TRIBUTACIÓN
DE LAS SICAV Y LAS SOCIMI.
En este aspecto,
preocupan las afirmaciones de PODEMOS señalando que acabará
con la tributación privilegiada de Sicav, fondos y Sociedades de
Inversión Mobiliaria e Inmobiliaria (Socimi).
Más
extenso es el partido Más País en este punto y propone revisar
el régimen fiscal para las Socimis estableciéndose, por ejemplo,
“un tipo efectivo del 15% para los beneficios no distribuidos por la entidad”.
Asimismo, quieren reforzar la supervisión en el cumplimiento de
la normativa. “Quedarán exentas de la Base Imponible, al 15%, las
rentas obtenidas de inmuebles arrendados a precios asequibles de alquiler
regulados”, se incluye en su ‘oferta’ a los votantes.
Respecto a
las Sicavs, esta formación plantea la misma idea que con las Socimis.
Es decir, “un tipo efectivo del 15% para los beneficios no distribuidos
y reforzando el cumplimiento de la normativa”.
Las socimis
representan el 2% del PIB español y han repartido 1.394 millones
de euros en dividendos entre sus accionistas cuando cumplen una década
de su nacimiento, aunque no comenzaron su actividad hasta la reforma de
la ley en 2012. Actualmente cotizan en el mercado continuo de la Bolsa
española cuatro SOCIMIs, Inmobiliaria Colonial, Merlin Properties,
Lar España y Árima Real Estate. Las otras 67 se negocian
en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB).
La creación
de este tipo de sociedades inmobiliarias no ha dejado de crecer en España
desde 2012. En la Eurozona el número de vehículos homologables
a las socimis al cierre del primer trimestre de 2019 alcanzaba las 141
compañías con un valor de mercado de 140.000 millones de
euros. España aporta la mitad de las compañías (72)
pero solo el 19% del valor bursátil en el ámbito de la zona
Euro, lo que indica el menor tamaño medio de los vehículos
españoles frente a sus homólogos europeos.
COMISIONES
INMOBILIARIAS.
En cuanto a
las agencias inmobiliarias consultadas, hay preocupación porque
Podemos está trabajando en una propuesta para limitar las comisiones
que las agencias inmobiliarias cobran por sus servicios. Fuentes de Podemos
explicaron durante la campaña que esta medida se trataría
de “solucionar una de las causas por las que a determinados colectivos
les cuesta tanto acceder a la vivienda. Muchos jóvenes tienen que
hacer frente a unos avales inasumibles, varios meses de fianza y, además,
pagar a la agencia aunque no hayan contratado sus servicios. En el campo
de la compra, por otra parte, fomentan la especulación porque a
mayor precio, mayor es la tajada que sacan. Por lógica, siempre
van a intentar hinchar el precio lo máximo posible. Y al final,
el que paga el pato es el que menos tiene”. Desde Podemos señalaron
que actualmente no existe una ley que regule los topes mínimos y
máximos ni unas condiciones a las que enfrentarse en estos casos
pero “no se puede permitir que se especule de esa manera con un derecho
fundamental”. “Se baraja establecer una cuota no vinculada al precio de
la vivienda para evitar que se hinchen los precios y que, en su lugar,
se pague como cuando se contrata cualquier otro servicio”. Y señalan
que la medida exigirá consenso por lo que se abrirá un proceso
de consulta con los agentes sociales vinculados como se ha hecho siempre,
especialmente cuando presentamos nuestra propuesta de Ley de Vivienda,
apoyados por la PAH”.
El segundo
pilar del acuerdo se apoya en conseguir una "vivienda como derecho y no
como mera mercancía".
Señalan
los profesionales consultados que antes de legislar sobre este sector,
deberían tener en cuenta que el mercado inmobiliario no atraviesa
por su mejor momento. La compraventa de viviendas ha registrado su peor
septiembre de los últimos tres años, al igual que el dato
de las hipotecas de agosto. Si a esto le sumamos que la actividad de la
construcción también ha caído y que el paro ha aumentado,
el descalabro es total.
TEMAS ESPECÍFICOS
Los temas específicos
del acuerdo PSOE-PODEMOS que más preocupan son:
• Derogar la
reforma laboral de 2012, pese a que se han creado más de 2,2 millones
de empleos desde su plena entrada en vigor.
• Seguir subiendo
el salario mínimo interprofesional sin tener en cuenta la evolución
de la productividad, a pesar de que la tasa de paro todavía ronda
el 14%.
• Implantar
la semana laboral de 4 días sin recorte de sueldo.
• Prohibir
los contratos temporales de menos de un mes.
• Limitar
la subcontratación a servicios especializados ajenos a la actividad
principal de la empresa.
• Limitar
el precio de los alquileres.
• Restablecer
la renta antigua, de modo que la renovación de alquileres sea automática
e indefinida.
• Prohibir
los pisos turísticos.
• Expropiar
viviendas a "grandes tenedores", ya sean particulares o empresas.
• Aumentar
los impuestos a las "viviendas vacías".
• Prohibir
los desahucios por impago de hipoteca y alquileres o en caso de okupación
sin que la Administración garantice antes un realojo.
• Subir IRPF
y el Impuesto de Sociedades.
• Subir Patrimonio,
Sucesiones y Donaciones.
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