Las secuelas
de la actividad industrial son el origen del problema para dar uso al Hondón
y a los terrenos situados entre Torreciega y el Polígono Industrial
Cabezo Beaza. En el primer caso, Potasas y Derivados dejó tras de
sí, después del cierre a finales de 2001, una acumulación
de metales pesados y de residuos que emiten radiactividad y sigue casi
igual 17 años después.
Tras fracasar
la propuesta de un gran Ensanche Este (cinco mil casas, grandes avenidas,
un parque urbano junto a la actual estación y otro forestal, a varios
kilómetros de distancia), la propuesta que cobra fuerza ahora, según
un informe de la Universidad Politécnica de Cartagena, es construir
un gran parque y un complejo con zonas deportivas que ocupe algo más
de la mitad del sector. Allí irían a parar los residuos soterrados.
El resto podría acoger viviendas.
Factores económicos,
medioambientales y judiciales lastran el crecimiento por el este, por el
norte y por el oeste
La falta de
un plan urbano actualizado condiciona la capacidad municipal para reconducir
la situación
El solar de
la antigua factoría de Española de Zinc contienen balsas
de residuos de la depuración del metal. La empresa dejó de
funcionar hace una década, pero los planes de descontaminación,
de recalificación del suelo como urbanizable residencial y de construcción
de casas quedaron en meras especulaciones. Emasa, sociedad del empresario
Tomás Olivo, compró los terrenos este año, pero sus
intenciones todavía no han salido a la luz.
Emasa es, precisamente,
la que impulsó hace veinte años el fallido Plan Parcial Rambla.
Urbanizó el sector en el que están el Estadio Cartagonova
y el Centro Comercial Eroski y en el que se construyó el Palacio
de Deportes. Pero la justicia paró la promoción inmobiliaria
prevista cuando la trama de calles ya había sido perfilada.
La Asomada
(sectores CC.1.1 y C.C.1.2) también comenzó a ser urbanizada
pero la promotora (Belop SL) quebró. Promociones Sierra Minera compró,
en febrero de 2017, parte de ese sector, pero no ha trascendido ninguna
decisión por su parte para reactivar la urbanización ni para
proponer iniciativa inmobiliaria alguna.
La falta de
un plan urbano actualizado (está en vigor el de 1987, tras la anulación
del de 2012) contribuye al bloqueo de cualquier operación urbanística
de calado en estas y en otras demarcaciones.
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