Otro cambio afectará a las grandes infraestructuras que se han previsto pero no se han ejecutado, ya que según el nuevo gobierno, la ley del suelo de Canarias (Ley 4/2017) prioriza lo sectorial sobre la ordenación del territorio, lo que quiebra el urbanismo y la planificación territorial para permitir infraestructuras. A la ley del Suelo de Canarias se le añadirá el calificativo de “Ley del Territorio” como término más amplio que incluye también el mar y el aire y no solo el suelo, una denominación que figuraba ya desde la primera ley de Ordenación del Territorio de 1999 y que se mantuvo vigente hasta 2017.

Durante los dos años de vigencia de la ley del suelo de Canarias (Ley 4/2017) no ha sido aprobado ningún plan general municipal en este tiempo y los trámites se han ralentizado por problemas de interpretación. Hay ejemplos como el Plan Insular de Lanzarote, que data de 1991, el plan general de San Bartolomé de Tirajana, que es el de 1996 o Mogán, aún con normas subsidiarias, que demuestran que la actual ley sigue sin resolver los principales problemas. 

La Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) desapareció con la entrada en vigor la ley del suelo de Canarias (Ley 4/2017). Antes de esta norma, los planes se enviaban directamente al Cotmac y ahora el pleno municipal es el único que puede enviar un planeamiento a ese órgano. Con lo cual existe un trámite más porque es necesario primero tramitar un expediente para el pleno y pedir autorización; después el órgano ambiental propio emite un informe que hay que llevar de nuevo a pleno y, cuando pasan los 45 días de exposición pública, se lleva al pleno de nuevo. Esto supone pasar tres veces por el pleno, lo que antes se enviaba directamente a la Cotmac.

El nuevo gobierno quiere una ley del suelo con menos supuestos y que si hay una construcción en suelo agrícola tenga que estar vinculada a esa actividad, ya que podría entenderse que es posible construir en el campo cualquier centro que desarrolle una actividad “que esté vinculada a los ingresos del agricultor”, con lo cual se podría edificar en plena zona rural un colegio privado o un hospital, por ejemplo. Esto debe matizarse.

Con la actual ley desapareció la figura de las calificaciones territoriales y todo lo que se opere en el suelo rústico queda en manos de los ayuntamientos. Se trata de uno de los puntos donde mayor cantidad de dudas se produce ya que hay ayuntamientos que no tienen suficiente personal para hacerle frente. 

Pero la gran crítica de la ley del suelo de Canarias (Ley 4/2017) es la falta de jerarquización, ya que un plan general de ordenación urbana puede contradecir el Plan Insular de Ordenación del Territorio generando inseguridad jurídica. 

Otro defecto es que el ayuntamiento puede desestimar la pretensión de un promotor por considerarla dañina para la ciudad o que no le conviene, pero este puede acudir al Gobierno autonómico y amparándose en las excepcionalidades declararlo de interés general. Del mismo modo, un gobierno municipal puede considerar que ese proyecto no le interesa y cambiar de gobierno y entender que sí es de interés general.

Por otro lado, la ralentización en los planes urbanísticos considera que también tiene como consecuencia la parálisis en uno de los principales problemas de Canarias, la vivienda.