han explicado a idealista/news fuentes de Área Metropolitana de Barcelona.

El objetivo de este concurso es configurar una nueva empresa público-privada para promocionar, construir y gestionar un parque de viviendas de alquiler asequible en la ciudad de Barcelona y su ámbito metropolitano. Este plan contempla el desarrollo de 4.500 viviendas de protección oficial.

“El montante definitivo que aportaran el ente público y el socio privado se decidirá después de la consulta, sin embargo, se ha hecho un escalado preliminar, por fases”, explican desde AMB. En la primera fase, correspondiente al momento de selección del socio privado, se levantará el primer tramo (600 viviendas) y la sociedad público-privada aportará entre 20 millones de euros y 25 millones de euros.

En una segunda fase, que será el año tres del proyecto, se llegará al tramo de las 1.500 viviendas, con una inversión total de entre 30 millones de euros y 35 millones de euros. En el año cuatro, el parque de viviendas será de 3.000 viviendas tras recibir una nueva ampliación de capital de entre 50 millones de euros y 55 millones de euros.

Por último, el plan de esta aventura empresarial entre el ente privado y el público finalizará de aquí a siete años, cuando el parque sea de 4.500 viviendas asequibles nuevas en Barcelona. En esta última fase, el capital que se destinará a la causa será de 55 millones de euros más, completando así la inversión total de 170 millones de euros.

El inversor privado que le cuadren los plazos y los números deberá aportar una serie de características a este negocio. “El socio o socios privados deberán aportar experiencia y ‘know how’ en la promoción y gestión de viviendas en régimen de alquiler asequible”, explican desde el ayuntamiento barcelonés.

Por otro lado, la gestión de la sociedad mixta será realizada por el socio privado profesional, “sin perjuicio de la intervención de los socios públicos en los órganos de la mercantil”. “Esta contribución del socio profesional se efectuará bien mediante un contrato de prestación de servicios con la sociedad mixta, o bien mediante prestaciones accesorias remuneradas, que no integrarán el capital social”, añaden.

Por último, el socio privado se comprometerá a asumir una permanencia del capital de cinco años, sujeto a mejora por parte del socio privado en el proceso de licitación pública. Además, deberá tener “robustez financiera, experiencia contrastada, ‘expertise’ en la gestión inmobiliaria patrimonial, experiencia en vivienda social, cooperativa o ‘limited-profis’ y una sólida red de proveedores de calidad contrastada”.

Y ¿qué ganará el socio privado?  

Según explican desde el Ayuntamiento de Barcelona y AMB, la inversión del socio privado será recuperable a largo plazo. “Por una parte cobrará dividendos a partir del rendimiento del capital (entre el 3% y el 4%, pero garantizado por la administración), además también cobrará un ‘fee’ por promoción construida y otro ‘fee’ por la gestión de patrimonio en renta. Los porcentajes aún están por determinar”, señalan.