Según
los datos actualizados a los que ha tenido acceso EXPANSIÓN, estas
filiales participadas por Adif, ayuntamientos y CCAA han modificado su
balance, reduciendo drásticamente la dependencia bancaria, pero
aumentando la deuda con los accionistas.
Según
el Tribunal de Cuentas, a finales de 2017 las SIF debían a los bancos
541 millones. A día de hoy esa deuda se ha rebajado a 425 millones
(destaca los 140 millones de Logroño) con vencimientos entre 2020
y 2025. La intención de Adif es amortizar anticipadamente esa carga,
que genera todos los años fuertes gastos financieros. La deuda bancaria
ha sido sustituida por aportaciones de socios en forma de créditos
que superan 1.300 millones.
En 2016, el
vencimiento de parte de esta deuda bancaria generó fuertes tensiones,
especialmente en la SIF de Valladolid, hasta el punto de poner al ayuntamiento
de la capital en situación de quiebra técnica. Tras unas
duras negociaciones, Adif consiguió que el crédito de 400
millones con Santander, BBVA, Bankia, CaixaBank, ICO y Ceiss fuera cancelado,
lo que se tradujo en que la deuda con los accionistas aumentase en 460
millones.
Con un grado
de ejecución de las obras que sigue siendo deficiente, la expectativa
de recuperación de costes mediante la venta de suelos es aún
elevada, situada en los 2.900 millones de euros, 400 millones inferior
a la de 2016.
Las plusvalías
urbanísticas fueron el eje sobre el que pivotó la constitución
de estas sociedades. El pinchazo de la burbuja inmobiliaria en 2007 se
encargó de enfriar esas previsiones. Aunque la situación
del mercado ha mejorado, Adif prefiere ser prudente. “En la última
valoración no se han incluido aquellas sociedades cuya solución
definitiva se está analizando dado que la misma condiciona la ordenación
urbana y los posibles ingresos a obtener y que estas estimaciones se realizan
con calendarios de venta a largo plazo”, señalan desde la sociedad
dependiente del Ministerio de Fomento.
Hace tiempo
que los gestores de Adif adoptaron la decisión de no recurrir más
a esta fórmula para integrar el AVE en las ciudades. En aquellas
capitales donde conserva el modelo, negocia cambios en los convenios para
abaratar costes, sobre todo, en las sociedades con un menor grado de ejecución.
En Vitoria, se está replanteando la solución inicialmente
aprobada. También Cartagena, cuyo plan de trabajo está actualmente
en estudio. En Almería, se han iniciado recientemente las obras
del soterramiento de El Puche y se han adjudicado las obras del tramo El
Puche-Río Andarax. En la estación de Palencia se está
reconsiderando la solución inicialmente contemplada.
Las sociedades
con mayor grado de ejecución son Zaragoza, Logroño y Valladolid.
ACTIVOS A LARGO
PLAZO
Según
Cinco Días, el inmovilizado material de Adif Alta Velocidad tiene
en cuenta el coste de producción corregido por la amortización
acumulada y deterioros. En el caso de la amortización de las inversiones
en estas infraestructuras los plazos coinciden con la vida útil
estimada y van de los 30 a 60 años de la superestructura de vía
hasta los 100 años de los túneles, puentes y obras de fábrica.
Los edificios e instalaciones se amortizan en un plazo de 50 años.
Los deterioros, por su parte, están relacionados con la obsolescencia,
desgaste o cambios de calado en el entorno tecnológico.
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