"No los soluciona tampoco por la ambigüedad en la relación de los preceptos que pretenden regularlo", ha concretado, para matizar en relación a los NUS que se crea la figura de los asentamientos en suelo rústico y que "para poder llegar a tener visos de regularización" se deben aprobar con carácter previo las directrices de ordenación territorial de Extremadura o Badajoz debería ratificar un plan territorial, en ambos casos documentos que elabora, tramita y aprueba la Junta de Extremadura.

También se deberá aprobar un plan especial de ordenación del territorio, así como un plan especial de asentamiento y, para Rodolfo, todo ello constituye una tramitación "de años y años y años", "absolutamente inabarcable" y un "galimatías" que "no hay por dónde cogerlo", por lo que "no se soluciona el problema" de estas urbanizaciones que, a su juicio, requieren un tratamiento "más específico", que tuviera en cuenta cuál fue su génesis y que aplicara unos criterios de clasificación del suelo específico.

Asimismo, ha tildado de necesario que se clarifique el nivel de cargas, cesiones o infraestructuras mínimas "arbitrando mecanismos de gestión acordes con la situación de consolidación", y sería "conveniente" considerar la posibilidad de que estos asentamientos puedan tener otra clasificación del suelo con un régimen de obligaciones específico.

En el caso de la ciudad de Badajoz, el edil popular ha detallado que hay 21 núcleos secundarios, de los que dos "sí tienen solución", Cerro Gordo que surge con un Proyecto de Interés Regional (PIR) y Golf Guadiana, que surgió por la Ley de oferta turística complementaria y en su día se presentó su plan especial.

Los otros 19, ha abundado, abarcan más de 2.000 viviendas y surgieron "en su inmensa mayoría" a raíz de una doble normativa, la Ley del suelo de 1976 y el reglamento de gestión urbanística de 1978, al amparo de los cuales se permitía en suelo no urbanizable la construcción de edificios aislados destinados a vivienda familiar "siempre que no existiera la posibilidad de formación de un núcleo de formación".

Un aspecto este último, según ha apuntado, que "nunca se controló", de manera que, aunque surgieron "de forma legal", se fueron concediendo licencias y realizando segregaciones y parcelaciones "y nadie se encargó de controlar que efectivamente se estaban formando núcleos de población", ha criticado.

A este respecto ha añadido que, de ellos, cinco (El Corzo, Río Caya, La Atalaya, Tres Arroyos y Dehesilla de Calamón) elaboraron en su día planes especiales a raíz del plan general de 1989 y aprobado por el ayuntamiento al crear la figura de las "áreas de admisibilidad residencial".

No obstante, ha matizado, cuando se aprueba la revisión del año 2007 ya en vigor la Ley del Suelo de Extremadura, Lesotex, los "declara sin validez" y "obliga a reformularlo", de manera que las sucesivas normativas del suelo "en ningún caso" han "contribuido" a la regularización de estos 19 núcleos, quitando Cerro Gordo y Golf Guadiana, que para poder "seguir adelante" según la normativa actual tendrían que formular un plan especial.

"Lo que el ayuntamiento tiene claro es que, para dar una solución a este problema, hay que ir al origen, es decir, a la génesis de estos núcleos secundarios que fueron segundas residencias que establecieron o que quisieron construir los propietarios de las mismas y que estaban en el campo", ha aseverado el concejal.

Así, y a título personal, ha expuesto que la "solución" pasaría por no exigir o rebajar el cumplimiento de los estándares del suelo urbano no consolidado o urbanizable y que estos núcleos no exijan a su vez al ayuntamiento su mantenimiento, que correría a cargo de los propietarios, al tiempo que ha incidido en la importancia de cuestiones relativas a salubridad o saneamiento y de la seguridad para que los viales sean lo suficientemente anchos para que puedan pasar por ellos los bomberos o una ambulancia en caso de peligro.

REACCIONES

Ante este proyecto de ley, el Ayuntamiento contratará una asistencia técnica con expertos de distintas áreas para que hagan un análisis y una propuesta de viabilidad. El objetivo es buscar una solución pronto, por lo que encargarán el estudio con cargo a los presupuestos de 2018 aún por presentar.

Además, la nueva Ley plantea gravar la propiedad con un pago anual del dos por ciento del valor catastral después de la aprobación del plan territorial.

