Con esta medida, el consistorio calcula que ganará cada año entre 300 y 400 pisos a precio asequible. Del promotor dependerá si estas viviendas las destina a la venta o al alquiler social. En el caso de que opten por lo primero, el Ayuntamiento podrá ejercer el derecho de tanteo y retracto para adquirir los pisos y así ampliar el parque de vivienda pública.

"Hoy es un día histórico, supone un antes y un después para la ciudad", ha celebrado la alcaldesa, que ha reivindicado una vez más la necesidad de que la iniciativa privada se "corresponsabilice" de la generación de vivienda asequible en la capital catalana. Después de varias semanas de discrepancias, Colau ha mostrado plena sintonía este miércoles con el conseller de Territorio, Damià Calvet. "Estamos hablando de hacer ciudades que no expulsen, más habitables", ha expresado el conseller. 

Desde que el plenario sacó adelante la medida, con votos de BComú, PDeCAT, ERC, PSC y la CUP, el Ayuntamiento viene presionando a la Generalitat para que lo valide. En esos dos meses han entrado a registro solicitudes de licencia para construir 40 inmuebles a los que se podría aplicar la medida si estuviera en vigor, con lo que estiman que han perdido alrededor de 300 pisos a precio asequible.

Todos los promotores que hayan registrado solicitudes de licencia hasta la fecha quedan exentos de reservar este 30%, lo que ha provocado en los últimos meses una alud de peticiones para esquivarlo. Tampoco se les aplicará a los que adquirieron un solar después del 30 de junio de 2016, porque se estima que para ellos la operación perdería viabilidad económica. 

El principal escollo de la negociación entre Ayuntamiento y Generalitat tenía que ver con los solares adquiridos durante el primer semestre de 2016, entre 200 y 300, a los que el consistorio quería aplicar un 20% de la reserva, al entender que una cuota como esta seguía garantizándoles viabilidad económica según su cálculo de la revalorización del suelo. Desde Territorio lo desaconsejaban por no estar previsto este porcentaje en la ley catalana, que prevé o el 30% o nada.

Al final, el acuerdo entre las partes pasa por dejar estipulado en el texto que se estudiará cada operación de forma particular y se le aplicará la reserva si el Ayuntamiento estima, previo informe económico, que mantiene viabilidad.zzzzEn una rueda conjunta, el conseller de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat, Damià Calvet, y la alcaldesa, Ada Colau, han explicado que la Subcomisión ha enmendado una disposición adicional que detalla el período de transición en la aplicación de la nueva obligación.

La medida fue puesta sobre la mesa el pasado febrero en el pleno del Ayuntamiento de Barcelona, impulsada por diferentes colectivos como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de la ciudad, el Observatori DESC, la ABTS, la FAVB y el Sindicat de Llogaters i Llogateres y, la moción fue aprobada por unanimidad. Tras un largo proceso de trabajo, hace dos meses se aprobó en Pleno, con los votos en contra de PP y Ciutadans, la modificación del Plan General Metropolitano para incluir vivienda asequible en las nuevas promociones de vivienda y grandes rehabilitaciones de toda la ciudad, sólo faltaba que la Generalitat lo aprobara definitivamente.

"Estamos hablando de ganar unas 400 viviendas protegidas del año", dicen los impulsores

"Hoy podemos decir bien alto y orgullosas de la lucha que hay detrás, que ya tenemos el 30% en Barcelona y que ha venido para quedarse y extenderse. Numerosos son los municipios metropolitanos y de más allá que están trabajando en medidas similares: desde las entidades sociales animamos a seguir este camino y próximamente acompañaremos la extensión imparable del 30% en toda Catalunya", han afirmado las organizaciones impulsoras en un comunicado.

Una vez que entre en vigor la reforma, los edificios de más de 600 metros cuadrados situados en suelo urbano consolidado y de obra nueva o de grandes rehabilitaciones, deberán poner el 30% de sus viviendas a precios asequibles, es decir, por debajo de los de mercado. "Estamos hablando de ganar unas 400 viviendas protegidas del año: si el 30% se hubiera aplicado desde que es posible (2007) hoy tendríamos 4.000 viviendas protegidas más en la ciudad y 20.000 más en el área metropolitana", explica el Sindicat de Llogaters i Llogateres.

