La ley de Emergencia Social de la Vivienda de Extremadura se aprobó en enero de 2017 en la Asamblea gracias a un acuerdo entre PSOE y Podemos (se abstuvo en la votación). En vigor desde marzo del pasado año, el Gobierno inició, sin éxito, negociaciones con la Junta para resolver sus discrepancias sobre varios de sus artículos al considerar que vulneraba sus competencias sobre el derecho de propiedad, pero ante la falta de acuerdo en diciembre pasado el TC admitió a trámite el recurso del Ejecutivo nacional y acordó la paralización de todos los artículos en los que se hace mención a las viviendas deshabitadas, así como a la obligación de mantener los inmuebles.

No obstante, el alto tribunal avala el resto de artículos que habían sido recurridos por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, entre ellos el que obliga a los propietarios a tener sus viviendas ocupadas y en buen estado de conservación.

En el recurso, el Abogado del Estado que actúa en nombre del Gobierno argumenta que «mediante la delimitación del concepto de vivienda deshabitada, se introducen elementos que condicionan y modulan el contenido del derecho de propiedad, al imponer al propietario una obligación de uso de estos inmuebles». También afirmaba que tanto esta medida como la expropiación forzosa suponían «un deterioro de la posición financiera de las entidades de créditos y otras de similar naturaleza, bien por su coste directo, bien por dañar el valor de determinadas partidas en los balances».

En cambio, la Junta oponía que «el deber de destinar las viviendas a un uso determinado no desborda el orden constitucional. Intenta dar a un bien concreto el uso natural residencial para el que fueron edificadas las viviendas, lo que enlaza con la competencia autonómica en materia de urbanismo y vivienda».