Las consecuencias de la ocupación ilegal suelen ser económicas pero también inciden muchas otras variables: sociales, culturales, de cohesión, físicas o estructurales. De este modo, la falta de estabilidad y seguridad en la vivienda pueden ser fuente de situaciones de estrés y ansiedad. Además, el acceso a servicios públicos es difícil ante la falta de un título habilitante y se incrementan el riesgo de exclusión social y la estigmatización de las personas ocupantes.

El estudio pone de relieve que las ocupaciones conflictivas, aunque solo suponen entre el 10 y el 25% del total, generan impactos en su entorno inmediato e incrementan factores como la inseguridad, el ruido, la actividad económica ilegal, el deterioro del entorno urbano y su mobiliario, el impacto sobre los comercios y negocios del entorno y la expulsión de los vecinos originarios.

Los municipios entrevistados coindicen en que existe un impacto económico negativo cuando aparecen ocupantes de carácter problemático, de entre 3.500 y 30.000 euros por vivienda. En el ámbito económico, se estima que la ocupación ilegal supone una pérdida de valor de los inmuebles ocupados de entre el 40 y el 60%.

Según Carlos Cabrera, director general del Institut Cerdà, “la ocupación ilegal, pese a haber sido una vía transitoria para el acceso a la vivienda en situaciones de emergencia social, no es la solución ni para la persona ni para la comunidad. Aunque la ocupación y sus soluciones son un fenómeno complejo, existe un amplio consenso en que la actual legislación no es efectiva y las posibles soluciones afectan a todos los agentes involucrados. Sin embargo, no existe el mismo consenso en cuáles son las causas ni las soluciones pero cualquier solución pasa por la concertación e implicación de todos los agentes”.

Esta es la primera vez que públicamente se pretende analizar los efectos y el alcance que el fenómeno de la ocupación ilegal tiene sobre las personas y ciudades. Los datos recopilados para el estudio han sido facilitados por ayuntamientos de Catalunya, la Comunidad de Madrid y otras zonas de España.

LA OCUPACIÓN DE VIVIENDA SOCIAL EN MADRID

Un total de 1.998 viviendas de la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid están ocupadas ilegalmente, lo que supone un 8,55 % de las 23.354 que configuran su parque urbanístico.

La cifra de las viviendas ocupadas ilegalmente a fecha de 10 de julio de 2018 figura en una respuesta del Gobierno regional a una pregunta escrita formulada por el diputado socialista en la Asamblea de Madrid Daniel Viondi.

El socialista ha recordado que en mayo la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid contaba con 533 casas vacías del total de 23.354, un 2,28 %.

Así, según ha señalado, el total de viviendas vacías y ocupadas ilegalmente asciende a 2.531, el 10,84 % del conjunto de casas con las que cuenta la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid.

Viondi ha indicado además que en la actualidad hay 7.400 "demandantes de especial necesidad" y otros 40.000 solicitantes de vivienda social en la región.

"Cuando miles familias especialmente necesitadas llevan años esperando una vivienda social de la Comunidad de Madrid, cuando más crecen los precios de alquiler en Madrid y la compra sigue siendo inaccesible, el gobierno regional tiene 2.500 viviendas vacías o ocupadas ilegalmente", ha declarado.

En su opinión, el hecho de que haya cerca de 2.000 viviendas sociales ocupadas ilegalmente es debido a la "ineficaz gestión" del Gobierno regional, que considera que está demostrando que no tiene "ninguna sensibilidad social". 

Viondi ha expuesto que del total del patrimonio Ivima que son 23.354 viviendas, a fecha de julio se encuentran 1.998 viviendas ocupadas ilegalmente (8,55%) y 533 están vacías (2,28%); mientras en la región "hay 7.400 demandantes de especial necesidad y de ellos 3.412 de espera para acceder a una vivienda y otros 40.000 solicitantes más".

En diciembre de 2007, los datos de vivienda ocupada recogen que en la Comunidad de Madrid hay 3.850, un 79 por ciento vinculado a actividades delictivas y un 21 por ciento por motivos económicos y sociales.

 IVIMA

“El grado de preocupación es grande”, admite a la SER la directora de la Agencia de Vivienda Social, Isabel Pinilla, “necesitamos la ayuda de la policía para detectar el tráfico ilegal de viviendas, que existe. Hay gente que está pendiente de que reparemos una vivienda para ocuparla inmediatamente, aunque tenga puerta antivandálica”.

La AVS admite la complejidad de la situación al que, por ahora, no le encuentran solución. Conscientes del problema, han denunciado ya ante la policía la ocupación de cada uno de esos 1.998 pisos de patrimonio público. Lo hacen porque detrás de todos ellos hay un importante nivel de conflictividad, “las ocupaciones se hacen con violencia, con máquinas radiales que rompen las puertas. Hay un tráfico ilegal de ocupación ilegal de viviendas”.

Ante esta situación, la Agencia de Vivienda Social ha mantenido seis reuniones con la Delegación del Gobierno. En la última visita, la Comunidad de Madrid entregó un mapa con las zonas de mayor conflictividad. La peor situación se vive ahora mismo “en las promociones del Ensanche de Vallecas”, pero también tienen problemas serios se ocupación ilegal “en Móstoles y Fuenlabrada”.

La directora de la AVS avanza que desde 2015, por ahora, han conseguido desalojar 70 pisos ocupados de forma ilegal - siempre previa orden judicial-. No en todos los casos las viviendas han sido ocupadas de forma vandálica. Desde 2016, han tramitado 1.627 expedientes de viviendas ocupadas por familias con problemas económicos. De todos ellos, la Agencia de Vivienda Social ha resuelto 1.261 y ha regularizado la situación de 588 familias.

Los otros 673 casos que no han sido regularizadas se debe a que no cumplían los requisitos “primero, tienen que demostrar que llevan ocupando la vivienda antes de enero de 2016, tienen que estar dispuestos a pagar un alquiler, por supuesto a dar de alta los suministros de agua, luz y gas. Otro requisito es que no pueden haber sido adjudicatarios de vivienda pública con anterioridad. Y por supuesto, que no sea una ocupación conflictiva”, señala Isabel Pinilla.

Esta opción es nueva. En 2015, el Gobierno madrileño, a través del entonces Consejero de Vivienda, Pedro Rollán, se reformó la Ley para que las personas que ocuparon alguna vivienda pública por su situación de vulnerabilidad pudiesen quedarse en el piso de forme legal.