El primer paso es la elaboración de un plan de ordenación estructural para determinar el ámbito de actuación. A continuación, se redacta un plan de ordenación pormenorizada que, normalmente será a través de un plan especial donde se incluye el perímetro exacto de la actuación.

En este último, se detallará la red de servicios urbanísticos necesarios, como el alcantarillado, las dotaciones públicas, las edificaciones existentes y las fases de ejecución de las obras de urbanización. Dentro del plan especial se incluirá un Programa de Actuación Integrada (PAI) al que el Ayuntamiento designará un urbanizador.

A esta lista, la ley añade un estudio de integración paisajística, un programa de urbanización en el que, «si es posible» se debe garantizar el agua potable y la energía, así como una declaración responsable en el caso de que la vivienda esté en zona de riesgo (forestal, inundable, minas).

El último trámite es la solicitud de la licencia de obras de legalización para comprobar que se cumple todo lo que recoge el plan especial.

NOTICIA

No hay cifra exacta, pero todos los cálculos apuntan a que en la Comunitat Valenciana existen alrededor de 400.000 viviendas que se construyeron sin licencia. Algunas de ellas son ya intocables porque el delito cometido ha prescrito, pero otras muchas tienen ya expedientes abiertos o que podrían iniciarse en los próximos años si no se corrige la situación.

La solución a este problema urbanístico ya estaba previsto en la anterior Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (Lotup) pero la actual modificación incluye mayores exigencias a los propietarios.

En primer lugar, no se podrá aprobar ninguna legalización hasta que la Agencia Valenciana de Protección del Territorio esté en funcionamiento. Se trata de un organismo que Podemos estableció en la tramitación de la ley y que, según recoge el texto normativo, deberá estar constituido en el plazo de un año.

La portavoz de Urbanismo del PP en Les Corts, Elisa Díaz, considera que supeditar la legalización a la creación de una agencia no hará más que retrasar este proceso. Explica que se trata de una imposición de Podemos a la que accedió el PSPV, a pesar de que los populares se ofrecieron a apoyar el texto remitido por el Consell y que no recogía, entre otras cuestiones, la ingente cantidad de informes vinculantes para lograr la regularización de las viviendas. «Prefirieron mantener a su socio y no poner en riesgo la legislatura».

Es más, los propietarios pueden encontrarse ante la situación de no poder completar este complejo proceso y por tanto, haber delatado ante la Administración que su casa carece de licencia.

Díaz advierte también de que los costes económicos a los que los propietarios deberán hacer frente para generar los requisitos exigidos por la Lotup hará inviable para muchos la regularización. Afirma que un propietario de una vivienda que se encuentre en un área de baja densidad deberá hacer frente a 100.000 euros. «Legalizará aquel que tenga dinero y eso después de haber generado falsas esperanzas con el anuncio de la legalización».

Fuente