La presión de varios sectores económicos ha surtido efecto y se quiere introducir una enmienda para que las garantías financieras exigidas a los promotores de los PIES sea de «hasta el diez por ciento de la cuantía de las obras de urbanización». En la ley aprobada se dice que sea «al menos del diez por ciento».

Esta solicitud se produce después de meses de trabajo en el que tanto PP como Ciudadanos han criticado la premura con la que se les ha obligado a responder a los constantes cambios que llevaron a que el texto propuesto por el Consell recibiese más de 300 enmiendas de los firmantes del Pacte del Botànic.

«Es una muestra más de la improvisación y la falta de rigor con la que se ha tramitado esta ley», aseguró ayer la portavoz de Urbanismo del PP en Les Corts, quien adelantó  a LA RAZÓN que su grupo no firmará esta solicitud y por tanto, si la ley se quiere publicar con los cambios tendrá que volver a pasar por el pleno de Les Corts. Díaz insiste en que su grupo ya había advertido de alguno de los errores que ahora se quieren subsanar.

Tras la negativa del PP todo apunta a que se presentará una proposición de ley para cambiar la modificación de la Lotup a través de un procedimiento urgente y de lectura única.

El texto del Consell recibió más de 300 enmiendas de PSPV, Compromís y Podemos y a poco más de 24 horas de su debate en la correspondiente comisión se envió a los grupos otro paquete de 80 enmiendas.

 
ANTECEDENTES 17 DE ENERO DE 2019 
 
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APROBADA LA REFORMA DE LA LEY DEL SUELO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
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Aprobada la reforma de la Ley de Ordenación del Territorio y Paisaje de la Comunitat Valenciana 

Se crea la figura del agente rehabilitador y elimina la de las Actuaciones Territoriales Estratégicas (ATE) para sustituirlas por los Proyectos de Inversión Económica Sostenible (PIES) 
Ver informe (128 págs.)
La modificación de la Ley 5/2014 tiene por objetivo establecer un régimen que favorezca las actuaciones de renovación, regeneración y rehabilitación urbana, para facilitar las intervenciones en el suelo urbanizado destinadas a mejorar la calidad de estos ámbitos que pudieran estar obsoletos, infradotados y deteriorados o en los que se den situaciones de vulnerabilidad. Para ello se modifican los estándares urbanísticos y el porcentaje de aprovechamiento urbanístico público y se diferencia un régimen específico para las actuaciones de regeneración urbana (artículos 7, 13, 24, 33, 36, 37, 63, 72 y 72 bis y siguientes), 75, 76 bis, 77 y 99, disposición transitoria y disposición derogatoria). Un segundo objetivo de la ley es reforzar la función y control público sobre los procesos de ocupación del territorio. Este objetivo se concreta en la eliminación de las actuaciones territoriales estratégicas y la regulación de los proyectos de inversión estratégica sostenible, en los que la participación de las instituciones públicas va a ser más intensa que en la figura anterior, y donde el carácter excepcional de esta figura se traduce en requisitos de gestión y de utilización adecuada de los instrumentos urbanísticos (artículos 14, 17 y 59 a 62).

Asimismo, en otra clase de actuaciones urbanísticas, se favorece la gestión directa de los programas de actuación, no solo dando preferencia a este modo de gestión frente a otros, sino removiendo barreras existentes para poder actuar de esta forma (artículos 86 bis, 143, 151, 152 y disposición adicional novena). 
Relacionado con ello, la modificación de la ley va a garantizar el control público de los crecimientos urbanísticos, fomentando los desarrollos en las áreas ya urbanizadas y evitando que los agentes urbanizadores privados puedan promover instrumentos de desarrollo que reclasifiquen nuevas piezas del territorio como suelo urbanizable (artículos 111, 179 y 184 a 187 quinques).

En tercer lugar, la ley tiene por objeto dar solución a situaciones existentes en el territorio, como consecuencia de actuaciones realizadas a lo largo del tiempo y que tienen efectos perjudiciales desde un punto de vista territorial, paisajístico y ambiental; en esta situación se encuentran tanto construcciones existentes en el medio urbano, para las que se modifican artículos sobre órdenes de ejecución, como las urbanizaciones sin finalizar en distinto grado de ejecución, para las que se prevé la reparcelación inversa o la ampliación del plazo de urbanización y la subdivisión de las unidades de ejecución y las edificaciones existentes en el suelo no urbanizable, respecto de las que se modifica el régimen de minimización de impacto, haciéndolo más adecuado a la realidad existente y creando las denominadas licencias de minimización de impacto territorial.

APROBACIÓN

El pleno de las Cortes aprobó la modificación de la ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana (LOTUP) de 2014, que incluye soluciones para las llamadas «urbanizaciones fantasma» y para regularizar las edificaciones diseminadas sin licencia.

La nueva LOTUP, que crea la figura del agente rehabilitador y elimina la de las Actuaciones Territoriales Estratégicas (ATE) para sustituirlas por los Proyectos de Inversión Económica Sostenible (PIES), salió adelante con los votos a favor del PSPV, Compromís y Podem, la abstención del PP y la oposición de Ciudadanos.

El pleno aprobó una enmienda por la que se creará la Agencia Valenciana de Protección del Territorio, para ejercer las competencias autonómicas sobre disciplina urbanística, y que entre otras cosas se encargará de los expedientes de reposición de la legalidad urbanística.

