En relación a esta controversia suscitada, José Cudeiro expone los argumentos expuestos por el Consello Consultivo de Galicia, en el sentido de que la aprobación provisional por parte del gobierno popular, a través del decreto del concejal de Urbanismo o de la Junta de Gobierno Local, no es más que "impulsar" el proceso para su aprobación definitiva que si se deberá llevar a pleno.

De ahí que si los dos partidos de la oposición con los que se puede llegar a un acuerdo y sumar la mayoría necesaria mantienen su negativa, "seguiremos adelante, y el documento se remitirá a la Xunta para que emita el correspondiente informe, que es preceptivo y vinculante". Para lo cual se fija un plazo de tres meses, aunque Cudeiro espera que se pueda analizar todo el documento en dos meses, lo que permitirá avanzar de cara a la aprobación definitiva.

Una vez que por parte de la Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio se analice el documento del nuevo planeamiento urbanístico, "con las correcciones que se puedan acordar", explica Cudeiro, se puede proceder a la aprobación definitiva, para lo cual será necesario que el gobierno popular cuente con una mayoría de la que no dispone.

Otra de las cuestiones que forman parte de la polémica del nuevo PXOM, está relacionada con las alegaciones presentadas en su momento a la aprobación inicial del plan que aprobó el anterior gobierno socialista con el apoyo del BNG, y que fueron entorno a 6.000.

El concejal de Urbanismo quiso aclarar que en la aprobación inicial se recoge el informe emitido por los técnicos relacionados con las alegaciones presentadas, pero "eso no quiere decir que se resuelvan, pues lo único que se hace es asumir ese informe". Y explicar que la resolución de las mismas corresponde al pleno, en el momento de llevar a la aprobación definitiva el documento. De esa forma pretende cerrar la polémica suscitada y en la que incidieron los tres grupos de la oposición, y que para Cudeiro "no se ajusta a la realidad".

Lo que vuelve reiterar Cudeiro es la "relevancia que tiene" aprobar un nuevo PXOM, sobre todo por la situación urbanística en la que se encuentra al ciudad en estos momento. Y alertar de los problemas que pueden surgir de no avanzar en su aprobación a corto plazo, que fija en el presente mandato, al que le restan poco más de ocho meses, lo que limita todo el proceso que se debe seguir.

 
ANTECEDENTES 14 de octubre de 2016 
 
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¿Qué aprendo? 
Se analiza en la guía práctica inmoley.com del planeamiento urbanístico y en la guía del urbanismo de Galicia. Como es costumbre en casos de anulación del planeamiento, los ayuntamientos recurren para ganar tiempo y redactar un nuevo planeamiento. Esta práctica abusiva del derecho se debe a que los retrasos judiciales son tan considerables que sale rentable costear los gastos profesionales que ocasiona. En muchos países europeos, cuando se acredita que el recurso es abusivo hay sanciones a los profesionales que las presentan. La solución no debería ser el recurso para ganar tiempo sino acelerar el nuevo planeamiento urbanístico de Ourense ya que la situación urbanística actual está ocasionando enormes pérdidas al sector inmobiliario de Ourense. Claro que los plazos para tramitar un nuevo planeamiento urbanístico son otra cuestión que también habría que corregir en una época en que toda la información está digitalizada. Basta con presionar un botón y aparece el mapa, fotos de satélite, información catastral, etc., entonces ¿por qué se necesitan años para aprobar un planeamiento urbanístico municipal? Este retraso genera millones de pérdidas y perjudica al empleo. 
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El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha anulado la Ordenación Provisional Urbanística del Concello de Ourense, que afecta a treinta ámbitos de actuación: 15 de iniciativa pública y otros tantos de carácter privado. Las sentencias de la Sala Contencioso Administrativo del Alto Tribunal gallego, contra las que caben recurso ante el Supremo, sostienen en los fundamentos jurídicos para su anulación que no hubo exposición al público por parte de la Xunta en la ordenación que aprobó el 29 de septiembre de 2011. Esto supone que está en vigor el planeamiento urbanístico de 1986.

El concejal de Urbanismo, José Cudeiro, reconoce que "no sorprende la anulación", para confirmar que la estrategia a seguir pasa por la presentación del recurso de casación. "Primero tendremos que estudiar con los técnicos municipales; tanto del área de Urbanismo como de la asesoría jurídica, el contenido de esas sentencia", explica.

Según las previsiones que maneja el responsable del área de Urbanismo, una vez se presente el recurso de casación, la decisión del Tribunal Supremo en el sentido de admitirla a trámite o rechazarla, podría demorarse por un periodo de dos o tres meses. Y si lo admite a trámite, su resolución se prolongaría un año más, como mínimo.

El alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, ha confirmado que el Ayuntamiento estudia presentar un recurso de casación contra la resolución de la sentencia que tumba el planeamiento urbanístico provisional de la ciudad.

Vázquez ha pedido "corresponsabilidad" a los grupos de la oposición para agilizar la puesta en funcionamiento del nuevo Plan Urbanístico de la ciudad, todavía pendiente de aprobación.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal gallego da por válidas las razones de los afectados por la modificación de la normativa, que en algunos casos solicitaban la anulación parcial y en otros, la total. En este sentido, recoge que el trámite de información pública era «ineludible» y que, por tanto, «el defecto procedimental advertido en la aprobación del decreto autonómico impugnado tiene trascendencia sustancial y acarrea su nulidad radical o de pleno derecho». Dicha anulación afecta a una treintena de ámbitos, quince de iniciativa pública y otros tantos de carácter privado.

La corporación municipal tiene ya redactado un nuevo planeamiento, aunque sin apoyos suficientes para salir adelante. Los populares no han logrado convencer al resto de grupos de las modificaciones introducidas en el documento heredado del gobierno anterior. En todo caso, tal y como recordó Vázquez, «pasó el trámite inicial y cuenta con el beneplácito de diferentes organizaciones», como Patrimonio, Xunta de Galicia o la Confederación Hidrográfica Miño-Sil.