| El consejero
de Territorio de la Generalitat, Damià Calvet, reveló detalles
del decreto-ley de medidas urgentes en materia de vivienda que prepara
el Gobierno catalán. El Govern confirmó lo que ya había
anunciado: que en el futuro los pisos de protección oficial tendrán
esta calificación de manera permanente, para que no se puedan vender.
Pero además anunció que alargará el periodo de protección
de los actuales pisos sociales (133.000 en Cataluña) para que tarden
más en poderse vender y amortizar más la inversión
pública.
Calvet intervino
en un coloquio organizado por la entidad alcaldes.eu y detalló que
el decreto marcará, caso por caso y mediante un reglamento, cuánto
se alarga la protección en función de las ayudas públicas
que recibieron los propietarios de los pisos y para evitar "plusvalías
indebidas".
Desde Barcelona,
el concejal de Vivienda, Josep Maria Montaner, se mostró sorprendido
en declaraciones a la Cadena SER. Montaner reconoció que el gobierno
de la alcaldesa Ada Colau había solicitado que, en el futuro, el
plazo de protección sea permanente, pero que no se habían
atrevido a pedir cambiar las reglas del juego del parque de vivienda social
ya existente. "Si se alarga la protección de los pisos actuales,
nos parece una medida valiente", dijo.
Sobre el mercado
privado del alquiler, Calvet descartó limitar las subidas de precio,
como pide Barcelona, pero explicó que el decreto incluirá
medidas para "para propiciar la moderación". Por ejemplo, que el
índice de precios de alquiler del Gobierno catalán figure
en los contratos, o que los propietarios tengan beneficios fiscales si
se ajustan a estos precios. Unos beneficios, eso sí, en impuestos
que recaudan los Ayuntamientos, como el IBI.
EN DETALLE
El conseller
de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, ha anunciado
que la Generalitat aprobará un decreto ley durante el primer trimestre
del año que incluirá un paquete de medidas urgentes para
aumentar el parque de vivienda pública en Cataluña.
En un comunicado,
el departamento ha detallado que esta iniciativa persigue tres objetivos:
combatir el déficit de viviendas de protección pública
de alquiler, tanto de promoción pública como privada; activar
nuevos mecanismos para frenar desahucios y proteger a quienes se hallan
en situación de emergencia habitacional, y promover una "moderación"
de los precios de la vivienda.
Calvet ha desbrozado
la estrategia del gobierno catalán en materia de vivienda a corto
plazo en el marco de un desayuno organizado por la plataforma Alcaldes.eu,
en el que también han participado las alcaldesas de L'Hospitalet
y Esplugues de Llobregat, las socialistas Núria Marín y Pilar
Díaz, respectivamente.
Una de las
medidas que se adoptarán, ha explicado, será la calificación
permanente de las viviendas, que implicará que todas las viviendas
que estén situadas en suelo de reserva de protección pública
-lo establece el planeamiento urbanístico- no se pondrán
al libre mercado bajo ningún concepto.
En el resto
de eventualidades, ha precisado, habrá una duración determinada
que se temporalizará "en función de la cuantía de
las ayudas públicas que hayan recibido".
Asimismo, se
obligará a introducir en los contratos de alquiler de las viviendas
libres el precio que establece para ese habitáculo el Índice
de Referencia de Precios de Alquiler, un indicador informativo creado por
la Generalitat en 2017, que refleja el precio medio del metro cuadrado
en la zona.
"Queremos que
figure obligatoriamente en los contratos de alquiler y que esté
ligado a estímulos fiscales para los propietarios, ya sea en el
IRPF o el IBI, o en el acceso a subvenciones", ha precisado Calvet.
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