Una muestra de que estas casas se encuentran al margen de la Ley es que el Ayuntamiento no concede licencias de construcción en estas urbanizaciones desde el año 2007. Incluso, en parcelas que están urbanizadas y que lindan con otras donde existen viviendas. A partir de entonces solo dio el visto bueno a expedientes iniciados con anterioridad a ese año, que es cuando se aprobó el Plan General Municipal y que no contribuyó a regularizarlas.

De hecho, cinco de esos núcleos (El Corzo, Atalaya, Río Caya, Tres Arroyos y Dehesilla de Calamón) trataron de normalizar su situación en los años 90 con la figura de 'área de admisibilidad residencial' del plan general de ordenación urbana de 1989. El Ayuntamiento los autorizó, pero la Ley del año 2001 (Lstoex) les obligó a reformular un plan especial a cada uno de esos cinco y, finalmente, quedaron sin validez en la aprobación del Plan General Municipal de 2007.

Entre los problemas que tienen estos vecinos es que carecen de redes de saneamiento de aguas, por lo que vierten en fosas sépticas que pueden generar problemas de salubridad. En algunos casos los viales son estrechos para vehículos de emergencias.

A pesar de todo esto, se produce una contrariedad, dado que Catastro les obliga a pagar el IBI como propiedades urbanas.

ASAMBLEA DE EXTREMADURA

Celestino Rodolfo ha explicado que, a iniciativa del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Extremadura y dentro del periodo de consultas en el que se encuentra la tramitación en sede parlamentaria de la Lotus, comparecerá este jueves, día 18, en la Comisión de Urbanismo para manifestar la postura del equipo de gobierno del ayuntamiento respecto a este proyecto de ley.

Una intervención que, según ha avanzado, centrará en uno de los problemas de la ciudad de Badajoz, los núcleos secundarios, y en que los sucesivos planes generales, leyes autonómicas y modificaciones de leyes "no han conseguido arbitrar un marco" que permita su solución, y en relación a lo cual ha reconocido que, en su opinión, la Lotus "tampoco lo soluciona".

Sobre la Lotus, ha considerado que está elaborada por arquitectos pero el mundo jurídico ha participado "muy poco" y "soluciona cosas", pero otros aspectos "quedan en el aire", además de "abusar de los conceptos indeterminados" y poder generar problemas en su aplicación y en su interpretación.

Finalmente´, ha avanzado que, en vista de esta regulación, el equipo de gobierno tiene previsto, una vez se aprueben los presupuestos, dedicar una partida para contratar una asistencia técnica para formular un diagnóstico con base en la normativa actualmente vigente y la Lotus de forma que equipos especializados y multidisciplinares analicen los NUS de la ciudad, qué trámites, condiciones o características requerirían y las posibles soluciones.

EL ORIGEN DEL PROBLEMA

Estas urbanizaciones nacieron en los años 70 a raíz de la Ley del Suelo de 1976 y una regularización de dos años después. Estas normas permitían la construcción aislada de edificaciones que no terminaran en núcleos fijos de población. En su origen eran segundas residencias donde la gente iba a pasar los fines de semana y, por tanto, no requerían de los mismos servicios que si estuvieran dentro del casco urbano, como saneamiento de aguas o centros escolares.

Precisamente eso fue lo que no se controló en los años 70, que esas construcciones aisladas no terminaran formando parte de urbanizaciones. «Ahora son 19 pueblos alrededor de la ciudad», dijo  el concejal de Urbanismo, Celestino Rodolfo.

Para darle una respuesta, el plan general de 1989 creó las áreas de admisibilidad residencial, una figura que la Ley de 2001 no reconoció a pesar de que cinco urbanizaciones se habían constituido como tales. Desde 2001 se les obliga a realizar un plan especial para suelo urbanizable no consolidado. Ninguna lo ha hecho y las áreas de admisibilidad residencial fueron anuladas. La nueva Ley (LOTUS), ahora en tramitación, pide un nuevo proceso que es largo y tedioso, según Rodolfo. Cree que no es la solución. 
 

