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9 de agosto de 2018
 
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VÍDEO INMOBILIARIO. ENTREVISTA A LA SECRETARIA GENERAL DE VIVIENDA
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  • El nuevo gobierno quiere solucionar el problema del alquiler pero sin limitar las rentas (no funciona porque obligan a contratos accesorios de limpieza, trasteros, etc) ni aumentar la vivienda social en alquiler (porque las 20.000 viviendas anunciadas recuerdan al plan de Barcelona que se ha quedado en papel mojado al finalizar la legislatura municipal). El nuevo gobierno quiere retocar la LAU con soluciones que ya se han aplicado años atrás y que no han funcionado. Tampoco las actuales funcionan pero se pueden empeorar desanimando a los pocos propietarios de vivienda que se atreven a alquilar. Si de verdad se quiere solucionar el gravísimo problema del alquiler de vivienda en España tendrá que poner las luces largas, meterse en los zapatos de los arrendadores y hacer la mitad de la vivienda social que se hizo en España en las décadas de los 50 a los 70. 
Por su interés recogemos el vídeo entrevista de idealista/news a la nueva secretaría general de vivienda del Ministerio de Fomento.

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Helena Beunza acaba de llegar del gobierno valenciano a su nuevo puesto como secretaria general de Vivienda en el Ministerio de Fomento. Como a muchas otras personas que llegan a Madrid le toca buscar piso donde vivir. El nuevo cargo del PSOE responsable de la política de vivienda del Estado se ha decidido por el alquiler.

Profundizamos en las medidas ya anunciadas por el ministro José Luis Ábalos en materia de alquiler, un mercado cada vez más importante en el sector y para el Gobierno; la situación del parque de viviendas en España, sobre todo las casas vacías; la articulación de los planes urbanísticos o cómo se va a promover la futura VPO.

El actual Gobierno se quiere poner las pilas para actualizar el mercado de la vivienda en alquiler a la realidad actual. Una forma de vivir que cada vez eligen más ciudadanos ya sea por obligación o por convicción pero que hace falta regular de mejor manera.

El ministro José Luis Ábalos ya avanzó en el Congreso de los Diputados que este Gobierno se va a volcar con el mercado del alquiler de viviendas, con tres grandes paquetes de medidas:

Por un lado, una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) que se realizó en 2013 bajo el Gobierno del PP. “En esta modificación volveríamos otra vez a los contratos de cinco años y las prórrogas de tres años. Y, por otro lado, se modularía también el régimen de las fianzas”, resume Helena Beunza. “Por otro lado, se establecerán conceptos de manera genérica sobre las viviendas vacacionales y de alquiler turístico para determinar cuáles son estos ámbitos para que otras entidades competentes en la materia puedan entra a definir su régimen jurídico en cada Comunidad Autónoma”, concreta.

PLAN DE CHOQUE DE 20.000 VIVIENDAS PARA ALQUILER SOCIAL

El ministro de Fomento adelantó también la iniciativa del Gobierno de destinar 20.000 viviendas al mercado del alquiler con precios asequibles para jóvenes y familias de rentas bajas en aquellas zonas donde el precio de los alquileres se ha disparado. 

“Es un proyecto muy ambicioso que no solo abarca la parte normativa, sino fundamentalmente de gestión por parte del Estado, en coordinación con las CCAA y los ayuntamientos”, aclara la secretaria general. “Obviamente esta medida por sí sola no va a solucionar este problema. Estas 20.000 viviendas, que procederán tanto de obra nueva como de rehabilitaciones, no son suficientes, pero es una manera de empezar a trabajar con ayuntamientos y con CCAA para la verdadera creación de un parque público de viviendas en alquiler que puede ser gestionado tanto por lo público como por gestión público-privada”, aclara.

El tercer grupo de medidas que es muy importante destacar son las medidas encaminadas a mejorar la transparencia del mercado inmobiliario español. Sabemos que es necesario tener mayor acceso, por parte de todos, a los datos y más información no solo respecto a la vivienda sino también al suelo.