De esta forma, las fincas o solares que se hayan adquirido después de junio de 2016 tendrán dos años de carencia desde la entrada en vigor de la norma, mientras que los adquiridos durante el primer semestre del 2016 se estudiará individualmente si la operación es viable económicamente para el promotor.

Si lo es, se deberá reservar igualmente el 30% de techo para viviendas de protección oficial, pero si se demuestra que la operación no sería viable, el promotor quedará exento de esta obligación, y la teniente de alcalde de Urbanismo de Barcelona, Janet Sanz, ha dicho que habrá entre 200 y 300 operaciones por analizar.

Calvet ha explicado que se prevé que la publicación del MPGM en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) se hará con la "máxima celeridad posible", y ha aventurado que podría publicarse a lo largo de la próxima semana, y Colau ha insistido en que ha costado mucho esfuerzo aprobar la medida.

NOTA DE PRENSA

La Asociación de Promotores Constructores de Edificios de Cataluña (APCE), ante la aprobación definitiva por parte de la Subcomisión de Urbanismo del municipio de Barcelona a propuesta del Ayuntamiento de Barcelona de modificación del Plan General Metropolitano para la obtención de vivienda de protección pública en suelo urbano consolidado en la ciudad, quiere comunicar:

El acceso a la vivienda es un problema que afecta a muchas familias en Cataluña. Desde la APCE siempre hemos insistido en las administraciones de la necesidad de disponer de un parque público de vivienda adecuada y eficiente, que cubra las necesidades de la sociedad.

Los promotores hace años que construimos vivienda social, y según datos oficiales de la Generalitat sobre producción de Vivienda de Protección Oficial (VPO), los promotores privados construimos 2.455 pisos de VPO entre 2013 y 2017, es decir, más de la mitad de la iniciada en Cataluña en los últimos cinco años. El sector promotor siempre está dispuesto a colaborar con las administraciones para ayudar a facilitar el acceso a la vivienda. Un objetivo que, sin duda, compartimos todos. De hecho, la legislación urbanística establece que los planes de ordenación urbanística municipal -y sus modificaciones y revisiones- deben preservar para la construcción de VPO un determinado porcentaje de suelo que se califique para uso residencial de nueva implantación, tanto en suelo urbano no consolidado como en suelo urbanizable. Además, hay que recordar que, adicionalmente, los propietarios del suelo en desarrollo tienen el deber de la cesión de aprovechamiento urbanístico del sector. También entendemos que ni la legislación urbanística estatal ni la catalana habilitan al Ayuntamiento de Barcelona para regular en esta materia.

Desde la APCE creemos que la modificación del Plan General Metropolitano para la obtención de vivienda de protección pública en suelo urbano consolidado Barcelona, no constituye una solución real para el problema de la vivienda en Barcelona. Lejos de solucionar el problema, provocará un efecto contrario, ya que por un lado podría provocar una parálisis en la actividad del sector, y por otra, añadir aún más presión sobre los precios, debido al desequilibrio que generará entre el oferta y la demanda.

Esta modificación del PGM supone, en la práctica, una reducción de valor de todos los activos inmobiliarios residenciales libres de Barcelona. Si adicionalmente consideramos aquellos activos que se encuentran en garantía de una deuda, la reducción de valor podría tener graves consecuencias.

Asimismo, consideramos que la modificación desincentiva la tan necesaria rehabilitación del parque edificado existente.

A pesar de que no se nos hizo partícipes de la propuesta, desde la APCE mantuvimos contactos con los diferentes grupos municipales para explicarles las implicaciones de esta medida, para la que entendemos que no existen competencias normativas. A raíz de estos se logró cambiar la propuesta original, que contemplaba la suspensión temporal de licencias de obras, evitando así un perjuicio peor.

