Lo que significa, en palabras de Mayte Martín Pozo, la eliminación de trabas para todos aquellos que quieran asentarse y emprender en la provincia y, por ende, un "pequeño granito de arena para combatir el reto demográfico". Y es que hasta la fecha, las confrontación de las ideas de negocio con esta desfasada normativa impedía "dar lugar y luz" a estas iniciativas empresariales. "Y hombre, no estamos en Castilla y León, no estamos en el medio rural, para perder oportunidades de actividad económica", razonaba Suárez-Quiñones.

Así, el acuerdo beneficiará a los160 ayuntamientos que carecen de este plan por falta de medios suficientes, lo que supone el 64% de los 248 municipios de la provincia, donde viven más de 38.000 personas. Unos datos que representan a algo más del 21% de la población de Zamora (de casi 177.500 en conjunto) y el 57% de la superficie (6.000 kilómetros cuadrados).

El proyecto conllevará un coste económico de 200.000 euros, financiado a partes iguales por ambas administraciones, y el plazo de ejecución será de unos treinta meses.

En cuanto al reparto de tareas, la licitación, adjudicación, contratación y recepción de los trabajos necesarios para la redacción de las normas urbanísticas correrán a cargo de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente; mientras que la Diputación será responsable de la coordinación y apoyo técnico necesario a los ayuntamientos.

Asimismo, el documento rubricado  en el Salón de Plenos de La Encarnación también contempla la creación de una comisión mixta paritaria para la dirección y supervisión de las acciones contenidas en el convenio, cuya vigencia está prevista inicialmente hasta el 31 de diciembre de 2020, pudiéndose prorrogar hasta un máximo de cuatro años.

De este modo, Zamora se suma a las diputaciones de León, Valladolid, Soria, Burgos, Ávila y Salamanca que recientemente ya han rubricado el convenio por el que establece que las Normas Urbanísticas Territoriales (NUT), recogidas en la Ley de Urbanismo de Castilla y León, sustituirán a las ya obsoletas Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal en los 1.268 municipios de Castilla y León que no contaban con un planeamiento urbanístico general propio y que simbolizan el 8,3% de la población total y el 43% de la Comunidad, espejo de la dispersión demográfica.
 
Suárez-Quiñones recordó que la Junta apostó durante esta legislatura por dar seguridad en el ámbito urbanístico. «Aunque pueda sonar muy administrativo, tiene unas consecuencias muy relevantes en el día a día de los ciudadanos, de las empresas y las administraciones», destacó. «Así, acometimos en 2016 la reforma del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, una nueva instrucción de ayuda en los informes previos a cualquier aprobación de una norma urbanística, hemos hecho un proceso de desclasificación de suelo y ayudamos a los municipios más pequeños en materia de planteamiento urbanístico», enumeró.

En este sentido, el consejero recalcó que el hecho de que un municipio pequeño, de menos de 500 habitantes, no cuente con unas «normas urbanísticas modernas» de planeamiento general «impide» el asentamiento de empresas porque, «al final, para cualquier tipo de licencia tiene que haber una confrontación» con el cumplimiento de la normativa. «Si no la cumplen, no se puede dar luz a esa actividad económica y no estamos en Castilla y León ni en el medio rural para perder oportunidades de actividad económica», aseguró.

EN CASTILLA Y LEÓN EXISTEN UN TOTAL DE 1.268 MUNICIPIOS QUE CARECEN DE UN PLANTEAMIENTO GENERAL.

Respecto al acuerdo suscrito en el día de  con la Diputación de Zamora, su presidenta, Mayte Martín aseguró que «es un paso muy importante para toda la provincia y todas las personas que quieran desarrollar su actividad en el medio rural. En los municipios donde no tenían un instrumento de planeamiento propio se aplicaban las normas subsidiarias provinciales, de 1998», comentó Martín, quien agradeció al consejero la colaboración prestada para «favorecer el emprendimiento» en el medio rural. «Las circunstancias cambian y eso se tiene que reflejar en unas nuevas normas. Se trata de cubrir las necesidades que se han detectado y que muchas veces no dependen de la interpretación de los técnicos, sino que esté perfectamente regulada», concluyó.