La reserva del 30% a los promotores fue aprobada en pleno municipal el viernes 28 de septiembre tras tres meses de discusión. Sólo el PP votó en contra y Cuitadans se abstuvo. PDEcat se sumó en el último momento al acuerdo alcanzado por ERC, Barcelona en Comú y PSC, aunque con algunas peticiones como que el promotor no tenga que entregar ese 30% de pisos de la misma finca que esté construyendo, sino que puedan ser pisos de otra obra.

REACCIONES

“El tema de la vivienda asequible es lo que más preocupa a los barceloneses. Y en septiembre la inmensa mayoría del ayuntamiento, con la única excepción del PP, votó a favor de la propuesta de reservar el 30% de la nueva vivienda a alquileres asequibles. Pero ahora la Generalitat pretende incluir cambios y aumentar las exenciones”, ha explicado Colau visiblemente molesta. “No quiero pensar que la Generalitat ha cedido a las presiones de grupos inmobiliarios muy potentes”, ha añadido la alcaldesa a quien se le escaparon las lágrimas en aquel pleno del 28 de septiembre cuando se aprobó la medida.

Como el ayuntamiento no puede obligar a los promotores a alquilar las nuevas viviendas, al imponer un precio asequible el propio municipio puede adquirirlas gracias al derecho de tanteo y retracto y alquilarlas entonces a un precio más económico. Se calcula que cada año se construyen unos 1.200 pisos nuevos en la ciudad, con lo que cuando entre en vigor la medida el parque de viviendas protegidas o sociales crecería en más de 300 anuales.

Sobre la posibilidad de que la imposición del 30% frene al sector inmobiliario, la alcaldesa sostiene que sus colegas de ciudades como Londres y París le han explicado que cuando ellos aplicaron la medida existió el mismo temor, pero la realidad es que en esas ciudades el mercado inmobiliario no se ha resentido. 

"Los constructores pueden seguir haciendo negocio en Barcelona con la vivienda, pero tienen que ser corresponsables con este 30% que tiene que servir para que los vecinos no sean expulsados de la ciudad", ha detallado Colau, quien ultima su mandato municipal y se enfrenta a unas próximas elecciones muy reñidas sobre todo desde la confirmnación de Ernest Maragall como candidato de ERC.

 “No entendemos que ahora la Generalitat, que son el PDCat y ERC, quieran introducir rebajas cuando esos mismos partidos en el ayuntamiento ya aprobaron la medida. No entendemos qué está pasando –ha añadido Colau–. La Subcomisión de Urbanismo no tiene que opinar sobre esta medida, sino aprobarla. Es inaceptable. La Generalitat no debe rebajar una propuesta municipal que además está bien argumentada jurídica y económicamente y que ya fue aprobada”.

Colau ha asegurado que desde el pasado 1 de octubre hasta hoy se han presentado 234 licencias para realizar obras mayores en Barcelona y 157 certificados de aprovechamiento de espacio. “Ya son nuevas promociones perdidas , que se escapan del 30%. No entiendo la actitud del conseller Damià Calvet y con quien insisto en reunirme de forma inmediata”.

La alcaldesa se ha mostrado confiada en que la medida se apruebe sin recortes en la próxima reunión de la subcomisión de Territori, prevista para el 5 de diciembre.

 
ANTECEDENTES
 
16 de octubre de 2018 
 
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¿POR QUÉ CRITICAN LOS PROMOTORES BARCELONESES LA OBTENCIÓN DE VIVIENDA PROTEGIDA PÚBLICA EN SUELO URBANO CONSOLIDADO?
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• Ya existe la reserva de suelo para vivienda protegida en suelo en desarrollo, pero exigirla en suelo urbano consolidado (por ejemplo, en el centro de Barcelona) tiene un componente más político que social. Los promotores lo han solucionado pidiendo licencias.
Modificación del Plan General Metropolitano en materia de regulación urbanística de vivienda. El pasado mes de junio de 2018, en el marco de la Comisión de Ecología, Urbanismo y Movilidad se aprobaron las modificaciones del Plan General Metropolitano relativas al destino de vivienda pública en suelo urbano consolidado y de área de tanteo y retracto. El Ayuntamiento de Barcelona está impulsando diversas medidas relativas al aumento de la vivienda asequible. Con el fin de acompañar la tramitación de estas medidas se ha definido un proceso participativo que permita acercarse a la ciudadanía y recoger las diversas visiones y consideraciones sobre su contenido de cara a la aprobación definitiva de la norma.
 
