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NOTICIAS
DE LA CONSTRUCCIÓN, URBANISMO E INMOBILIARIO. |
5 de junio de 2018
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ADAPTADA AL SISTEMA EDUCATIVO inmoley.com DE FORMACIÓN CONTINUA
PARA PROFESIONALES INMOBILIARIOS. © |
| SUBASTAS INMOBILIARIAS EN CATALUÑA |
| ¿Qué
aprendo?
Convertir conocimiento
en valor añadido > Herramienta práctica >Guías
prácticas |
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Los alumnos
deberán remitir a su tutor un análisis sobre las precauciones
en las subastas inmobiliarias
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| Fira 2000,
la empresa instrumental de fira de Barcelona 50% participada por el Govern
catalán, ha abierto un proceso de subasta pública para vender
varios activos residenciales en Barcelona. Subastará 16 viviendas
y tres casas unifamiliares. El importe mínimo de licitación
en la primera subasta se ha situado en los 7,76 millones de euros. En caso
de no conseguir comprador, se rebajaría a 6,21 millones de euros.
Se trata de 16 pisos, dos locales comerciales y 23 plazas de garaje situadas
entre los números 15 y 25 de la calle Ciències de Barcelona.
El lote también incluye tres casas unifamiliares de las calles Hanna
Arendt y Minerva Maric. La fecha límite para la presentación
de ofertas es el 9 de julio y la venta al mejor postor tendrá lugar
diez días después, el 19 de julio. |
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| Con estas
subastas, la compañía podría liquidar la deuda que
aún arrastra de cuando se construyó el recinto de Gran Vía,
que costó 900 millones de euros. En los últimos nueve años,
las administraciones que participan en el capital de la sociedad han ejecutado
sucesivas ampliaciones de capital que rondan los 20 millones de euros anuales
para sufragar esta deuda.
Fira 2000 también
ha sacado a la venta un solar en la calle Mileva Maric y un lote de dos
aparcamientos en la calle Salvador Espriu, inmuebles que enajenará
mediante subasta pública al alza por 549.000 euros y 26.000 euros,
respectivamente, según Expansión. En total, los tres procedimientos
que se han licitado suman 8,3 millones de euros. El objetivo de Fira 2000
es rentabilizar estos activos no relacionados con la actividad ferial y
destinar los recursos que obtenga a reducir el volumen de aportaciones
periódicas que deben realizar los accionistas de la empresa, participada
por la Generalitat (tiene más del 50% del capital), los ayuntamientos
de Barcelona y L’Hospitalet, la Diputación y el Àrea Metropolitana
de Barcelona (AMB).
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