Debe tenerse en cuenta que, para atender la demanda de vivienda, y especialmente la de VPO en Barcelona, hay que considerar el ámbito metropolitano, a efectos de tener un territorio de dimensiones más razonables y equiparables a otras ciudades como Madrid, París o Londres, y poder disponer de un abanico mucho más diversificado de opciones de acceso a la vivienda.

Según datos del borrador del Plan Territorial Sectorial de la Vivienda, el Ámbito Metropolitano tiene un potencial de reservas de suelo para construir más de 73.000 viviendas protegidas, siendo el ámbito funcional de Cataluña que contiene un mayor número de reservas (un 38% en total). Pongámonos a trabajar conjuntamente para convertirlas en viviendas lo antes posible.

Reiteramos, una vez más, la necesidad de disponer de una legislación estable y clara, que garantice seguridad jurídica para que podamos desarrollar nuestra actividad y que, al mismo tiempo, facilite a las familias el acceso a la vivienda. Y para ello, desde la APCE seguiremos tendiendo puentes de diálogo y colaboración con las diferentes administraciones con unos objetivos claros: ayudar al sector público en su labor de desarrollo de un parque público de vivienda social. Y, por otra parte, como actividad económica con peso específico (en 2.017 representamos el 6,4% del total de población ocupada en Cataluña con una aportación de un 4,4% al PIB catalán) impulsar y contribuir al desarrollo económico y social de Cataluña.

Por último, indicar que los servicios jurídicos de la APCE analizarán con detalle el documento aprobado para valorar si se emprenden acciones legales.

ANTECEDENTES

22 de noviembre de 2018 
 
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LOS PROMOTORES INMOBILIARIOS DE BARCELONA GANAN UNA GRAN BATALLA PARA LAS CARTERAS DE SUELO FINALISTA
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• La suspensión del 30% para vivienda de protección en todo el suelo urbano de Barcelona evita un grave precedente para las carteras de suelo finalista.
Desde que el Ayuntamiento aprobó imponer a los promotores un 30% de vivienda de protección, han entrado 391 solicitudes de licencia o de certificado de aprovechamiento urbanístico para evitar tener que cumplirlo. Pero la labor realizada por los promotores ha permitido conseguir (sin ruido) que la  Conselleria de Territori i Sostenibilitat haya paralizado la medida municipal que obligaba a los promotores de vivienda nueva a reservar el 30% a viviendas asequibles. Es una noticia muy importante por su efecto en las bolsas de suelo finalista.
 