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Las modificaciones de PGM que se plantean se relacionan entre ellas en el sentido que tienen incidencia directa en la regulación urbanística de la vivienda en Barcelona y tratan aspectos en relación a la protección de la vivienda habitual, así como la ampliación del parque asequible , ya sea mediante la promoción de nuevo VPO o la adquisición de vivienda con destino a vivienda asequible, abriendo la vía hacia la máxima diversificación de los mecanismos.
REACCIÓN
Los promotores, que esperarán a que la norma complete su tramitación antes de decidir si emprenden acciones legales, rechazan la intención municipal de forzar la obtención de vivienda protegida pública en suelo urbano consolidado, y recuerdan que ahora ya existe esta obligación en nuevos desarrollos de suelo residencial.
Añaden que siempre informan a sus asociados de los cambios legislativos, y defienden que el sector necesita "una legislación estable y clara, que garantice la seguridad jurídica", para desarrollar su actividad. Entre junio y septiembre, las peticiones de certificados de aprovechamiento urbanístico han alcanzado las 591, frente a 206 hace un año.
EL AYUNTAMIENTO
El Ayuntamiento de Barcelona critica la multiplicación de las solicitudes de los permisos necesarios para construir viviendas en la ciudad, que se han casi triplicado en el tercer trimestre, y el lunes culpó de ello a la Asociación de Promotores de Cataluña (APCE).
La teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, critica que esta patronal haya enviado una circular a sus asociados -más de 1.000 empresas- en la que les animaba a solicitar cuanto antes el certificado de aprovechamiento urbanístico (paso previo a la licencia de obras) y, en caso de estar en disposición, también la licencia de obras, "para preservar la seguridad jurídica de los proyectos y planeamientos" que quieran desarrollar en Barcelona.
Con este trámite se aseguran anticiparse a la nueva norma promovida en junio y aprobada en septiembre en el pleno del consistorio barcelonés, por la que será obligatorio reservar un 30% de las nuevas construcciones y grandes rehabilitaciones a vivienda social. Para que entre en vigor, debe recibir el visto bueno de la subcomisión de Urbanismo de la Generalitat, por lo que el ayuntamiento prevé mantener una reunión este viernes con la Generalitat para hacerla efectiva "lo más pronto posible", según palabras de Sanz recogidas por Ep.
Los promotores respondieron a la petición de responsabilidad lanzada por Sanz al sector constructor argumentando que hace años que levantan vivienda social y "siempre" se han mostrado dispuestos a colaborar con las administraciones públicas, si bien entienden que "ni la legislación urbanística estatal ni la catalana habilitan al Ayuntamiento de Barcelona" a aplicar esta nueva regulación, que consideran que "no constituye una solución real para el problema de acceso a la vivienda en Barcelona".
Los promotores, que esperarán a que la norma complete su tramitación antes de decidir si emprenden acciones legales, rechazan la intención de Colau de forzar la obtención de vivienda protegida pública en suelo urbano consolidado, y recuerdan que ahora ya existe esta obligación en nuevos desarrollos de suelo residencial.
Añaden que siempre informan a sus asociados de los cambios legislativos, y defienden que el sector necesita "una legislación estable y clara, que garantice la seguridad jurídica", para desarrollar su actividad. Entre junio y septiembre, las peticiones de certificados de aprovechamiento urbanístico han alcanzado las 591, frente a 206 hace un año.
  