ANTECEDENTES  8 de noviembre de 2017 

 
NOTICIA ADAPTADA AL SISTEMA EDUCATIVO inmoley.com DE FORMACIÓN CONTINUA PARA PROFESIONALES INMOBILIARIOS. ©
REFORMA DE LA LEY DEL SUELO DE EXTREMADURA
¿Qué aprendo?
Se analiza en la guía práctica inmoley.com de Urbanismo de Extremadura
Convertir conocimiento en valor añadido > Herramienta práctica >Guías prácticas
Los alumnos deberán remitir a su tutor un análisis sobre características de la reforma del urbanismo extremeño.
La consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, Begoña García Bernal, anunció que la Administración regional está trabajando en una nueva ley del suelo para sustituir a la actual, que data del año 2001 y que se ha modificado en seis ocasiones. García Bernal lo anunció en la inauguración del encuentro 'Mi ciudad, mi territorio', que se celebró en el Palacio de Congresos de Mérida, dentro de la segunda edición de los Premios de Urbanismo y Ordenación del Territorio. La consejera espera que esta nueva ley, que han denominado de ordenación territorial urbanística sostenible de Extremadura, pueda ser debatida en la Asamblea a finales del primer semestre de 2018. En este sentido, aseguró que es hora de dejar de poner parches y abordar una ley «acorde a los nuevos tiempos, con la mirada puesta en la sostenibilidad, la perspectiva de género y la paulatina despoblación de los pequeños municipios».
 
 
 
 

Esta nueva ley va a ser una herramienta muy potente para hacer «más normal en la ley lo que ya es normal en la calle», apuntó.
Entre las características de la nueva normativa, destacó la participación a la hora de elaborar el texto, ya que han participado agentes sociales y económicos, con «asociaciones de todo tipo, y muy especialmente con los ayuntamientos». García Bernal valoró el trabajo de los arquitectos y jurídicos extremeños que, de manera voluntaria, llevan dos años «realizando un trabajo callado, para que la ley salga hoy en el portal de transparencia de la Junta».

Esta ley «no solo tratará el suelo como elemento motor de la economía regional, sino que le reconoce sus características de sostenibilidad, que le otorga al suelo, al vuelo y al cielo, la protección necesaria», dijo.

  
ANTECEDENTES 7 de noviembre de 2017  
  
NOTICIA ADAPTADA AL SISTEMA EDUCATIVO inmoley.com DE FORMACIÓN CONTINUA PARA PROFESIONALES INMOBILIARIOS. © 
PROYECTO DE LEY DE COORDINACIÓN INTERSECTORIAL Y DE SIMPLIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS URBANÍSTICOS DE EXTREMADURA. 
¿Qué aprendo? 
Se analiza en la guía práctica inmoley.com de Urbanismo de Extremadura. 
Convertir conocimiento en valor añadido > Herramienta práctica >Guías prácticas 
Los alumnos deberán remitir a su tutor un análisis sobre las novedades del Proyecto de ley de Coordinación Intersectorial y de Simplificación de Procedimientos Urbanísticos de Extremadura. 
Proyecto de ley de Coordinación Intersectorial y de Simplificación de Procedimientos Urbanísticos de Extremadura. Esta ley supondrá una notable simplificación de los trámites y la burocracia en la tramitación de planes generales, revisiones y sus modificaciones de carácter estructural, tramitación de modificación y revisión de los planes territoriales. La consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, Begoña García, señala la necesidad de legislar ante la situación que se había  generado en los últimos años de desarrollo exponencial de una compleja trama de intervención administrativa donde cada vez más agentes y organismos reclaman ser actores en los procesos de ordenación urbanística y territorial en aras a garantizar la sostenibilidad del modelo de desarrollo y para dotar de seguridad jurídica a  los proyectos.
Esta ley, según la consejera, nace del fruto del consenso y la participación de numerosas entidades del sector e impondrá racionalidad y eficiencia en la simplificación administrativa, "la transparencia" y el "apoyo" a las autoridades locales y a los ayuntamientos en la elaboración de los planes generales municipales y los planes territoriales. 
“No tiene ningún parangón similar en ninguna comunidad autónoma que medio ambiente y urbanismo estén juntos con unos plazos", ha asegurado la consejera, quien ha destacado la pues en marcha del “silencio positivo”, es decir, que si no ha llegado el informe en el tiempo pertinente, se considera que es positivo y sigue el procedimiento

García ha detallado que se trata de una ley que pretende establecer el marco normativo que permita coordinar e integrar la emisión de los informes sectoriales en los procedimientos para la aprobación de los instrumentos de ordenación urbanística y territorial cuando su aprobación definitiva corresponda a los órganos urbanísticos y de ordenación del territorio, propio de la Junta de Extremadura.

De esta manera se pondrá en marcha un procedimiento de coordinación intersectorial, para auxiliar a las administraciones promotoras de planeamientos urbanístico y territorial en la obtención y tramitación de los informes sectoriales y se pondrá en marcha una Comisión de Coordinación Intersectorial, como órgano colegiado que permita el diálogo y la confrontación de los distintos intereses sectoriales.