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EL 30%
La reserva del 30% a los promotores fue aprobada en pleno municipal el viernes 28 de septiembre tras tres meses de discusión. Sólo el PP votó en contra y Cuitadans se abstuvo. PDEcat se sumó en el último momento al acuerdo alcanzado por ERC, Barcelona en Comú y PSC, aunque con algunas peticiones como que el promotor no tenga que entregar ese 30% de pisos de la misma finca que esté construyendo, sino que puedan ser pisos de otra obra.
REACCIONES
“El tema de la vivienda asequible es lo que más preocupa a los barceloneses. Y en septiembre la inmensa mayoría del ayuntamiento, con la única excepción del PP, votó a favor de la propuesta de reservar el 30% de la nueva vivienda a alquileres asequibles. Pero ahora la Generalitat pretende incluir cambios y aumentar las exenciones”, ha explicado Colau visiblemente molesta. “No quiero pensar que la Generalitat ha cedido a las presiones de grupos inmobiliarios muy potentes”, ha añadido la alcaldesa a quien se le escaparon las lágrimas en aquel pleno del 28 de septiembre cuando se aprobó la medida.
Como el ayuntamiento no puede obligar a los promotores a alquilar las nuevas viviendas, al imponer un precio asequible el propio municipio puede adquirirlas gracias al derecho de tanteo y retracto y alquilarlas entonces a un precio más económico. Se calcula que cada año se construyen unos 1.200 pisos nuevos en la ciudad, con lo que cuando entre en vigor la medida el parque de viviendas protegidas o sociales crecería en más de 300 anuales.
Sobre la posibilidad de que la imposición del 30% frene al sector inmobiliario, la alcaldesa sostiene que sus colegas de ciudades como Londres y París le han explicado que cuando ellos aplicaron la medida existió el mismo temor, pero la realidad es que en esas ciudades el mercado inmobiliario no se ha resentido. 
"Los constructores pueden seguir haciendo negocio en Barcelona con la vivienda, pero tienen que ser corresponsables con este 30% que tiene que servir para que los vecinos no sean expulsados de la ciudad", ha detallado Colau, quien ultima su mandato municipal y se enfrenta a unas próximas elecciones muy reñidas sobre todo desde la confirmnación de Ernest Maragall como candidato de ERC.
 “No entendemos que ahora la Generalitat, que son el PDCat y ERC, quieran introducir rebajas cuando esos mismos partidos en el ayuntamiento ya aprobaron la medida. No entendemos qué está pasando –ha añadido Colau–. La Subcomisión de Urbanismo no tiene que opinar sobre esta medida, sino aprobarla. Es inaceptable. La Generalitat no debe rebajar una propuesta municipal que además está bien argumentada jurídica y económicamente y que ya fue aprobada”.
Colau ha asegurado que desde el pasado 1 de octubre hasta hoy se han presentado 234 licencias para realizar obras mayores en Barcelona y 157 certificados de aprovechamiento de espacio. “Ya son nuevas promociones perdidas , que se escapan del 30%. No entiendo la actitud del conseller Damià Calvet y con quien insisto en reunirme de forma inmediata”.
La alcaldesa se ha mostrado confiada en que la medida se apruebe sin recortes en la próxima reunión de la subcomisión de Territori, prevista para el 5 de diciembre.
  
ANTECEDENTES 
  
16 de octubre de 2018  
  
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¿POR QUÉ CRITICAN LOS PROMOTORES BARCELONESES LA OBTENCIÓN DE VIVIENDA PROTEGIDA PÚBLICA EN SUELO URBANO CONSOLIDADO? 
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• Ya existe la reserva de suelo para vivienda protegida en suelo en desarrollo, pero exigirla en suelo urbano consolidado (por ejemplo, en el centro de Barcelona) tiene un componente más político que social. Los promotores lo han solucionado pidiendo licencias. 
Modificación del Plan General Metropolitano en materia de regulación urbanística de vivienda. El pasado mes de junio de 2018, en el marco de la Comisión de Ecología, Urbanismo y Movilidad se aprobaron las modificaciones del Plan General Metropolitano relativas al destino de vivienda pública en suelo urbano consolidado y de área de tanteo y retracto. El Ayuntamiento de Barcelona está impulsando diversas medidas relativas al aumento de la vivienda asequible. Con el fin de acompañar la tramitación de estas medidas se ha definido un proceso participativo que permita acercarse a la ciudadanía y recoger las diversas visiones y consideraciones sobre su contenido de cara a la aprobación definitiva de la norma. 
  