ANTECEDENTES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018  
  
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BARCELONA IMPONE A LOS PROMOTORES UN 30% DE VIVIENDA SOCIAL 
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La Asociación de Promotores de Catalunya (APCE) confirma que los promotores se resignan anticipando sus licencias ante el problema que ha planteado el ayuntamiento de Barcelona para destinar a vivienda protegida el 30% de las nuevas promociones en suelo consolidado.  
El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado en la Comisión de Urbanismo una modificación del planeamiento para obligar a los promotores inmobiliarios a destinar un 30% de los pisos que construyan a vivienda asequible. La normativa que tramita el Ayuntamiento de Barcelona para obligar a los promotores inmobiliarios a destinar el 30 % de una promoción nueva a vivienda social ha provocado un crecimiento de las peticiones de licencias de obras en Barcelona por parte de constructores y promotores con el fin de anticiparse a esa normativa.
Es una medida que busca ampliar el parque público de vivienda social y que está prevista en la Ley catalana del Derecho a la Vivienda, de 2007, pero que hasta la fecha nadie ha aplicado. El trámite se ratificará en el pleno del Ayuntamiento. Pero faltará el sí definitivo de la Generalitat, que hasta la fecha ha expresado recelos a cambiar las reglas a los promotores privados. Las empresas, por su parte, han puesto el grito en el cielo, asegurando que perderán dinero en los suelos donde tenían la expectativa de levantar vivienda 100% libre.
Además de las reservas para construir vivienda asequible, la comisión también ha aprobado declarar la ciudad de Barcelona área de tanteo y retracto, para que el ayuntamiento tenga derecho de compra preferente en algunos solares o edificios. Una medida que busca también evitar operaciones de compraventa especulativas que expulsen vecinos, operaciones en el mercado negro y condiciones favorables para conseguir solares (y censar los vacíos) o pisos para destinar a alquiler asequible.
La medida se aplicará durante seis años e incluye edificios plurifamiliares, propiedades verticales, terrenos sin edificar, edificios en mal estado, viviendas sometidas al impuesto de viviendas vacías y vivienda protegida.
La normativa que tramita el Ayuntamiento de Barcelona para obligar a los promotores inmobiliarios a destinar el 30 % de una promoción nueva a vivienda social ha provocado un crecimiento de las peticiones de licencias de obras en Barcelona por parte de constructores y promotores con el fin de anticiparse a esa normativa.
En una entrevista concedida a Efe, el presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Cataluña (APCE), Lluís Marsà, ha asegurado que "se están solicitando muchas licencias (en Barcelona) por la problemática del 30 % de vivienda protegida".
"Esto se está precipitando. Sabemos que se están presentando más proyectos o anticipando la presentación de proyectos", ha asegurado Marsà, que entiende que esta iniciativa municipal "va contra la ley catalana de urbanismo y contra la ley estatal del suelo", por lo que APCE se reserva emprender acciones legales si la normativa sale adelante.
El pasado mes de julio el gobierno municipal logró superar el primer trámite para obligar a los promotores de obra nueva residencial o grandes rehabilitaciones a destinar el 30% de los pisos a vivienda social, aunque para salir adelante necesita ahora ser aprobado definitivamente por el pleno del Ayuntamiento y luego por la Comisión de Urbanismo de la Generalitat.
No obstante, Marsà ha matizado que esta propuesta del equipo de gobierno municipal no afecta en la práctica a toda la ciudad, ya que algunas zonas, como la cercana a Glòries, La Marina del Prat Vermell o la Vila Olímpica, entre otras, ya tenían su propia carga de vivienda protegida, aunque sí a otras como el Eixample.
Por otra parte, Marsà ha instado al Ayuntamiento de Barcelona a "tomar ejemplo" de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y a "transformar algunas zonas industriales bastante obsoletas en zonas residenciales".
"Tenemos que preparar suelos para que, si hay demanda, podamos urbanizar y de esta forma evitar las tensiones de precios", ha considerado Marsà.
Respecto al precio de la vivienda nueva en Barcelona, Marsà ha comentado que aún tiene margen al alza, porque los precios están "un 27 % por debajo de los máximos alcanzados" en pleno boom inmobiliario.
En cambio, el alquiler sí ha recuperado los precios de aquella época, ha añadido, aunque ha negado que exista una 'burbuja' en el precio del alquiler.
En cuanto al conjunto de Cataluña, "vamos tendiendo hacia una normalización" del mercado inmobiliario, ha asegurado Lluís Marsà.
El diagnóstico de APCE es que se ha recuperado la actividad en el área metropolitana de Barcelona, en Girona y en algunas capitales de comarca, pero que aún hay una parte del territorio catalán "descolgada de la recuperación".
APCE calcula que en 2018 se habrán iniciado entre 14.000 y 15.000 viviendas nuevas en Cataluña, frente a las 11.340 de 2017, pero Marsà cree que para hablar de demanda "normal" en Cataluña se deberían iniciar entre 24.000 y 25.000 viviendas al año, aunque desconoce cuándo puede alcanzar este nivel Cataluña.  
   
