La empresa,
cuyo valor en Bolsa actual supera 24.000 millones de euros, aprobó
el plan estratégico el pasado 24 de mayo con el visto bueno de sus
accionistas. Entre los puntos más relevantes de este plan está
el desarrollo inmobiliario de los terrenos de la empresa y su proyección
internacional.
En el entorno
del Adolfo Suárez Madrid Barajas está prevista una inversión
público-privada de 2.997 millones de euros que contempla el desarrollo
de 2,68 millones de metros cuadrados de edificabilidad en 40 años.
El grueso de los terrenos irá destinado a desarrollar el mayor centro
logístico de España en las proximidades del Corredor del
Henares, una de las principales áreas logísticas de España.
Amazon figura entre las empresas interesadas.
TEMAS PENDIENTES
DEL MINISTERIO DE FOMENTO
El plan estratégico
del gestor aeroportuario 2018-21,el mayor contrato de compra de trenes
de Cercanías de Renfe por más de 1.500 millones de euros
y la reprivatización de las autopistas de peaje rescatadas.
El consejo
del gestor aeroportuario aprobó el pasado 28 de mayo el Plan Estratégico
para el periodo 2018-2021, que incluye un programa de expansión
internacional y, un plan de pago de dividendos (el 80% del beneficio) que
asegurararía unos ingresos mínimos de 500 millones anuales
para el Estado en los próximos tres años.
Se quedan en
fase de estudio los desarrollos inmobiliarios de Madrid-Barajas y Barcelona-El
Prat.
Renfe ha dejado
en suspenso el concurso público para la compra de nuevas locomotoras
y trenes por una inversión de 1.500 millones de euros durante este
año y 2019.
Se trata de
la primera fase del plan de compra de nuevos trenes que la compañía
ferroviaria presentó, pero que no ha pasado aún por el consejo
de administración, aunque ya estaban preparados los pliegos.
AUTOPISTAS
DE PEAJE RESCATADAS
El Gobierno
tiene pendiente volver a licitar las nueve autopistas de peaje quebradas
que ha rescatado, y cuyo concurso estaba previsto para la segunda mitad
de este año. El Ministerio de Fomento, a través de la empresa
pública Seittsa, ya ha asumido asumiendo la gestión y explotación
de ocho de las autopistas de peaje, quedando pendiente solo la AP-41 de
Toledo.
El Ejecutivo
saliente estimaba que recibiría 1.000 millones de euros con la relicitación
de las autopistas, para volver a ceder su explotación a empresas
privadas, según consta en la última actualización
del Plan de Estabilidad enviado a Bruselas a comienzos del mes de mayo.
La responsabilidad
patrimonial de la administración (RPA), la compensación que
el Estado debe abonar a cada una de las concesionarias por las inversiones
que realizaron en construir esas autopistas, implica un riesgo estimado
de 1.800 millones de euros como mínimo por indemnizaciones a pagar
por el estado.
Tanto el grupo
socialista por los grupos independentistas se han mostrado en contra de
este proyecto.
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