A este respecto, la presidenta del Grupo de Contratistas de ACP, María García, comentó que: “el Estado ha invertido en Málaga unos 60€/habitante/año, cuando en el resto de las provincias españolas invierte de media unos 100€/habitante/año.” La Sra. García definió esta situación como de “abandono y falta de compromiso hacia una provincia con uno de los mayores potenciales de crecimiento del país”. 

La presidenta del grupo de contratistas resaltó la necesidad de seguir apostando por Málaga, y sobre todo la necesidad de hacerlo con seriedad, ya que, “año tras año observamos en los Presupuestos Generales del Estado el anuncio de la licitación de las mismas obras, que luego nunca se ejecutan”. Esta falta de rigor - sostuvo la Sra. García - “es más fácilmente detectable a nivel estatal, ya que, al menos, identifican las obras a ejecutar. En el ámbito autonómico la situación es aún peor, ya que hace años que se optó por no provincializar la inversión, ni dar nombres concretos de actuaciones, para que no pudiera hacérseles seguimiento a los incumplimientos. Esperamos que el nuevo gobierno andaluz sea más transparente con sus presupuestos.” 

Con respecto a las bajas en las adjudicaciones, los constructores informaron que en el año 2018 se habían recortado sensiblemente respecto a años anteriores, situándose en el 20%. Cifra que aún parece excesiva si se presupone, que los proyectos están bien estudiados por la Administración con precios de mercado, no obstante, y según funciona el sistema de licitación pública, sigue siendo la única forma de poder ser adjudicatario. La nueva Ley de Contratos obliga a recoger otros requisitos de calidad además del económico, pero en la práctica se están convirtiendo en lo que los constructores denominaron “bajas en especie”, según explicaba la representante de los constructores “además de las bajas dinerarias, hay que ofrecer otros compromisos a la Administración, que también suponen coste para la empresa, aunque no se refleje directamente en la baja, como son mejoras, aumentos de plazos en la garantía, etc”

La diversidad de criterios de aplicación por parte de las Administraciones de los nuevos requisitos de la Ley de Contratos preocupa a los constructores.

La Presidenta del Grupo de Contratistas de la ACP hizo referencia a que, tras la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos, hubo una paralización de las licitaciones, “porque los responsables políticos de las Administraciones no han sido capaces de evaluar la magnitud del cambio que implicaba la nueva Ley, no solo en la referente a la adaptación de los Pliegos de licitación sino, también, en relación a la nueva forma de relación Administración-Empresa de una manera completamente telemática”.

La Sra. García dio voz a una queja general de las empresas constructoras, ya que la adaptación a la nueva Ley se ha terminado haciendo, en muchos casos, de una forma “poco pensada y para salir del paso”. La Ley de Contratos pretende poner en valor el conocimiento que la empresa licitante tiene de la obra a ejecutar y no sólo su oferta económica; sin embargo, se está optando por puntuar los requisitos exigidos en función de “la cantidad y no la calidad”. Como ejemplo citaba, las nuevas obligaciones en Medio Ambiente, Sociales y de Género, que están siendo aplicadas por los Ayuntamientos de forma cuantitativa lo que viene a favorecer a las grandes empresa frente a las pymes “no puede ser que se le dé la máxima puntuación a la empresa que más vehículos eléctricos adscriba a una obra, sin estudio de cuantos son los que realmente se necesitan o comprobación posterior de que los vehículos comprometidos están realmente en la obra y no repartidos por toda España”, comentaba García, o “la máxima puntuación a la empresa que dé un mayor plazo de conservación posterior, porque ocurre lo que hemos podido ver hace unos días en Córdoba que una empresa ofreció 54.000 millones de meses, cifra que matemáticamente le hacía adjudicataria, daba igual lo que contuviera el resto de su oferta” . 

LAS CIFRAS DE INVERSIÓN EN ANDALUCÍA

El informe también recoge la información de inversión en Andalucía, que concluyó el año 2018, en 1.962,3 millones de €, un importe que llega casi a duplicar lo licitado en el año 2017. En todas las provincias se incrementa la inversión, excepto en Córdoba donde desciende mínimamente, a pesar de ser la provincia con una menor ratio de inversión por habitante. El volumen medio inversión total por habitante y año, en Andalucía en 2018, se situó en 233,81€, en los extremos se situaron, por abajo, Córdoba que tuvo una inversión de 111,64€/hab/año, y la más alta por los tramos licitados del Corredor Mediterráneo, Almería con 838,84 €/hab/año. Málaga se sitúa por debajo de la media, con 180€/habitante /año.