El pleno del
AMB aprobó en abril un plan de vivienda entre 2016 y 2019. El documento
prevé crear un observatorio metropolitano de la vivienda, trabajar
con el Impsòl (Instituto Metropolitano de Promoción del Suelo
y Gestión Patrimonial), rehabilitación y constituir la empresa
mixta.
El objetivo
de ello es “aglutinar, bajo una misma estructura, la mayor parte de las
promociones que se quieren destinar a vivienda asequible, ya sea de régimen
de venta o de alquiler”, según el mismo texto. La sociedad será
en un inicio totalmente pública, después se ampliará
capital y un socio privado adquirirá el 50% de la compañía
mediante un concurso.
La consulta
preliminar tiene el fin de completar el diseño del nuevo operador,
así como de recibir de las empresas privadas que estén activas
en el mercado sus aportaciones para el inminente proceso de selección.
Así, ésta será abierta a todas aquellas personas físicas
y jurídicas interesadas en presentar sus propuestas alternativas
de mejora.
El contenido
de la consulta recogerá las opiniones del sector sobre el modelo
de gestión y el plan de inversiones entre otros aspectos, tanto
desde el punto de vista económico, mercantil, contractual y jurídico.
El plazo de
presentación de consultas estará abierto hasta el 28 de septiembre
a las dos de la tarde.
EL SOCIO INMOBILIARIO
El Ayuntamiento
de Barcelona y AMB buscan un socio para poder cumplir sus previsiones en
cuanto a vivienda asequible. Ambos organismos han puesto en marcha la búsqueda
de un socio privado para el nuevo operador metropolitano de vivienda de
alquiler público, que está participado por ambas instituciones
a partes iguales y pasarían a tener el 25 % cada una de ellas. El
socio, que crearía una ‘joint venture’ con los organismos públicos,
deberá aportar entre 75 millones de euros y 85 millones de euros
en cuatro fases, tal y como han explicado a idealista/news fuentes de Área
Metropolitana de Barcelona.
El objetivo
de este concurso es configurar una nueva empresa público-privada
para promocionar, construir y gestionar un parque de viviendas de alquiler
asequible en la ciudad de Barcelona y su ámbito metropolitano. Este
plan contempla el desarrollo de 4.500 viviendas de protección oficial.
“El montante
definitivo que aportaran el ente público y el socio privado se decidirá
después de la consulta, sin embargo, se ha hecho un escalado preliminar,
por fases”, explican desde AMB. En la primera fase, correspondiente al
momento de selección del socio privado, se levantará el primer
tramo (600 viviendas) y la sociedad público-privada aportará
entre 20 millones de euros y 25 millones de euros.
En una segunda
fase, que será el año tres del proyecto, se llegará
al tramo de las 1.500 viviendas, con una inversión total de entre
30 millones de euros y 35 millones de euros. En el año cuatro, el
parque de viviendas será de 3.000 viviendas tras recibir una nueva
ampliación de capital de entre 50 millones de euros y 55 millones
de euros.
Por último,
el plan de esta aventura empresarial entre el ente privado y el público
finalizará de aquí a siete años, cuando el parque
sea de 4.500 viviendas asequibles nuevas en Barcelona. En esta última
fase, el capital que se destinará a la causa será de 55 millones
de euros más, completando así la inversión total de
170 millones de euros.
El inversor
privado que le cuadren los plazos y los números deberá aportar
una serie de características a este negocio. “El socio o socios
privados deberán aportar experiencia y ‘know how’ en la promoción
y gestión de viviendas en régimen de alquiler asequible”,
explican desde el ayuntamiento barcelonés.
Por otro lado,
la gestión de la sociedad mixta será realizada por el socio
privado profesional, “sin perjuicio de la intervención de los socios
públicos en los órganos de la mercantil”. “Esta contribución
del socio profesional se efectuará bien mediante un contrato de
prestación de servicios con la sociedad mixta, o bien mediante prestaciones
accesorias remuneradas, que no integrarán el capital social”, añaden.
Por último,
el socio privado se comprometerá a asumir una permanencia del capital
de cinco años, sujeto a mejora por parte del socio privado en el
proceso de licitación pública. Además, deberá
tener “robustez financiera, experiencia contrastada, ‘expertise’ en la
gestión inmobiliaria patrimonial, experiencia en vivienda social,
cooperativa o ‘limited-profis’ y una sólida red de proveedores de
calidad contrastada”.
Y ¿qué
ganará el socio privado?
Según
explican desde el Ayuntamiento de Barcelona y AMB, la inversión
del socio privado será recuperable a largo plazo. “Por una parte
cobrará dividendos a partir del rendimiento del capital (entre el
3% y el 4%, pero garantizado por la administración), además
también cobrará un ‘fee’ por promoción construida
y otro ‘fee’ por la gestión de patrimonio en renta. Los porcentajes
aún están por determinar”, señalan.
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