Esta versión del proyecto, la versión preliminar, cuenta con cinco unidades de ejecución. Se presentó en septiembre y pasará el lunes por la comisión con pequeñas y puntuales modificaciones, nada de grandes cambios, según explicaron a este diario fuentes municipales. Más tarde, se elevará al pleno del jueves y, tras su publicación, se abrirá un período de alegaciones de 45 días. Los plazos administrativos hacen prever que su aprobación final en el pleno municipal, tras el estudio de las alegaciones, se produzca bien entrada la primavera.

Uno de los condicionantes para dar salida al Plan Especial del Cabanyal era tener clara una solución para los llamados Bloques Portuarios. Si bien existía la posibilidad de derribarlos sin más -que nunca se llegó a contemplar como factible-, las opciones que barajaba el Ayuntamiento eran su reedificación -sustentada por el grupo municipal socialista y por la concejalía de Urbanismo, encabezada por el socialista Sarrià- o su rehabilitación interna -impulsada por el grupo de València en Comú y por su lideresa Maria Oliver-.

Tras varios tira y afloja entre ambas posturas, se acabó optando por la reedificación de los Bloques, pero no en la misma huella, sino en el entorno cercano, lo que permitirá continuar la vida normal a sus residentes mientras se construyen las nuevas fincas. El PEC había dejado un hueco blanco en el espacio de los Bloques a la espera de una decisión final. Con esta ya tomada, se ha procedido a darle salida. Este lunes será el primer paso.

Jordi Peris, portavoz adjunto del Gobierno, ha precisado que la financiación para la rehabilitación de viviendas estará lista el próximo otoño y procederá de los fondos europeos que gestiona el Ministerio de Hacienda. El primer teniente de alcalde de Valencia, Joan Calabuig, ha insistido en que la intención del Consistorio es también dar seguridad a las personas que inviertan en El Cabanyal.

El Gobierno local ha decidido además refinanciar 370 de los 730 millones de euros en que se cifra la deuda municipal en la actualidad para elaborar unos presupuestos en 2016 más expansivos en materia de inversiones y también para hacer frente a los pagos.

La coalición de gobierno considera "más importante que pagar rápidamente a los bancos, dedicar más recursos a los que viven y trabajan en la ciudad". Según Ribó, los 730 millones de deuda heredada de Rita Barberá representan un 93% del presupuesto. "Es una cantidad muy elevada que ha sido un hándicap fundamental a la hora de poder invertir en la ciudadanía".

La refinanciación de los 370 millones de euros acordada tiene un doble objetivo, ha precisado Ribó, "reducir el porcentaje de los intereses" que se pagan y "plantear una amortización a 10 años con un año de carencia".

Respecto a los intereses, el alcalde ha precisado que se persigue bajar los intereses actuales, de entre un 3 y un 4%. Con la operación, el Ayuntamiento pasará en 2015 de amortizar 91 millones a 60, lo que le permitirá disponer de 21 millones más para el pago de servicios y proveedores. En 2016 se pasarán de 80 millones de amortización a 50 y se liberarán otros 30 millones de euros adicionales.

Ribó ha comentado que había posibilidad de "ir a dos años de carencia" que "permitían los bancos", pero ha aseverado que "no se ha hecho por el corsé de Montoro", en alusión al ministro de Hacienda del Gobierno de España.

"Es una buena noticia a la hora de empezar a plantearnos los presupuestos municipales del año próximo porque permitirá hacer más cosas y avanzar en el servicio a los ciudadanos", ha expuesto el alcalde.

Las facturas pendientes de pago del anterior Gobierno ascienden a fecha de hoy a 24 millones de euros, de los que 17 corresponden a expropiaciones y 7 a facturas comerciales.

El Gobierno local ha aprobado la creación de la Oficina de la Bicicleta, que se encargará de la conservación de las decenas de kilómetros de carriles-bici repartidos por la ciudad.