La Ley del Suelo está pendiente de un recurso presentado por Podemos ante el Tribunal Constitucional. Este grupo político considera que la nueva legislación “vulnera diversas leyes estatales de mayor rango jerárquico”. Es la formación más crítica con el contenido de la norma, por entender además que “tiene un espíritu especulativo”. El Gobierno de Canarias logró, sin embargo, que el propio Estado no presentará también un recurso de inconstitucionalidad, tras realizar algunas modificaciones propuestas en el seno de la Comisión Bilateral Canarias-Estado. La aplicación de la ley, por su grado de complejidad y algunas excepcionalidades muy cuestionadas, podrían ser objeto de diversos recursos, a menos que los reglamentos aclaren de forma significativa su interpretación. 

El Gobierno sostiene que la Ley del Suelo no ocupará más suelo turístico del ya consolidado. La consejera de Política Territorial, Nieves Lady Barreto, lo resumió en una pregunta: “¿Para qué liberalizar más suelo si hay 54 millones de suelo urbanizables
 

EDITORIAL DEL PERIÓDICO LA PROVINCIA DIARIO DE LAS PALMAS
 
Las expectativas de la Ley del Suelo, un año después
 
El próximo 1 de septiembre se cumple un año de la entrada en vigor de la nueva Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, impulsada por el Gobierno de Coalición Canaria, cuando aún gobernaba el partido socialista, como una de las medidas estrellas de la legislatura. Tanto el presidente Fernando Clavijo como el resto de miembros del Gobierno han insistido en diferentes foros en crear en torno a la nueva ley expectativas muy elevadas sobre su capacidad para "activar Canarias". De hecho, entró en vigor con el objetivo de simplificar la burocracia, desbloquear inversiones y generar, en consecuencia, "hasta 15.000 empleos". Y la intención de llegar aún más lejos, realizando "una verdadera reforma de la economía canaria y abriendo un nuevo ciclo", en palabras del propio Fernando Clavijo.

Como todas las normas que tienen que ver con la ordenación del territorio en Canarias, el anteproyecto de ley llegó al Parlamento en medio de una significativa polémica entre sus defensores y sus detractores. Finalmente fue aprobada por los 33 votos de la nueva mayoría creada tras la ruptura del pacto (CC, PP y la Agrupación Socialista Gomera) y el rechazo de los diputados de los restantes grupos parlamentarios (PSOE, Nueva Canarias y Podemos). También la sociedad se dividió entre quienes entendían que su aprobación era prioritaria para reactivar la economía, con el especial beneplácito del sector empresarial; y quienes sostenían (y sostienen) que la nueva Ley del Suelo va a significar la liberalización de usos sobre el territorio, con los riesgos de abrir otro periodo de ocupación desmedida. El nivel de contestación llegó al punto de unir a diversas organizaciones ecologistas, sindicatos y cargos públicos en una Plataforma contra la Ley del Suelo, que realizó diversas movilizaciones para intentar paralizar la norma durante su tramitación.

Sorprende por ello la escasa reacción que se ha producido a lo largo de este primer año de aplicación de la nueva legislación canaria sobre el suelo, pese a que tanto quienes están a favor como quienes se oponen a ella coinciden en destacar su relevante papel en el futuro desarrollo de las Islas. La explicación no es otra que el hecho de que su aplicación en realidad apenas se ha producido, entre otras razones por las demoras en la aprobación de los cincos reglamentos que la desarrollan. La necesidad de hilar fino por parte del Gobierno de Canarias, para conciliar crecimiento y sostenibilidad y evitar una litigiosidad previsiblemente elevada, y las dificultades que conlleva dotar a ayuntamientos y cabildos de las herramientas, recursos y personal adecuado para asumir las nuevas competencias que la ley les delega, explican en gran medida esta ralentización en su ejecución. Tan solo tres de los siete cabildos y escasísimos ayuntamientos, entre ellos Las Palmas de Gran Canaria, han sido capaces de poner en marcha sus correspondientes comisiones de valoración ambiental.

Las principales novedades de la norma se refieren, precisamente, a una modificación significativa del sistema de control ambiental y la derivación del peso de la gestión del territorio a manos de las corporaciones locales. Pero varios expertos han mostrado sus dudas respecto a su capacidad simplificadora y revolucionaria para la economía canaria. Algunos de los propios redactores del anteproyecto reconocían recientemente que no está asegurado que la Ley del Suelo logre simplificar la maraña legislativa, creada durante décadas de reformas y contrarreformas llevadas a cabo por conservacionistas o desarrollistas. Ya lo intentó la anterior Ley de Simplificación y Armonización, siendo sustituida antes siquiera de que se llegaran a desarrollar sus reglamentos.

De momento, las inversiones que se han llevado a cabo en el último año, sobre todo en el sector turístico, no han estado impulsadas por la nueva legislación, sino precisamente por instrumentos anteriores ahora integrados en ella (algunos de los Planes de Modernización y Mejora que no han sido paralizados por los tribunales) o por haber sido aprobados, salvando las limitaciones de la ley turística, en el seno del Comité de Inversiones Estratégicas.

La Ley del Suelo está, por otro lado, aún pendiente del recurso presentado por Podemos ante el Tribunal Constitucional. De todo ello cabe deducir que la medida estrella del Gobierno de Fernando Clavijo no estará en realidad operativa hasta final de septiembre o principios de octubre, cuando se aprueben los reglamentos que la desarrollen. Y que, dada la ralentización con que la mayoría de ayuntamientos y cabildos se están dotando de sus futuros equipos de gestión, sus efectos no se verán hasta la siguiente legislatura. Será entonces cuando se podrá realizar una valoración real sobre el alcance de una norma nacida con vocación de refundir en un solo texto legislativo un cúmulo de leyes que, más que ordenar, han terminado por trabar el uso del suelo en la comunidad canaria.