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Las modificaciones de PGM que se plantean se relacionan entre ellas en el sentido que tienen incidencia directa en la regulación urbanística de la vivienda en Barcelona y tratan aspectos en relación a la protección de la vivienda habitual, así como la ampliación del parque asequible , ya sea mediante la promoción de nuevo VPO o la adquisición de vivienda con destino a vivienda asequible, abriendo la vía hacia la máxima diversificación de los mecanismos. 
REACCIÓN 
Los promotores, que esperarán a que la norma complete su tramitación antes de decidir si emprenden acciones legales, rechazan la intención municipal de forzar la obtención de vivienda protegida pública en suelo urbano consolidado, y recuerdan que ahora ya existe esta obligación en nuevos desarrollos de suelo residencial. 
Añaden que siempre informan a sus asociados de los cambios legislativos, y defienden que el sector necesita "una legislación estable y clara, que garantice la seguridad jurídica", para desarrollar su actividad. Entre junio y septiembre, las peticiones de certificados de aprovechamiento urbanístico han alcanzado las 591, frente a 206 hace un año. 
EL AYUNTAMIENTO 
El Ayuntamiento de Barcelona critica la multiplicación de las solicitudes de los permisos necesarios para construir viviendas en la ciudad, que se han casi triplicado en el tercer trimestre, y el lunes culpó de ello a la Asociación de Promotores de Cataluña (APCE). 
La teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, critica que esta patronal haya enviado una circular a sus asociados -más de 1.000 empresas- en la que les animaba a solicitar cuanto antes el certificado de aprovechamiento urbanístico (paso previo a la licencia de obras) y, en caso de estar en disposición, también la licencia de obras, "para preservar la seguridad jurídica de los proyectos y planeamientos" que quieran desarrollar en Barcelona. 
Con este trámite se aseguran anticiparse a la nueva norma promovida en junio y aprobada en septiembre en el pleno del consistorio barcelonés, por la que será obligatorio reservar un 30% de las nuevas construcciones y grandes rehabilitaciones a vivienda social. Para que entre en vigor, debe recibir el visto bueno de la subcomisión de Urbanismo de la Generalitat, por lo que el ayuntamiento prevé mantener una reunión este viernes con la Generalitat para hacerla efectiva "lo más pronto posible", según palabras de Sanz recogidas por Ep. 
Los promotores respondieron a la petición de responsabilidad lanzada por Sanz al sector constructor argumentando que hace años que levantan vivienda social y "siempre" se han mostrado dispuestos a colaborar con las administraciones públicas, si bien entienden que "ni la legislación urbanística estatal ni la catalana habilitan al Ayuntamiento de Barcelona" a aplicar esta nueva regulación, que consideran que "no constituye una solución real para el problema de acceso a la vivienda en Barcelona". 
Los promotores, que esperarán a que la norma complete su tramitación antes de decidir si emprenden acciones legales, rechazan la intención de Colau de forzar la obtención de vivienda protegida pública en suelo urbano consolidado, y recuerdan que ahora ya existe esta obligación en nuevos desarrollos de suelo residencial. 
Añaden que siempre informan a sus asociados de los cambios legislativos, y defienden que el sector necesita "una legislación estable y clara, que garantice la seguridad jurídica", para desarrollar su actividad. Entre junio y septiembre, las peticiones de certificados de aprovechamiento urbanístico han alcanzado las 591, frente a 206 hace un año. 
   