Para dar una solución a los centenares de los Planes de Actuación Integrada (PA)I «fantasma» de la Comunitat -aquellos que se aprobaron y están paralizados porque los agentes urbanizadores han quebrado o abandonado la actuación-, la ley ofrece dos opciones a los Ayuntamientos.

Así, los PAI iniciados y que pueden ser viables se podrán dividir en sectores para ejecutarlos poco a poco y ampliar el plazo de ejecución a diez años, mientras que en los PAI inviables y reversibles se podrá hacer una «reparcelación inversa» para que los terrenos vuelvan a la situación anterior, sin cargas para los propietarios.

Respecto a las edificaciones aisladas sin licencia construidas antes de 2015 en suelo no urbanizable, unas 400.000 en la Comunidad, se posibilita su regularización siempre que cumplan unas obligaciones de minimización de impacto ambiental y paisajístico y de dotación de sistemas de evacuación de aguas. 

DECLARACIONES

La consellera de Vivienda, María José Salvador, destacó que la nueva LOTUP fija las bases de un nuevo modelo urbanístico sostenible, frente al modelo «depredador y especulador» del PP, del que han heredado casi mil millones de euros en demandas por autorizar PAI sin tener en cuenta el impacto ambiental.

Salvador ha resaltado que esta ley recupera la gestión directa del urbanismo por parte de los Ayuntamientos y limita mucho la gestión indirecta; crea la figura de los PIES para agilizar las inversiones prioritarias y estratégicas, y da respuesta a una herencia «nefasta», como los PAI «fantasmas».

La diputada del PP Elisa Díaz justificó su abstención en que, pese a los intentos de Podem y Compromís, esta ley «no llega a modificar el modelo urbanístico del PP, que fue el que puso fin a la especulación» con su legislación, y que las Agrupaciones Territoriales Estratégicas (ATE) «siguen existiendo, con otro nombre».María José García (Ciudadanos) afirmó que esta ley «sin consenso» va a dar legalidad a las viviendas diseminadas, una situación tipificada como delito en el Código Penal, y que la ordenación del territorio «no debería ser moneda de cambio por la que el PSPV favorece a Compromís por su apoyo» al Consell.

'PAIS FANTASMAS' 

La modificación de la ley sobre Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana (Lotup) evita el modelo urbanístico de "los pelotazos y la especulación", así como los "PAIs fantasma" y conseguir "un modelo adaptado a la realidad del siglo XXI, al servicio de las personas y con perspectiva de género". 

De este modo, y para dar solución a los 'PAIs fantasmas', la reforma recoge que en los casos de aquellos que se han empezado pero están paralizados y pueden tener cierta viabilidad, los ayuntamientos tengan la posibilidad de dividir los sectores en unidades de ejecución más pequeñas para poder ejecutar la actuación poco a poco y ampliar el plazo a 10 años. 

En aquellos PAIs que son "antieconómicos" y pueden ser reversibles, se podrá aplicar una reparcelación inversa para que los terrenos vuelvan a la situación jurídica anterior y, por tanto, quitar cargas a los propietarios. Asimismo, la reforma elimina la figura de las Actuaciones Territoriales Estratégicas (ATE) y se establece la regulación de los nuevos Proyectos de Inversión Estratégica Sostenible (PIES), que eliminan la posibilidad que existía anteriormente de pasar nuevos terrenos de no urbanizables a urbanizables por parte de la gestión indirecta de empresarios particulares. 

CONTRATO DE  INGENIERÍA DE DESALADORA
Ingeniería
El equipo de Acciona consigue una planta desaladora saudí de 750 millones de euros.

Acciona y sus socios del consorcio han ganado un contrato de € 750m para construir una de las plantas de desalinización más grandes de Arabia Saudita. La planta Shuqaiq 3 tendrá una capacidad para producir 450,000 m 3 de agua por día, sirviendo a dos millones de personas. Es la tercera planta de desalinización de Acciona en Arabia Saudita. El contrato de ingeniería fue otorgado por Water and Electricity Company (WEC), la empresa estatal de Arabia Saudita a cargo de los proyectos de desalinización y tratamiento de agua.

Acciona y los socios del consorcio Marubeni Corporation, Abdul Latif Jameel-CDC y Rawafid Alhadarah Holding financiarán, diseñarán y construirán la nueva planta de desalinización Shuqaiq 3 y la operarán y mantendrán durante 25 años. El proyecto, el más grande de Acciona Agua hasta ahora en Arabia Saudita, se implementará bajo un contrato de construcción, propiedad y operación que asciende a unos 750 millones de euros.

Acciona Agua está involucrada en toda la estructura del proyecto: como inversionista, contratista llave en mano, y como socio principal y mayoritario en operación y mantenimiento.

El proyecto se ubica en el sudoeste del país, a orillas del Mar Rojo, y está previsto que finalice en 2021. Utilizará tecnología de ósmosis inversa y también incorporará una instalación fotovoltaica solar para reducir su consumo de energía específico.

El consorcio pudo ofrecer un precio de agua desalinizada de US $ 0,52 por metro cúbico, que Acciona dijo que se encuentra entre las tarifas más competitivas de todo el mundo.

Como parte de las medidas de alcance social del proyecto, en los primeros años el consorcio ofrecerá capacitación académica y práctica a los residentes del área para fomentar el desarrollo de profesionales de la industria del agua en la región.