En materia de impuestos, trabajaremos con el IRPF y con el IBI

Para coordinar todas estas medidas, el Ministerio de Fomento va a un grupo de trabajo interministerial para definir las políticas tanto legislativas como fiscales que se van a aplicar en materia de vivienda. “Es pronto para hablar de medidas concretas. Se quiere que las medidas surjan también del debate del grupo de trabajo interministerial. En materia de impuestos, fundamentalmente trabajaremos con el IRPF y con el IBI, pero el Ministerio de Hacienda tendrá un papel protagonista respecto del paquete de medidas fiscales que vayamos a adoptar”.

El ministro Ábalos adelantó la mejora del régimen fiscal asociado a la vivienda, que por un lado irá a retomar la desgravación en el IRPF para el inquilino y en incentivos para que los propietarios saquen sus viviendas al mercado del alquiler. Aunque será su compañera María Jesús Montero, en Hacienda, la que implemente y decida qué medidas se van a tomar finalmente.

Por otro lado, las medias que se vayan a aplicar en materia de Impuesto de Bienes Inmuebles tendrán que incluirse en el Texto Refundido de la Ley de Reguladora de las Haciendas Locales, y ser los ayuntamientos las que deciden aplicarlas.

Lo que sí ha descartado el Gobierno es aplicar un límite a los precios del mercado del alquiler. “Hay que diferenciar la limitación de precios de alquiler de la limitación de los precios que se establecen como una mera indicación. Con esta diferenciación, este Gobierno a nivel estatal no tiene pensado entrar en estas cuestiones”, afirma la secretaria general de vivienda del Ministerio de Fomento.

Otro de los descartes, y que afirma que no se tenían ni planteado, es la imputación de la renta del alquiler a efectos del IRPF.

Ampliar la seguridad jurídica en el alquiler

El Gobierno no solo quiere actuar en materia fiscal, sino también en mejora de la seguridad jurídica del sistema de arrendamiento para que los pequeños propietarios tengan garantías y les compense poner su vivienda en alquiler.

“Hay que trabajar en la seguridad jurídica para el arrendador y para el arrendatario, para las dos partes”, afirma Helena Beunza. “Necesitamos políticas donde la vivienda sea como lo que es, un derecho fundamental. Nos hubiese gustado que la actual Ley de desahucio exprés contemplara mayores medidas para atender a aquellas familias que han ocupado porque tenían una necesidad de vivienda, porque hay que diferenciar esa ocupación de otro tipo de ocupaciones”.

Beunza ve un largo trabajo entre todas las administraciones para encontrar una solución habitacional para las familias en riesgo de exclusión social. “Hay que hacer un análisis de la familia y que haya una coordinación con los servicios sociales para atender a aquellas que sí que quieren entrar dentro de un sistema, que reúnen las condiciones para ser titulares de un contrato de arrendamiento de una vivienda pública”.

Del alquiler turístico a las viviendas vacías

Expertos inmobiliarios y cualquier ciudadano ofrecen día a día su opinión sobre las causas del incremento de los precios del alquiler. Se echa la culpa al aumento de los pisos turísticos, al alto número de viviendas vacías o a la llegada de la socimis al mercado residencial. La secretaria general analiza cada punto.

“Hay una multiplicidad de causas que se han juntado en un momento determinado y que han dado lugar a la situación en la que nos encontramos ahora. Es muy simplista considerar que solo el alquiler turístico ha sido el culpable del aumento de los alquileres. Sí que ha podido ser la causa principal en algunos lugares. Pero es un impacto muy determinado en unas zonas muy localizadas. Al igual que los incrementos del precio del alquiler. No podemos hablar de un aumento homogéneo en España, sino que hay grandísimas desigualdades en el incremento del precio del alquiler, según las zonas y según las ciudades”, aclara la política.