ANTECEDENTES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018   
   
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BARCELONA IMPONE A LOS PROMOTORES UN 30% DE VIVIENDA SOCIAL  
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¿Qué debe saber un profesional en un caso práctico como el de la noticia?  
La Asociación de Promotores de Catalunya (APCE) confirma que los promotores se resignan anticipando sus licencias ante el problema que ha planteado el ayuntamiento de Barcelona para destinar a vivienda protegida el 30% de las nuevas promociones en suelo consolidado.   
El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado en la Comisión de Urbanismo una modificación del planeamiento para obligar a los promotores inmobiliarios a destinar un 30% de los pisos que construyan a vivienda asequible. La normativa que tramita el Ayuntamiento de Barcelona para obligar a los promotores inmobiliarios a destinar el 30 % de una promoción nueva a vivienda social ha provocado un crecimiento de las peticiones de licencias de obras en Barcelona por parte de constructores y promotores con el fin de anticiparse a esa normativa. 
Es una medida que busca ampliar el parque público de vivienda social y que está prevista en la Ley catalana del Derecho a la Vivienda, de 2007, pero que hasta la fecha nadie ha aplicado. El trámite se ratificará en el pleno del Ayuntamiento. Pero faltará el sí definitivo de la Generalitat, que hasta la fecha ha expresado recelos a cambiar las reglas a los promotores privados. Las empresas, por su parte, han puesto el grito en el cielo, asegurando que perderán dinero en los suelos donde tenían la expectativa de levantar vivienda 100% libre. 
Además de las reservas para construir vivienda asequible, la comisión también ha aprobado declarar la ciudad de Barcelona área de tanteo y retracto, para que el ayuntamiento tenga derecho de compra preferente en algunos solares o edificios. Una medida que busca también evitar operaciones de compraventa especulativas que expulsen vecinos, operaciones en el mercado negro y condiciones favorables para conseguir solares (y censar los vacíos) o pisos para destinar a alquiler asequible. 
La medida se aplicará durante seis años e incluye edificios plurifamiliares, propiedades verticales, terrenos sin edificar, edificios en mal estado, viviendas sometidas al impuesto de viviendas vacías y vivienda protegida. 
La normativa que tramita el Ayuntamiento de Barcelona para obligar a los promotores inmobiliarios a destinar el 30 % de una promoción nueva a vivienda social ha provocado un crecimiento de las peticiones de licencias de obras en Barcelona por parte de constructores y promotores con el fin de anticiparse a esa normativa. 
En una entrevista concedida a Efe, el presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Cataluña (APCE), Lluís Marsà, ha asegurado que "se están solicitando muchas licencias (en Barcelona) por la problemática del 30 % de vivienda protegida". 
"Esto se está precipitando. Sabemos que se están presentando más proyectos o anticipando la presentación de proyectos", ha asegurado Marsà, que entiende que esta iniciativa municipal "va contra la ley catalana de urbanismo y contra la ley estatal del suelo", por lo que APCE se reserva emprender acciones legales si la normativa sale adelante. 
El pasado mes de julio el gobierno municipal logró superar el primer trámite para obligar a los promotores de obra nueva residencial o grandes rehabilitaciones a destinar el 30% de los pisos a vivienda social, aunque para salir adelante necesita ahora ser aprobado definitivamente por el pleno del Ayuntamiento y luego por la Comisión de Urbanismo de la Generalitat. 
No obstante, Marsà ha matizado que esta propuesta del equipo de gobierno municipal no afecta en la práctica a toda la ciudad, ya que algunas zonas, como la cercana a Glòries, La Marina del Prat Vermell o la Vila Olímpica, entre otras, ya tenían su propia carga de vivienda protegida, aunque sí a otras como el Eixample. 
Por otra parte, Marsà ha instado al Ayuntamiento de Barcelona a "tomar ejemplo" de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y a "transformar algunas zonas industriales bastante obsoletas en zonas residenciales". 
"Tenemos que preparar suelos para que, si hay demanda, podamos urbanizar y de esta forma evitar las tensiones de precios", ha considerado Marsà. 
Respecto al precio de la vivienda nueva en Barcelona, Marsà ha comentado que aún tiene margen al alza, porque los precios están "un 27 % por debajo de los máximos alcanzados" en pleno boom inmobiliario. 
En cambio, el alquiler sí ha recuperado los precios de aquella época, ha añadido, aunque ha negado que exista una 'burbuja' en el precio del alquiler. 
En cuanto al conjunto de Cataluña, "vamos tendiendo hacia una normalización" del mercado inmobiliario, ha asegurado Lluís Marsà. 
El diagnóstico de APCE es que se ha recuperado la actividad en el área metropolitana de Barcelona, en Girona y en algunas capitales de comarca, pero que aún hay una parte del territorio catalán "descolgada de la recuperación". 
APCE calcula que en 2018 se habrán iniciado entre 14.000 y 15.000 viviendas nuevas en Cataluña, frente a las 11.340 de 2017, pero Marsà cree que para hablar de demanda "normal" en Cataluña se deberían iniciar entre 24.000 y 25.000 viviendas al año, aunque desconoce cuándo puede alcanzar este nivel Cataluña.   
    
