| El titular
de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha afirmado que el texto
persigue tres objetivos: la simplificación y agilización
de los trámites administrativos, el desarrollo económico
de la comunidad autónoma, de la mano de la sostenibilidad "como
garantía de un progreso firme y duradero". Entre las principales
novedades que incorpora el texto, ha destacado la fusión de los
trámites ambientales y urbanísticos en la regulación
del procedimiento para la aprobación de los instrumentos de planeamiento,
"lo que ha permitido eliminar trámites, como el de ratificación
de informes". Otra medida, que puede contribuir a la eliminación
de trabas burocráticas; una de las tradicionales demandas del sector,
es la división del actual PGOU en dos instrumentos: el Plan de Ordenación
Estructural y el Plan de Ordenación Urbana.
El consejero
también se ha referido a la creación del Plan Básico
de Ordenación Urbana, un instrumento pensado para los municipios
menores de 5.000 habitantes que no están enclavados en un entorno
metropolitano ni en el litoral. "Hasta este momento, estos municipios tienen
que aprobar un documento con las mismas determinaciones y siguiendo el
mismo procedimiento que grandes ciudades, como Sevilla y Málaga.
En la Consejería hemos entendido que no es justo prestar el mismo
tratamiento a todos los municipios, sino que debemos legislar pensando
en la heterogeneidad de la planta municipal de Andalucía", ha indicado.
Asimismo, el titular de Medio Ambiente ha destacado que el régimen
transitorio de la nueva Ley es respetuoso con los planes ya aprobados y
los que se encuentran en tramitación. "Los planes ya aprobados mantienen
su vigencia y ejecutividad, y aquellos que se encuentren en tramitación
podrán continuar según la regulación actual, siempre
que su aprobación se produzca antes de tres años tras la
entrada en vigor de la nueva Ley", ha informado. Entre otras cuestiones,
también ha abordado los cambios que se incorporan en lo relativo
la iniciativa y el procedimiento para la delimitación de los ámbitos
de transformación urbanística, cómo se aborda la vivienda
protegida, o el silencio positivo para los proyectos de urbanización
y reparcelación, y también para las licencias en consonancia
con la legislación estatal.
Entre las principales
novedades que incorpora el texto, ha destacado la fusión de los
trámites ambientales y urbanísticos en la regulación
del procedimiento para la aprobación de los instrumentos de planeamiento,
“lo que ha permitido eliminar trámites, como el de ratificación
de informes”. Otra medida, que puede contribuir a la eliminación
de trabas burocráticas; una de las tradicionales demandas del sector,
es la división del actual PGOU en dos instrumentos: el Plan de Ordenación
Estructural y el Plan de Ordenación Urbana.
El consejero
también se ha referido a la creación del Plan Básico
de Ordenación Urbana, un instrumento pensado para los municipios
menores de 5.000 habitantes que no están enclavados en un entorno
metropolitano ni en el litoral. “Hasta este momento, estos municipios tienen
que aprobar un documento con las mismas determinaciones y siguiendo el
mismo procedimiento que grandes ciudades, como Sevilla y Málaga.
En la Consejería hemos entendido que no es justo prestar el mismo
tratamiento a todos los municipios, sino que debemos legislar pensando
en la heterogeneidad de la planta municipal de Andalucía”, ha indicado.
Asimismo, el
titular de Medio Ambiente ha destacado que el régimen transitorio
de la nueva Ley es respetuoso con los planes ya aprobados y los que se
encuentran en tramitación. “Los planes ya aprobados mantienen su
vigencia y ejecutividad, y aquellos que se encuentren en tramitación
podrán continuar según la regulación actual, siempre
que su aprobación se produzca antes de tres años tras la
entrada en vigor de la nueva Ley”, ha informado. Entre otras cuestiones,
también ha abordado los cambios que se incorporan en lo relativo
la iniciativa y el procedimiento para la delimitación de los ámbitos
de transformación urbanística, cómo se aborda la vivienda
protegida, o el silencio positivo para los proyectos de urbanización
y reparcelación, y también para las licencias en consonancia
con la legislación estatal.
El consejero
ha reconocido la colaboración y la lealtad institucional que durante
toda la tramitación de la futura Ley han mostrado la CEA y Fadeco.
Asimismo, ha subrayado que “es un texto normativo que constituye uno de
los principales proyectos de legislatura de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio, pero también es un
proyecto prioritario para el Gobierno andaluz, por su interés, su
calado social, y su proyección de futuro”.
Sobre el estado
de tramitación del texto, José Fiscal ha explicado que, tras
el período de consulta pública, el documento se encuentra
en estos momentos en la Secretaría General Técnica de la
Consejería y posteriormente tendrá que pasar por el gabinete
jurídico de la Junta de Andalucía, por el Consejo Económico
y Social y por el Consejo Consultivo para, finalmente, llegar de nuevo
al Consejo de Gobierno, que lo remitirá al Parlamento.
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