Las siete
parcelas -que saldrán a concurso público y que se espera
que puedan marcar el camino a los ayuntamientos para que hagan lo propio
con su suelo-, están ubicadas en Gandia, Alzira, Torrent, Alicante,
Alcoi, San Juan y Torrevieja. La previsión es que puedan construirse
unas 180 viviendas protegidas. Para optar a ellas, la cooperativa tendrá
que tener al menos un 50% de socios que pertenezcan a colectivos preferentes:
víctimas de violencia de género, mayores de 60 años,
menores de 35 años, con menores a su cargo... Además, deberán
destinar la vivienda a domicilio habitual y permanente y disponer de una
renta no superior a 4,5 veces el IPREM (unos 33.000 euros anuales). La
vivienda no se podrá enajenar pero sí heredar hasta el total
de los 75 años de cesión. Preguntada Beunza por las dificultades
de acceso a la financiación bancaria por parte de las cooperativas,
se mostró confiada en que esto no será un problema.
Tanto ella
como Boira aseguraron haber trabajado la propuesta con distintas entidades
bancarias. En todo caso, habrá que poner un depósito de seis
meses «para que la cooperativa tenga margen de maniobra si algún
socio no pudiese hacer frente a las cuotas». «Es una garantía
para las personas y blinda a la cooperativa», insistió Beunza.
Por otro lado, la responsable de EVha -que tiene en propiedad casi 1.100
viviendas protegidas en alquiler y cerca de 300 vacías en venta
o en alquiler- destacó que ya se ha logrado alcanzar una ocupación
del 73% de las VPO en alquiler. De hecho, el próximo 26 de junio
se abrirá el plazo de presentación de solicitudes para acceder
a más de 120 viviendas de protección oficial que estaban
en venta o alquiler con opción a compra, y que ahora pasan a alquiler
asequible.
EL 'COHOUSING'
Esta es la
denominación para esta fórmula para ceder suelo público
a las cooperativas sin ánimo de lucro con el objetivo de construir
viviendas en régimen de alquiler es la última iniciativa
puesta en marcha por la Generalitat, a través de la Conselleria
de Obras Públicas, para reactivar el mercado inmobiliario.
En Europa es
una fórmula habitual en las políticas de vivienda y en España
ya se ha aplicado en Barcelona, mientras que Zaragoza la puso en marcha
hace un par de semanas. «Introduce instrumentos para ayudar en el
problema del alquiler a determinados grupos, como el de los jóvenes»,
indicó Boira al tiempo que resaltó el papel «fundamental»
del cooperativismo en la Comunitat y que mediante el 'cohousing' se recurre
a la colaboración público-privada sin perder patrimonio público.
En el caso
de la ciudad de Valencia, la directora general del EVha, Helena Beunza,
explicó que los suelos públicos «no encajan»
porque el 'cohousing' está pensado para un mínimo de 12 viviendas
o un máximo de 40. Es decir, que los edificios de Sociópolis
serían muy grandes y los solares de Ciutat Vella «muy pequeños».
Abrió la puerta a aplicarlo en el Cabanyal, aunque aquí los
terrenos son de la Sociedad Plan Cabanyal.
Respecto a
Sociópolis, Beunza apuntó que la conselleria se plantea aplicar
este modelo pero bien para el tercer sector (fundaciones) o para los promotores
en función de la valoración que se realiza actualmente por
parte de los técnicos.
Por otro lado,
se anunció que el próximo martes saldrán 120 viviendas
de protección oficial a alquiler tras modificar su régimen,
pues estaban en venta. De los pisos ofertados: 20 están en la provincia
de Alicante, 84 en la de Valencia y 18 en la de Castellón.
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