ANTECEDENTES 29 DE JUNIO DE 2018    
    
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LOS PROMOTORES CATALANES DUDAN SOBRE LA ESTRATEGIA EN BARCELONA   
¿Qué aprendo?   
Se analiza en la guía práctica inmoley.com de Promotor inmobiliario   
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Los alumnos deberán remitir a su tutor un análisis sobre la problemática de pleitear con los ayuntamientos.   
La Asociación de Promotores de Catalunya (APCE) no acaba de dar respuesta al problema que ha planteado el ayuntamiento de Barcelona para destinar a vivienda protegida el 30% de las nuevas promociones en suelo consolidado. La indignación es generalizada porque se teme que cunda el ejemplo en otras ciudades. ¿Qué hacer? Lo primero anticiparse a pedir licencia para que no les pille, es lo que han hecho la mayoría. ¿Y el resto? Hay dos soluciones, una es esperar un año a ver si en las nuevas elecciones solucionan el problema por sí solo. Esta parece ser que puede ser la solución en Madrid al problema del sudeste. Es la más barata y evita enemistarse con quien tiene que darte las licencias, nos dice un promotor. Otra solución es hacer de verdad lo que se anuncia en la prensa, llevar a juicio a los ayuntamientos. Es solución supone estancar el problema durante 10 años y el único que pierde es el promotor. Así que en el caso de Barcelona, según fuentes consultadas, van a dejar que pase un año presentando alegaciones para que parezca que se quejan y dentro de un año, si nada cambia, entonces irán a los tribunales. 
Elena Massot, consejera delegada de Vertix y vicepresidenta de la junta de la asociación, ha reiterado este jueves  en un debate en el Col•legi d'Arquitectes de Catalunya sobre 'L'Habitage Protegit en Sòl Urbà Consolidat. El Cas de Barcelona', que la asociación está en contra de la propuesta del Ayuntamiento. "Y defendemos medidas alternativas", ha comentado, aunque no ha concretado,  antes de recordar que la capital catalana tiene suelo para llevar a cabo 20.000 viviendas protegidas de las que 7.000 cuentan con los requerimientos urbanísticos necesarios para llevarse a cabo de forma inmediata. 
Massot ha reconocido que el valor de la vivienda es elevado en Barcelona pero "en gran parte se debe a que la burocracia municipal con las licencias es larguísima y costosa. Hay promotores que pueden hacer vivienda protegida y están dispuestos a hacerlo", ha comentado. Para los empresarios del sector, la propuesta del ayuntamiento barcelonés "no resolverá el problema de la vivienda en la ciudad, si no que tendrá un efecto contrario, ya que, por una parte, podría provocar una parálisis de la actividad del sector, y por otra,  añadir aún más presión sobre los precios, debido al desequilibrio que esta medida generará entre oferta y demanda".  
La ofensiva legal que están dispuestos a acometer los promotores, no impide al Ayuntamiento barcelonés considerar que el respaldo jurídico de la medida propuesta es total: "Estamos seguros de que habrán muchas demandas contra la medida y que tendremos que batallar ante los tribunales, pero acabará consolidándose", ha explicado en esas mismas jornadas Javier Burón, gerente de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona.  
Según Burón, la ley del derecho a la vivienda del 2007 ampara la decisión municipal. También lo hacen actuaciones similares realizadas en otros municipios españoles. En este sentido, ha recordado la experiencia de Vitoria-Gastei, población que contaba con 125.000 habitantes y gracias a una iniciativa similar, en la que se obligó a hacer hasta un 80% de vivienda protegida, la ciudad duplicó su población.  
Burón ha recordado que la situación del mercado inmobiliario de Barcelona es alarmante en este momento: solo una de cada 99 viviendas es protegida y si se cuentan las ayudas, la cifra asciende a dos de cada 90, cuando el Pla Territorial Sectorial de l'Habitatge de Catalunya exige llegar al 15% de vivienda social en 15 años. Y Todo ello cuando Barcelona solo tiene capacidad para añadir 35.000 viviendas más. "Es necesario afrontar el debate de la vivienda social", ha planteado Burón. 
En este mismo sentido se ha expresado Dolors Clavell, responsable de Clavell Consulting, consultora que ha tenido participación en la elaboración de la propuesta municipal, quien ha destacado que es imprescindible ir más allá de "la política asistencial", que se dedica a cubrir emergencias en los casos más acuciantes, y llevar a cabo "cambios estructurales más propios de una política de vivienda del siglo XXI".