| Es una medida
que busca ampliar el parque público de vivienda social y que está
prevista en la Ley catalana del Derecho a la Vivienda, de 2007, pero que
hasta la fecha nadie ha aplicado. El trámite se ratificará
en el pleno del Ayuntamiento. Pero faltará el sí definitivo
de la Generalitat, que hasta la fecha ha expresado recelos a cambiar las
reglas a los promotores privados. Las empresas, por su parte, han puesto
el grito en el cielo, asegurando que perderán dinero en los suelos
donde tenían la expectativa de levantar vivienda 100% libre.
Además
de las reservas para construir vivienda asequible, la comisión también
ha aprobado declarar la ciudad de Barcelona área de tanteo y retracto,
para que el ayuntamiento tenga derecho de compra preferente en algunos
solares o edificios. Una medida que busca también evitar operaciones
de compraventa especulativas que expulsen vecinos, operaciones en el mercado
negro y condiciones favorables para conseguir solares (y censar los vacíos)
o pisos para destinar a alquiler asequible.
La medida se
aplicará durante seis años e incluye edificios plurifamiliares,
propiedades verticales, terrenos sin edificar, edificios en mal estado,
viviendas sometidas al impuesto de viviendas vacías y vivienda protegida.
La normativa
que tramita el Ayuntamiento de Barcelona para obligar a los promotores
inmobiliarios a destinar el 30 % de una promoción nueva a vivienda
social ha provocado un crecimiento de las peticiones de licencias de obras
en Barcelona por parte de constructores y promotores con el fin de anticiparse
a esa normativa.
En una entrevista
concedida a Efe, el presidente de la Asociación de Promotores y
Constructores de Edificios de Cataluña (APCE), Lluís Marsà,
ha asegurado que "se están solicitando muchas licencias (en Barcelona)
por la problemática del 30 % de vivienda protegida".
"Esto se está
precipitando. Sabemos que se están presentando más proyectos
o anticipando la presentación de proyectos", ha asegurado Marsà,
que entiende que esta iniciativa municipal "va contra la ley catalana de
urbanismo y contra la ley estatal del suelo", por lo que APCE se reserva
emprender acciones legales si la normativa sale adelante.
El pasado mes
de julio el gobierno municipal logró superar el primer trámite
para obligar a los promotores de obra nueva residencial o grandes rehabilitaciones
a destinar el 30% de los pisos a vivienda social, aunque para salir adelante
necesita ahora ser aprobado definitivamente por el pleno del Ayuntamiento
y luego por la Comisión de Urbanismo de la Generalitat.
No obstante,
Marsà ha matizado que esta propuesta del equipo de gobierno municipal
no afecta en la práctica a toda la ciudad, ya que algunas zonas,
como la cercana a Glòries, La Marina del Prat Vermell o la Vila
Olímpica, entre otras, ya tenían su propia carga de vivienda
protegida, aunque sí a otras como el Eixample.
Por otra parte,
Marsà ha instado al Ayuntamiento de Barcelona a "tomar ejemplo"
de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y a "transformar algunas zonas
industriales bastante obsoletas en zonas residenciales".
"Tenemos que
preparar suelos para que, si hay demanda, podamos urbanizar y de esta forma
evitar las tensiones de precios", ha considerado Marsà.
Respecto al
precio de la vivienda nueva en Barcelona, Marsà ha comentado que
aún tiene margen al alza, porque los precios están "un 27
% por debajo de los máximos alcanzados" en pleno boom inmobiliario.
En cambio,
el alquiler sí ha recuperado los precios de aquella época,
ha añadido, aunque ha negado que exista una 'burbuja' en el precio
del alquiler.
En cuanto al
conjunto de Cataluña, "vamos tendiendo hacia una normalización"
del mercado inmobiliario, ha asegurado Lluís Marsà.
El diagnóstico
de APCE es que se ha recuperado la actividad en el área metropolitana
de Barcelona, en Girona y en algunas capitales de comarca, pero que aún
hay una parte del territorio catalán "descolgada de la recuperación".
APCE calcula
que en 2018 se habrán iniciado entre 14.000 y 15.000 viviendas nuevas
en Cataluña, frente a las 11.340 de 2017, pero Marsà cree
que para hablar de demanda "normal" en Cataluña se deberían
iniciar entre 24.000 y 25.000 viviendas al año, aunque desconoce
cuándo puede alcanzar este nivel Cataluña. EFE
ANTECEDENTES
29 DE JUNIO DE 2018
NOTICIA
ADAPTADA AL SISTEMA EDUCATIVO inmoley.com DE FORMACIÓN CONTINUA
PARA PROFESIONALES INMOBILIARIOS. ©
LOS PROMOTORES
CATALANES DUDAN SOBRE LA ESTRATEGIA EN BARCELONA
¿Qué
aprendo?