ANTECEDENTES

La Ley de Coordinación Intersectorial y de Simplificación de los Procedimientos Urbanísticos y de Ordenación del Territorio de Extremadura busca la simplificación y agilización de la tramitación de los procedimientos de aprobación de los instrumentos de ordenación urbanística y territorial, cuya resolución corresponda a los órganos urbanísticos y de ordenación del territorio de la Junta de Extremadura. Se busca un marco normativo que permita armonizar el alcance multisectorial de estos procedimientos, de manera que se pueda conseguir la emisión de informes de forma coordinada, desde una visión intersectorial; un órgano intersectorial, de coordinación y simplificación urbanística y territorial, en el que de forma conjunta puedan estudiarse y analizarse, desde las perspectivas de las distintas problemáticas y competencias sectoriales, las observaciones o consideraciones que deban tenerse en cuenta para su integración coherente en el planeamiento correspondiente, así como para agilizar la tramitación administrativa de éste; y un marco jurídico sectorial reordenado en su dimensión temporal, para crear un plazo único e integrado, de tres meses, en el que se produzca el debate, la reflexión y las manifestaciones sectoriales, para dotar de seguridad jurídica y mayores certezas la tramitación de los instrumentos urbanísticos y territoriales. Para ello se hace imprescindible modificar distintas leyes autonómicas sectoriales que preceptúan la emisión de los referidos informes, de manera que se unifique el momento de su solicitud, el plazo para su emisión y, en su caso, los efectos derivados del transcurso de dicho plazo.

La Junta de Extremadura va a ayudar a los ayuntamientos a tramitar los planes generales que regulan los usos y actividades del suelo. Estos planes se configuran como una herramienta «de gran alcance estratégico» en la implantación de las actividades económicas y empresariales y, por ende, en la creación de empleo. 

Según los cálculos de la Dirección General de Urbanismo están «totalmente obsoletos» en más de 200 municipios. Pese a tratarse de una figura fundamental, algunos no los revisan desde el año 1986, precisamente por lo complejo y largo del procedimiento.

«Son instrumentos que a los ayuntamientos con pocos recursos se les escapan, un proceso que les resulta arduo y en algunas ocasiones imposible», reconoce la directora general de Urbanismo, Eulalia Moreno. Si no cuentan con un plan general actualizado, los municipios tienen que recurrir a la Junta y «tomar todas las cautelas» a la hora de autorizar las actividades económicas y usos del suelo. Una problemática que afecta a cuestiones tan cotidianas como la construcción de naves y granjas agrícolas, aserraderos o queserías. «Si el plan dice que en el suelo no urbanizable no puede haber industria, hay que seguir un procedimiento larguísimo para comprobar si se pueden o no hacer», explica.

Según Moreno, todo el planeamiento de Extremadura debería haberse revisado a raíz de la aprobación de la Ley del Suelo en el año 2001, pero la cuestión se ha ido retrasando, especialmente en los pequeños municipios, debido a numerosos factores. Entre ellos, los enormes plazos de tramitación, que se pueden extender «hasta 7 u 8 años», y lo complejo del procedimiento, que obliga a pedir hasta 32 informes sectoriales diferentes (de carreteras, medio ambiente, patrimonio...), cada uno de ellos a un organismo distinto y con sus propios tiempos de respuesta.

El resultado, asegura la responsable de Urbanismo, es que en algunos casos «incluso cuando se aprueba, el plan llega a estar obsoleto». Para evitar estas situaciones, la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio ha comenzado a trabajar en la Ley de Coordinación Intersectorial y de Simplificación de los Procedimientos Urbanísticos y de Ordenación del Territorio de Extremadura.

Esta nueva normativa establece dos novedades fundamentales: por una parte, permite al Ejecutivo regional tomar parte en el procedimiento de revisión de los planes desde el principio para dar a los ayuntamientos apoyo técnico y jurídico; por otra, pretende acortar «drásticamente» los plazos de tramitación, que se reducirían de unos siete a dos años.

A la espera de la nueva norma, la Junta está firmando convenios de colaboración con numerosos ayuntamientos para subvencionar la asistencia técnica y colaborar en la tramitación del Plan General Municipal. El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado acuerdos con los municipios de Aldeacentenera, Casas de Millán, Tornavacas, Acebo y Gata en la provincia de Cáceres y Villagonzalo, Cristina, Vegaviana, Oliva de la Frontera y Benquerencia de la Serena en Badajoz.