ANTECEDENTES 29 DE JUNIO DE 2018   
   
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LOS PROMOTORES CATALANES DUDAN SOBRE LA ESTRATEGIA EN BARCELONA  
¿Qué aprendo?  
Se analiza en la guía práctica inmoley.com de Promotor inmobiliario  
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Los alumnos deberán remitir a su tutor un análisis sobre la problemática de pleitear con los ayuntamientos.  
La Asociación de Promotores de Catalunya (APCE) no acaba de dar respuesta al problema que ha planteado el ayuntamiento de Barcelona para destinar a vivienda protegida el 30% de las nuevas promociones en suelo consolidado. La indignación es generalizada porque se teme que cunda el ejemplo en otras ciudades. ¿Qué hacer? Lo primero anticiparse a pedir licencia para que no les pille, es lo que han hecho la mayoría. ¿Y el resto? Hay dos soluciones, una es esperar un año a ver si en las nuevas elecciones solucionan el problema por sí solo. Esta parece ser que puede ser la solución en Madrid al problema del sudeste. Es la más barata y evita enemistarse con quien tiene que darte las licencias, nos dice un promotor. Otra solución es hacer de verdad lo que se anuncia en la prensa, llevar a juicio a los ayuntamientos. Es solución supone estancar el problema durante 10 años y el único que pierde es el promotor. Así que en el caso de Barcelona, según fuentes consultadas, van a dejar que pase un año presentando alegaciones para que parezca que se quejan y dentro de un año, si nada cambia, entonces irán a los tribunales.
Elena Massot, consejera delegada de Vertix y vicepresidenta de la junta de la asociación, ha reiterado este jueves  en un debate en el Col•legi d'Arquitectes de Catalunya sobre 'L'Habitage Protegit en Sòl Urbà Consolidat. El Cas de Barcelona', que la asociación está en contra de la propuesta del Ayuntamiento. "Y defendemos medidas alternativas", ha comentado, aunque no ha concretado,  antes de recordar que la capital catalana tiene suelo para llevar a cabo 20.000 viviendas protegidas de las que 7.000 cuentan con los requerimientos urbanísticos necesarios para llevarse a cabo de forma inmediata.
Massot ha reconocido que el valor de la vivienda es elevado en Barcelona pero "en gran parte se debe a que la burocracia municipal con las licencias es larguísima y costosa. Hay promotores que pueden hacer vivienda protegida y están dispuestos a hacerlo", ha comentado. Para los empresarios del sector, la propuesta del ayuntamiento barcelonés "no resolverá el problema de la vivienda en la ciudad, si no que tendrá un efecto contrario, ya que, por una parte, podría provocar una parálisis de la actividad del sector, y por otra,  añadir aún más presión sobre los precios, debido al desequilibrio que esta medida generará entre oferta y demanda". 
La ofensiva legal que están dispuestos a acometer los promotores, no impide al Ayuntamiento barcelonés considerar que el respaldo jurídico de la medida propuesta es total: "Estamos seguros de que habrán muchas demandas contra la medida y que tendremos que batallar ante los tribunales, pero acabará consolidándose", ha explicado en esas mismas jornadas Javier Burón, gerente de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona. 
Según Burón, la ley del derecho a la vivienda del 2007 ampara la decisión municipal. También lo hacen actuaciones similares realizadas en otros municipios españoles. En este sentido, ha recordado la experiencia de Vitoria-Gastei, población que contaba con 125.000 habitantes y gracias a una iniciativa similar, en la que se obligó a hacer hasta un 80% de vivienda protegida, la ciudad duplicó su población. 
Burón ha recordado que la situación del mercado inmobiliario de Barcelona es alarmante en este momento: solo una de cada 99 viviendas es protegida y si se cuentan las ayudas, la cifra asciende a dos de cada 90, cuando el Pla Territorial Sectorial de l'Habitatge de Catalunya exige llegar al 15% de vivienda social en 15 años. Y Todo ello cuando Barcelona solo tiene capacidad para añadir 35.000 viviendas más. "Es necesario afrontar el debate de la vivienda social", ha planteado Burón.
En este mismo sentido se ha expresado Dolors Clavell, responsable de Clavell Consulting, consultora que ha tenido participación en la elaboración de la propuesta municipal, quien ha destacado que es imprescindible ir más allá de "la política asistencial", que se dedica a cubrir emergencias en los casos más acuciantes, y llevar a cabo "cambios estructurales más propios de una política de vivienda del siglo XXI".