Ya hay autonomías que han creado registros tanto de demandantes como de viviendas vacías. “Sí que es cierto que existe mucha vivienda vacía en España. Toda vivienda vacía es demasiada vivienda vacía. Sin embargo, lo primero es saber exactamente cuánta vivienda vacía hay en España y trabajar conjuntamente con las CCAA. Es necesario mejorar los datos y la transparencia”, concreta Beunza.

Cómo encaja la VPO en el parque de viviendas

El Gobierno de Pedro Sánchez ha tenido poco margen de maniobra para actuar desde que tomó su cargo, pero además se ha encontrado con que muchas políticas y partidas ya estaban aprobadas, empezando por los Presupuestos Generales de 2018.

En materia de vivienda, el anterior ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, presentó el pasado marzo las líneas generales del Plan Estatal de Vivienda para el período 2018-2021. “No es nuestro plan, pero entendimos tras escuchar a las CCAA que la prioridad estaba en firmar los convenios para que las CCAA pudieran empezar a funcionar y a tramitar sus expedientes, fundamentalmente para las convocatorias de ayudas de alquiler, que es aquello que necesitaba más urgencia”, asevera Beunza.

Pero algo que sí critica la secretaria general sobre el plan actual y que avanzó que el Ejecutivo del PSOE empezará a trabajar es sobre la Vivienda de Protección Oficial (VPO). “Una de las cuestiones que ha detectado este Gobierno es la necesidad de volver a repensar el concepto de Vivienda de Protección Oficial. Y todos aquellos suelos que ya están calificados en nuestro país para VPO. En el actual plan estatal de vivienda, la palabra VPO no aparece”.

El suelo no puede convertirse de nuevo en un elemento especulativo de este país

También puso énfasis en las políticas sobre el suelo finalista. “Debemos de coordinar los conceptos de la política del suelo con la política de vivienda, porque no solo para el alquiler sino fundamentalmente para la compraventa es necesario que todos ellos estén alineados. En España hay suelo finalista para construir. Otra cosa es que el suelo no esté dónde los que quieren promover desean que esté. Pero si que hay suelo en Madrid y hay suelo también en Barcelona. Una cuestión diferente es el precio de ese suelo. Y, ahí es donde debemos de reflexionar, porque que no podemos permitir que vuelva a ocurrir lo que ocurrió en nuestro país. El suelo no puede convertirse de nuevo en un elemento especulativo de este país “, destaca.

Y hablando del suelo, salió a relucir uno de los mayores dilemas del sector de la construcción e inmobiliario. La situación de los planeamientos urbanísticos en España. “Hay que tratar de flexibilizar y simplificar el sistema urbanístico español. El Estado, aunque no tenga competencia directa, tiene una voluntad clara de marcar un camino para acompañar a las CCAA en este proceso. No puede ser que tardemos ocho o 10 años en aprobar un plan general. Simplemente porque la realidad económica y social de una ciudad no es la misma cuando se aprueba un plan que cuando empezó a redactarse”.

El sector lleva denunciando la situación de judicialización de la construcción desde hace tiempo. “El problema no es solo la judicialización sino también la nulidad en cascada de los instrumentos de planeamiento. Ha generado un problema muy importante en nuestro país ya que, si se declara nulo un plan general por un defecto formal o por un defecto material, devienen nulos en cascada el resto de instrumentos de planeamiento”, aclara la secretaria general.

Este ministerio toma el trabajo del Ejecutivo anterior para articular un instrumento normativo para ganar en seguridad jurídica y los instrumentos de planeamiento.

La secretaria general de vivienda aún ve mucho trabajo por delante para llegar a ver una verdadera política de Estado en vivienda. “Hay tanto que hacer en el ámbito estatal de la vivienda que hay que empezar la casa por los cimientos, y los cimientos en España en materia de política de vivienda todavía no están construido a nivel de Estado”, concluye.
 

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