Se analiza
en la guía práctica inmoley.com de Promotor inmobiliario
Convertir
conocimiento en valor añadido > Herramienta práctica >Guías
prácticas
Los alumnos
deberán remitir a su tutor un análisis sobre la problemática
de pleitear con los ayuntamientos.
La Asociación
de Promotores de Catalunya (APCE) no acaba de dar respuesta al problema
que ha planteado el ayuntamiento de Barcelona para destinar a vivienda
protegida el 30% de las nuevas promociones en suelo consolidado. La indignación
es generalizada porque se teme que cunda el ejemplo en otras ciudades.
¿Qué hacer? Lo primero anticiparse a pedir licencia para
que no les pille, es lo que han hecho la mayoría. ¿Y el resto?
Hay dos soluciones, una es esperar un año a ver si en las nuevas
elecciones solucionan el problema por sí solo. Esta parece ser que
puede ser la solución en Madrid al problema del sudeste. Es la más
barata y evita enemistarse con quien tiene que darte las licencias, nos
dice un promotor. Otra solución es hacer de verdad lo que se anuncia
en la prensa, llevar a juicio a los ayuntamientos. Es solución supone
estancar el problema durante 10 años y el único que pierde
es el promotor. Así que en el caso de Barcelona, según fuentes
consultadas, van a dejar que pase un año presentando alegaciones
para que parezca que se quejan y dentro de un año, si nada cambia,
entonces irán a los tribunales.
Elena Massot,
consejera delegada de Vertix y vicepresidenta de la junta de la asociación,
ha reiterado este jueves en un debate en el Col•legi d'Arquitectes
de Catalunya sobre 'L'Habitage Protegit en Sòl Urbà Consolidat.
El Cas de Barcelona', que la asociación está en contra de
la propuesta del Ayuntamiento. "Y defendemos medidas alternativas", ha
comentado, aunque no ha concretado, antes de recordar que la capital
catalana tiene suelo para llevar a cabo 20.000 viviendas protegidas de
las que 7.000 cuentan con los requerimientos urbanísticos necesarios
para llevarse a cabo de forma inmediata.
Massot ha
reconocido que el valor de la vivienda es elevado en Barcelona pero "en
gran parte se debe a que la burocracia municipal con las licencias es larguísima
y costosa. Hay promotores que pueden hacer vivienda protegida y están
dispuestos a hacerlo", ha comentado. Para los empresarios del sector, la
propuesta del ayuntamiento barcelonés "no resolverá el problema
de la vivienda en la ciudad, si no que tendrá un efecto contrario,
ya que, por una parte, podría provocar una parálisis de la
actividad del sector, y por otra, añadir aún más
presión sobre los precios, debido al desequilibrio que esta medida
generará entre oferta y demanda".
La ofensiva
legal que están dispuestos a acometer los promotores, no impide
al Ayuntamiento barcelonés considerar que el respaldo jurídico
de la medida propuesta es total: "Estamos seguros de que habrán
muchas demandas contra la medida y que tendremos que batallar ante los
tribunales, pero acabará consolidándose", ha explicado en
esas mismas jornadas Javier Burón, gerente de Vivienda del Ayuntamiento
de Barcelona.
Según
Burón, la ley del derecho a la vivienda del 2007 ampara la decisión
municipal. También lo hacen actuaciones similares realizadas en
otros municipios españoles. En este sentido, ha recordado la experiencia
de Vitoria-Gastei, población que contaba con 125.000 habitantes
y gracias a una iniciativa similar, en la que se obligó a hacer
hasta un 80% de vivienda protegida, la ciudad duplicó su población.
Burón
ha recordado que la situación del mercado inmobiliario de Barcelona
es alarmante en este momento: solo una de cada 99 viviendas es protegida
y si se cuentan las ayudas, la cifra asciende a dos de cada 90, cuando
el Pla Territorial Sectorial de l'Habitatge de Catalunya exige llegar al
15% de vivienda social en 15 años. Y Todo ello cuando Barcelona
solo tiene capacidad para añadir 35.000 viviendas más. "Es
necesario afrontar el debate de la vivienda social", ha planteado Burón.
En este
mismo sentido se ha expresado Dolors Clavell, responsable de Clavell Consulting,
consultora que ha tenido participación en la elaboración
de la propuesta municipal, quien ha destacado que es imprescindible ir
más allá de "la política asistencial", que se dedica
a cubrir emergencias en los casos más acuciantes, y llevar a cabo
"cambios estructurales más propios de una política de vivienda
del siglo XXI".
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