Lucha contra
el urbanismo ilegal, para ello es imprescindible adoptar las siguientes
medidas:
- Derogación
del decreto de regularización de viviendas ilegales.
- Imprescriptibilidad
de las infracciones de construcción de edificaciones y urbanizaciones
ilegales en suelo no urbanizable.
- Retirada
automática de las competencias de disciplina urbanística
a aquellos ayuntamientos que no apliquen la disciplina urbanística
en suelo no urbanizable, que serán gestionadas por la Junta de Andalucía.
- Para poder
gestionar las competencias urbanísticas subsidiarias en suelo no
urbanizable y las que les sean retiradas a los ayuntamientos, la Junta
de Andalucía reforzará su estructura para que además
de las funciones inspectoras reforzadas se aborden las actuaciones subsidiarias
que los municipios son incapaces de efectuar, especialmente la demolición
de las construcciones ilegales.
- La autorización
para la construcción de una vivienda en suelo no urbanizable debe
basarse en una documentación –con un protocolo común en todos
los ayuntamientos- que demuestre inequívocamente la “necesariedad”
de tal actuación, entendiéndose como actividades propias
del suelo no urbanizable, como explotación agrícola, ganadera
o forestal y otras formas que no encubran otras funciones como la residencial
para primera o segunda vivienda, o para alquiler.
• Compromiso
político de un pacto anticorrupción, que incluya la destitución
inmediata de cualquier cargo electo o de libre designación que esté
imputado, procesado o condenado por la justicia o que esté vinculado
a los sectores inmobiliarios o de la construcción.
• Adopción
de los cambios legales necesarios para facilitar que alcaldes, concejales
y/o técnicos implicados en la concesión de licencias ilegales
o en la omisión de actuaciones disciplinarias, sean responsables
civiles además de penales.
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