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15 de noviembre de 2018
 

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El nuevo contrato reducirá a diez años el plazo de posterior gestión de las infraestructuras que tendrán las empresas que adelanten recursos para su construcción, que obtendrán una rentabilidad similar a la del bono a diez años más 200 puntos básicos. La necesidad de diseñar este nuevo contrato es la razón por la que Fomento no ha puesto en marcha el Plan Extraordinario de construcción de carreteras con capital privado que 'heredó' del anterior equipo del Ministerio. La necesidad de diseñar este nuevo contrato es la razón por la que Fomento no ha puesto en marcha el Plan Extraordinario de construcción de carreteras con capital privado que 'heredó' del anterior equipo del Ministerio. El alto cargo de Fomento detalló que los pliegos de contratación de este plan "no estaban lo suficientemente maduros" para sacarlos a concurso y chocaban con la Ley de Desindexación de la economía, según explicó en su intervención en una jornada sobre infraestructuras organizada por la patronal constructora Seopan y de ingeniería Fidex. ANTECEDENTES 5 de noviembre de 2018    NOTICIA ADAPTADA AL SISTEMA EDUCATIVO inmoley.com DE FORMACIÓN CONTINUA PARA PROFESIONALES INMOBILIARIOS. © LA FINANCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS CLAVE PARA SALVAR EL PLAN DE INVERSIONES EN CARRETERAS ¿Qué guía práctica soluciona este tipo de casos? • La guía práctica inmoley.comde Financiación de infraestructuras. Convertir conocimiento en valor añadido > Herramienta práctica >Guías prácticas ¿Qué debe saber un profesional en un caso práctico como el de la noticia? • ¿Cómo convencer a las grandes constructoras para que construyan autopistas conforme al sistema alemán? Según el periódico Expansión, Fomento aboga por un pacto de Estado para la planificación de infraestructuras. Estudia un contrato mixto, con dos años de construcción y cinco de concesión, para esquivar los límites de la ley de desindexación a la rentabilidad de las concesiones largas. El Ministerio de Fomento está trabajando en una nueva fórmula contractual híbrida para salvar una parte del Plan de Inversión Extraordinario de Carreteras (PIC) de 5.000 millones, que el anterior Gobierno pretendía lanzar a través de una veintena de contratos de concesión a más de 20 años.   La Abogacía del Estado, primero, y Hacienda, posteriormente, lo rechazaron al detectar problemas legales en su diseño que lo hacían impracticable. El escollo más importante fue la aplicación de la Ley de Desindexación de la Economía, que limita la rentabilidad de los contratos a largo plazo cuando superan los cinco años.  Para salvar el obstáculo, el departamento de José Luis Ábalos trabaja en una fórmula mixta. La solución pasa por un contrato de siete años de duración donde los dos primeros se corresponden con la fase de construcción y los cinco siguientes con el periodo de concesión para la conservación y el mantenimiento de la carretera.Según las fuentes consultadas, de esta manera, se salvaría un problema que ya habían detectado los ministerios inversores (Fomento y Medio Ambiente) durante el mandato de Mariano Rajoy y que persiste tras el cambio de Gobierno. El conflicto reside en el artículo 10 del desarrollo reglamentario de la Ley de Desindexación de la Economía, aprobado en 2017.  La norma destaca que, para calcular la tasa de descuento (la rentabilidad media que un inversor exige a un proyecto), su valor debe ser "el rendimiento medio en el mercado secundario de la deuda del Estado a 10 años en los últimos seis meses incrementado en un diferencial de 200 puntos básicos".Según esa fórmula, la rentabilidad para un contrato de concesión del Plan Extraordinario de Carreteras está limitada al 3,37%, muy por debajo de los umbrales mínimos a los que está dispuesto a entrar un inversor privado. Tanto el Ministerio de Fomento como las empresas reconocen que la Ley de Desindexación hace inviables proyectos de concesión a largo plazo. "En el PIC, en el que se manejaban plazos de entre 20 y 30 años, los consorcios trabajan con tasas de descuento superiores al 6%, el doble de lo que determina la ley", aseguran desde las empresas. En estas circunstancias, creen que el PIC, tal como se confeccionó inicialmente, está muerto. Modelo alemán La llave para resolver las diferencias entre los ministerios la tiene la Dirección General de Patrimonio, que se encarga de supervisar la legislación en materia de contratación pública. "El instrumento de deuda y el diferencial que sirven de base al cálculo de la tasa de descuento podrán ser modificados por orden del ministro de Hacienda", asegura el reglamento de la Ley de Desindexación.  Este modelo alemán, basado en un esquema de financiación 100% presupuestario, consiste en que el adjudicatario del contrato adelanta la inversión en construcción, para cobrar el precio ofertado al entregar la infraestructura finalizada y lista para operar. "Lo que Fomento plantea ahora se parece bastante", apuntan.